Continuando con las protestas llevadas a cabo en las últimas semanas por parte de algunos colectivos específicos de agricultores y ganaderos, las organizaciones agrarias celebrarán en las próximas semanas movilizaciones con carácter general. Su principal demanda será un Plan de Choque con medidas que aseguren la posibilidad de seguir produciendo con, al menos, un ligero margen de beneficio y no a pérdidas, como está sucediendo hace tiempo en algunos sectores como el de la leche y que está prohibido en la Ley de la Cadena impulsada por el Gobierno.

El Ministerio de Agricultura no contemplaba en su hoja de ruta para esta semana esta petición de negociaciones sobre unas demandas que, en algunos puntos, podrían ser coincidentes con las planteadas por otros colectivos, como los transportistas. En este contexto, el departamento de Atocha se resistiría a tratar y ofrecer salidas en solitario a un problema que probablemente el Gobierno deberá abordar de forma global. A la espera de negociaciones sobre ese Plan, la primera decisión del Ministerio ha sido sondear el terreno y reunirse con dos de los sectores que venden más medios de producción al campo, como son los fabricantes de abonos y de piensos y que también han sido los protagonistas de las mayores subidas de los precios.

Llenar el depósito de gasóleo cuesta casi el doble que hace un año: ha pasado de 0,52 a 0,86 euros el litro; los precios de los abonos se han incrementado entre un 50% y hasta el 100% en los nitrogenados; el hierro ha duplicado los precios y los repuestos, cuando los encuentras, no tienen precio, señala Edu Ausín, un joven agricultor de secano burgalés. En el caso de los cerealistas, lo comido por servido. Los altos precios de este año en producciones como trigos, cebada, maíz o girasol, se los está tragando la tierra. Encender la luz en una granja o mantener equipos de frío cuesta dos veces más y los piensos se han encarecido en una media de casi el 30%, lo que supone que producir un litro de leche cuesta cuatro céntimos más, señala Charo Arredondo, ganadera cántabra de COAG.

De acuerdo con las cifras manejadas por las organizaciones agrarias, en los últimos meses se han registrado subidas medias de los piensos de un 26%, del 20% en las semillas, de un 80% en el gasóleo, casi un 300% la luz, más del 50% como media los fertilizantes, un 46% los plásticos o el 33% en el caso del agua. En este segmento, el gobierno hizo oídos sordos a la exigencia del Congreso contemplada en la Ley de Presupuestos de obligar a las eléctricas en 2021 a aceptar la posibilidad de que los regantes pudieran firmar dos contratos cada año con diferente término de potencia para hacer uso del más alto solo en los periodos de riego, lo que rebajaría un 20% la factura global a 500.000 regantes, según datos facilitados por la Federación de Comunidades de Regantes.

El sector agrario, con carácter general, se enfrenta a un problema de incremento de costes, pero sobre todo a la imposibilidad de repercutir los mismos en la venta de sus productos, a pesar de los contemplado en la Ley de la Cadena. Sigue dominando el más fuerte, lo que lleva a una situación en la que, en muchos casos, los pagos por producir superan ya los ingresos.

En 2010 los costes de producción en el sector agrario se situaban en 18.000 millones de euros frente a una Producción Final Agraria (PFA) de 40.000 millones de euros. En 2020, con una PFA de 52.000 millones, esos costes ascendían ya a 23.774 millones de euros, destacando los 12.500 millones de los piensos, 1.190 de semillas, 1.700 de energías por la luz y unos 3.000 millones de litros de gasóleo, 1.763 millones en abonos y otros 6.000 millones en otros conceptos como maquinaria, servicios, reparaciones, etc.

Hoy, consecuencia de las subidas registradas, los costes se habrían disparado hasta unos 32.000 millones y ya se acercan del 70% del valor de la Producción Final Agraria, según se desprende de los datos oficiales manejados por la Administración, frente al 45,7% que suponían en el ejercicio pasado y al 35% de hace varias décadas. La renta agraria estimada para 2020 fue de 29.000 millones de euros.