La reforma de las pensiones, al menos la parte fundamental, está a punto de ver la luz. Tras meses de encuentros entre Gobierno y los diferentes agentes sociales, y atendiendo a las indicaciones del Pacto de Toledo, ayer se alcanzó un principio de acuerdo para dar luz verde a un proyecto que tiene la finalidad de volver a ligar la subida de las prestaciones a lo que marque el IPC cada año, promover el retraso la edad de jubilación, poner coto a las anticipadas, ampliar el período de cómputo para calcular las prestaciones que en el próximo ejercicio será de 25 años y fomentar los planes de pensiones entre pymes y autónomos. Pese a que aún existen algunos flecos por resolver, las diferencias, sobre todo las que provocaban que la patronal alzara la voz, parecen haberse minimizado en las últimas semanas y España podrá presentar a Bruselas un sistema actualizado a los tiempos y, en principio, más sostenible que el que existe en la actualidad y que había quedado obsoleto.
Las movilizaciones de los pensionistas, que reivindicaban un incremento de sus prestaciones, han sido una constante los últimos años. Este segmento de la población, que puede llegar a decantar la balanza electoral, siempre ha sido un nicho de sufragios para los dos grandes partidos que se han ido alternando el Gobierno. La vuelta al pasado con una subida anual vinculada a la inflación ha sido uno de los objetivos y será realidad con la nueva reforma. Sin embargo, uno de los grandes problemas es que este incremento se da por igual a las pensiones más bajas y a las más altas, algo a lo que parecen tener miedo a meter mano desde el Ejecutivo a pesar de que la subida a los que más cobran, que son los que menos lo necesitan, supone mucha mayor cuantía de lo que se refleja en las prestaciones medias y bajas. Incluir aquí el concepto de progresividad, limitando los incrementos a las de mayor montante, podría resultar más equitativo y eficiente, y daría un respiro a las maltrechas arcas públicas.
Otra de las claves es incentivar el retraso de la edad de jubilación. Con las premisas de que ahora se vive más y que los trabajos no suponen tanto esfuerzo físico, se va a fomentar que la población prolongue su vida laboral. No obstante, cuanto más años estén en sus puestos de trabajo menos incorporaciones de jóvenes registrará un mercado cuyos índices de desempleo juvenil son inquietantes. Además, penalizar a los trabajadores no parece una idea muy progresista.
La reforma de las pensiones es fundamental para que el sistema sea viable. El consenso entre los agentes sociales ha sido crucial. El siguiente paso será una reforma laboral en la que las diferencias de posición entre Gobierno y patronal hoy se antojan insalvables.