Casi el 75 por ciento de la contratación de la Junta incorporó en 2018 cláusulas sociales, mientras que la reserva de contratos en centros especiales de empleo y empresas de inserción alcanzó el 13,4 por ciento, el doble de lo previsto, según se desprende del informe que estudió ayer el Consejo de Gobierno. En ese sentido, el documento desvela que Castilla y León registra en la actualidad 225 centros especiales de empleo que han dado trabajo a 5.650 personas con discapacidad, lo que supone un incremento del 3,44 por ciento en el número de trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo respecto al año anterior. Por su parte, las empresas de inserción en Castilla y León son 13 y dan trabajo a 233 trabajadores de los que 126 son personas en riesgo o situación de exclusión social.
Tal y como explicó ayer el portavoz en funciones de la Junta,Jose Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el pasado curso se adjudicaron, mediante reserva de contrato a centros especiales de empleo y empresas de inserción, 5,01 millones, lo que representa un 13,46% de la contratación adjudicada el ejercicio anterior susceptible de ser reservada, el doble del objetivo del Acuerdo adoptado en 2016 por la Junta. El importe de los contratos adjudicados en el periodo de vigencia de los Acuerdos de directrices vinculantes (2012-2018) respecto al importe de la contratación susceptible de ser reservada en ese periodo es del 15,31%, ascendiendo su importe en todo este período a 35,64 millones, informa Ical.
Novedades
Una de las principales actuaciones llevadas a cabo el pasado año fue la realización de proyectos de inserción sociolaboral, que son actuaciones de fomento de la contratación de personas residentes en Castilla y León en situación o riesgo de exclusión social como son los beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía acogidos a un programa de inclusión social, las víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad, en todos los casos, residentes en Castilla y León. El primero de los proyectos de inserción sociolaboral ha sido la obra de ampliación y reforma del Hospital de Soria, en cuyos pliegos figuraba la contratación de dos trabajadores a tiempo completo durante los 48 meses de duración de las obras u ocho trabajadores durante 12 meses, todos ellos en riesgo de exclusión y residentes en Castilla y León.
En cuanto a la aplicación de la incorporación de cláusulas sociales, de toda la contratación ordinaria realizada por el conjunto de las consejerías en 2018, se incorporaron cláusulas sociales en los pliegos de 1.552 contratos cuyo importe asciende a más de 437 millones, lo que representa el 74,65 por ciento de la contratación realizada.
Además, a lo largo del pasado año, Castilla y León participó en diversas reuniones como miembro del Foro de la Contratación Socialmente Responsable y del nuevo Comité de Dirección del mismo, y se aprobó el Acuerdo por la calidad del empleo en la contratación.