Los juzgados se han protegido contra las colas del hambre. La decisión de muchos de los jueces de celebrar las vistas y comparecencias de manera telemática oculta en cierto modo la crisis provocada por la pandemia, que no solo se manifiesta en las ONG o el SEPE sino también en los tribunales. Así lo reconoce la titular del Juzgado de lo Mercantil de Segovia, la magistrada Cecilia Fernández Prieto, quien tilda de «barbaridad» la cifra de concursos de acreedores que han recibido sin que haya finalizado aún el primer trimestre del año.

Y es solo el preludio de lo que está por venir. En la actualidad no se pueden presentar concursos de acreedores necesarios, es decir, que el acreedor no puede instar el concurso de una empresa para reclamar la deuda mientras dure el estado de alarma. Sólo pueden presentarse los obligatorios, aquellos que presenta la propia empresa. Pero pese al nombre ahora mismo tampoco es obligatorio presentarlos. No hacerlo no conlleva ninguna consecuencia y no puede ser declarado concurso culpable. Sin embargo, la actividad en el Juzgado de lo Mercantil está siendo intensa. Desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo había registrado once ‘suspensiones de pagos’. «Se detecta un incremento de los concursos de personas físicas en los que se solicita la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, piden ser liberados del pago de la deuda contraída», llama la atención la magistrada Fernández Prieto.

En este caso, tres correspondían a empresas y ocho a personas físicas; la mayoría autónomos que avalaron con préstamos personales sus negocios o por personas físicas que solicitaron créditos al consumo para pagar deudas. Esta circunstancia sobrevenida previsiblemente por la crisis económica desatada el último año ha agravado un problema endémico que padece el Juzgado de lo Mercantil de Segovia. «No es un juzgado específico», remarca su titular; «es uno de los pocos de España que, además de Mercantil, lleva Instancia e Instrucción, lo que hace que tenga una situación complicada ‘per se’ porque se encarga de Civil, Mercantil, Penal y Concursal».

Se disparan los concursos de acreedores personales

El final de las limitaciones a la presentación de concursos de acreedores necesarios y del trato de favor a los obligatorios acentuará todavía más esa coyuntura. «El Juzgado está integrado por una jueza, un letrado de la Administración de Justicia y ocho funcionarios (dos gestores, cuatro tramitadores y dos agentes). El hecho de que los funcionarios no tengan formación específica en materia concursal también lastra la actividad del juzgado», argumenta Fernández Prieto.

COMPARACIÓN. El confinamiento y la atípica realidad configurada por el coronavirus complica la comparación de la actividad de los juzgados en los últimos años con la registrada a lo largo de todo 2020, hecha pública hace unos días por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, el número de asuntos que ingresó en el Juzgado de lo Mercantil (100) fue muy similar al de 2018 (108) y al de 2017 (103). En el caso del Juzgado de lo Social –también único en Segovia, no hay otro–, la cifra (920) rebasó incluso la de los cuatro ejercicios anteriores pese a que durante tres meses se paralizó la actividad judicial.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, no tardó en dar la voz de alarma en torno al juzgado encargado de resolver sobre despidos y otros conflictos laborales. En mayo advirtió de una disfunción «estructural, no coyuntural», que podía desembocar en un colapso absoluto por las consecuencias de la pandemia. La sobrecarga de un veinte por ciento respecto a las recomendaciones del CGPJ que soportaba entonces el Juzgado de lo Social de Segovia –pendiente de señalar más de 600 juicios– no se ha disparado gracias a los ERTE, que de momento constituyen un dique de contención de los despidos masivos. Además, el tribunal que preside Carolina Otero Bravo recibió por fin el refuerzo que demandaba Concepción.

La semana pasada se confirmó que cuatro jueces se incorporarán a los Juzgados de lo Social de Burgos, León, Salamanca y Valladolid dentro de la segunda fase del plan de actuación aprobado en marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias para hacer frente a la incidencia del coronavirus en la Administración de Justicia. Cuatro jueces de los llamados Equipos de Asignación Dinámica previstos para Castilla y León, a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia y de su Secretaría de Gobierno.

Mucho más desapercibido pasó en octubre el empujón que recibió el Juzgado de lo Social de Segovia, que desde ese momento cuenta con una jueza de adscripción territorial y dos funcionarios de refuerzo. «[Las dos juezas] no se reparten el trabajo por igual porque no hay dos oficinas, pero la jueza de refuerzo celebra juicios del ámbito de lo Social durante un día a la semana y los dos funcionarios interinos sirven para que la oficina no se atasque. Con dos jueces y el mismo personal se atascaría», explica el juez decano de Segovia, Jesús Martínez Puras.

El año lo ha empezado con 907 asuntos en trámite –308 más que al comienzo de 2020– y la perspectiva de que lo más duro está todavía por venir, a la espera de si hay nuevas prórrogas de los ERTE o no y de si las empresas resisten el envite. «Cualquier refuerzo se nota. Lo que pasa es que el volumen de entrada de asuntos es alto y no se puede dar una respuesta inmediata, pero el Juzgado de lo Social, con este refuerzo, puede ir haciendo frente a la avalancha de asuntos que ya hay y que se prevé que aumentará. Y si necesitara más ayuda se solicitaría a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León», concluye Martínez Puras.