El Juzgado de lo Social de Segovia ha dado la razón a CCOO en una de las nueve demandas presentadas por su Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios y condena a Sacyl a “actualizar el plan de prevención de riesgos laborales realizando una nueva y actualizada evaluación de riesgos, de todos y cada uno de los servicios, centros y áreas, sanitarios y no sanitarios del Área de atención sanitaria de Segovia”.

En segundo lugar, le obliga a “efectuar una específica evaluación de riesgos en relación al riesgo de contagio por coronavirus”, incluida evaluación de la eficacia de medidas preventivas ante el COVID 19, de todos los servicios, áreas y centros sanitarios y no sanitarios del Área de atención sanitaria de Segovia, incluidos las de atención primaria, especializada y hospitalaria.

En tercer lugar, el juez exige “efectuar una evaluación de Riesgos Psicosociales de todos los profesionales que trabajan en los Áreas de Atención Primaria y de los servicios Salud y de los servicios especializados y hospitalarios”, así como a “realizar seguimiento permanente y controles periódicos sobre su eficacia en relación a tales riesgos y específicamente en relación al contagio por COVID-19 y psicosociales”.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, a través de sus delegados de Prevención, mantienen la exigencia en los distintos órganos colegiados de la Gerencia Regional de Salud competentes en la materia, que se haga efectivo el cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Sin embargo, la Gerencia Regional, según el sindicato, mostró un "total desinterés" por la seguridad y la salud de los trabajadores de Sacyl, sosteniendo en el tiempo una inactividad continua con respecto a sus obligaciones en esta materia. “CCOO no podía ser partícipe de esta desidia y acudimos a los juzgados denunciando la falta de una evaluación de riesgos laborales actualizada, de una evaluación específica y concreta sobre la COVID-19 y sus riesgos y de una evaluación específica y concreta sobre riesgos psicosociales”.

Pese a que la sentencia aún es recurrible, subrayaron desde CCOO, “sería absurdo pensar que una Administración cuyo objetivo principal es velar por la salud de las personas no hiciese una buena gestión de los recursos económicos, que provienen del dinero de los contribuyentes, gastándolos en recurrir una sentencia que le obliga a cumplir con algo que es inherente a su actividad”.