La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León planteará una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley 9/2019 de modificación de la Ley de Caza de Castilla y León. El TSJ argumenta que el cambio puede ser contrario al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y, en concreto, al de la parte que solicitó la medida ahora aplicada, el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma), «para que la misma se lleve a su puro y debido efecto». La Sala considera que la modificación tiene por objeto exclusivamente incorporar a la misma la regulación contenida en el Decreto 10/2018, que modifica el anterior Decreto 32/2015 por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
«De esta manera se pretende sustraer a los tribunales ordinarios de la jurisdicción contencioso-administrativa el control de la regulación de la actividad cinegética en Castilla y León y, al mismo tiempo, autorizar el ejercicio de dicha actividad, que había sido suspendida por la Sala al acceder a la medida cautelar de suspensión del Decreto 10/2018 interesada por elPacma», explicó el Tribunal, informa Ical.
La Sala razona que dicha ley puede ser contraria al principio de separación de poderes y al ejercicio de la potestad jurisdiccional «porque de hecho viene a revisar la previa decisión judicial de suspensión del Decreto 10/2018, dejándola sin efecto, e impidiendo de este modo que el órgano judicial resuelva el recurso de reposición previamente interpuesto por la Administración contra dicho auto y pendiente de resolución».
Reacción de la Junta
Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió ayer la constitucionalidad de la Ley de Caza y advirtió que defenderá esta postura en el Tribunal Constitucional. A juicio del consejero, «no procede el planteamiento de inconstitucionalidad» e incidió en que el voto particular de la Sala «llega a hablar de fraude de ley por la negativa de este tribunal a que la Junta desistiera del recurso de reposición planteado».