Las repercusiones de la principal medida anunciada hasta ahora dentro de la nueva Ley de Vivienda no serán tan acusadas en Segovia. Ni siquiera en comparación con provincias de similares características por número de habitantes, PIB o situación geográfica. La norma acordada por el PSOE con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, propone penalizar a los dueños de más de diez inmuebles, pero Segovia es la provincia de España que menos tiene, al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según los datos más recientes publicados por la Dirección General del Catastro.

Los llamados 'grandes propietarios' están en el punto de mira del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En caso de que sean personas jurídicas y tengan sus bienes en zonas tensionadas (aquellas en las que se ha producido un aumento sostenido del precio de los alquileres en los últimos años y los hogares sufren una mayor sobrecarga financiera para pagarlos), tendrán que aplicar topes a las mensualidades a las mensualidades que cobren. En Segovia hay 1.004 personas que poseen entre 11 y 25 inmuebles; 144 entre 26 y 50; y 97 más de 50.

«No cambiaremos las cosas de un día para otro, eso está claro, pero sentamos las bases para que la situación de la vivienda cambie y no sea imposible acceder a ella, sobre todo por parte de los más vulnerables. Establecemos una serie de medidas que no hacen totalmente inviable a los grandes fondos de inversión que inviertan en nuestro país (...) Sigue siendo atractivo. Ayer [por el pasado martes 5 de octubre] veíamos como esas grandes empresas que cotizan en Bolsa no tuvieron un impacto negativo con este anuncio», ha destacado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Sin embargo, enseguida han surgido las críticas.

El sector inmobiliario de Segovia no observa ningún aspecto positivo en la nueva norma, que aún tiene que pasar el trámite parlamentario. «Es una ley imposible de aplicar en los términos en los que está concebida», comienza el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Segovia, Miguel Tovar. Considera que incurre en un intervencionismo excesivo: «Es un sector que ha salido de una crisis tremenda y le pueden meter en otra. De momento la ley es de titular nada más porque no está desarrollada, pero intervenir en el mercado ya se ha hecho en Barcelona y lo que ha ocurrido es que han desaparecido el 40 por ciento de las viviendas de alquiler. Podría ocurrir lo mismo en el resto de España y eso es peligroso porque la construcción es uno de los motores de nuestra economía».

Entre las iniciativas que incluirá la futura ley figura también el bautizado como 'bono joven'. Quienes tengan entre 18 y 35 años y cuenten con ingresos inferiores a 23.725 euros podrán recibir 250 euros al mes durante un periodo máximo de dos años para pagar el alquiler. Los expertos desaconsejan que un tercio del sueldo se destine a la casa pero en toda Segovia, por ejemplo, solo se oferta en la actualidad un piso –según una información del Idealista– por menos de 375 euros, que es el tercio del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Para Soledad Sacristán, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Segovia, «las medidas que están anunciando son demasiado triunfalistas». «No recogen otras que nos parecem imprescindibles para garantizar el derecho a la vivienda», abunda. En su opinión «sí que garantizaba la reforma estructural que es necesaria «la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada. Una proposición de ley que registraron hace unos días en el Congreso de los Diputados la propia PAH y más de un centenar de organizaciones sociales, sindicales, juveniles y de pensionistas con el apoyo de Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias y BNG.

La dación en pago es uno de los aspectos que Sacristán echa en falta en la nueva ley: «Al igual que ocurre en otros países tiene que estar recogida por escrito». Tras años «viendo a sufrir a la gente», esta representante de la PAH en Segovia considera también que «no se debería producir ningún desahucio sin una alternativa habitacional porque se vulnera un derecho fundamental». «Tampoco se está hablando estos días de que los grandes tenedores ofrezcan un alquiler social por ley antes de que se produzca un desahucio tanto por impago del alquiler como de la hipoteca. Debería ser la Administración la que lo resolviese pero no tiene viviendas y, en cambio, los bancos han sido rescatados y tienen muchísimas casas vacías», añade.

Pero ni siquiera parece sencilla la aplicación de las medidas que todo apunta que sí que serán aprobadas. El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que llevará la Ley de Vivienda al Tribunal Constitucional y que las comunidades autónomas en las que gobierna su partido se declararán 'insumisas'. «Es una premisa preocupante», remarca la representante de la PAH. El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Segovia cree que es la consecuencia lógica de legislar sin consenso sobre unas competencias que están transferidas a las regiones. «En vez de dar facilidades para la creación de empresas y puestos de trabajo nos dedicamos a esto, que hay que pagarlo con impuestos. Si desaparecen las inversiones en busca de rentabilidad, que son las que están aliviando el parque de casas vacías de los bancos, ¿qué va a pasar con esas viviendas? Si cuatro jóvenes se alquien un piso de 700 euros, ¿les van a conceder 250 euros a cada uno? Es una ley imposible de aplicar en los términos en los que está concebida y se ha sacado para aprobar los Presupuestos [Generales del Estado] más que para beneficiar a la sociedad», concluye.