La Junta de Castilla y León asumirá la financiación íntegra del servicio de teleasistencia y eliminará el copago de manera que los ayuntamientos se ahorrarán 650.000 euros y los usuarios 1,7 millones de euros. Los grupos parlamentarios de PP y Cs anunciaron ayer su intención de modificar la Ley de Servicios Sociales para cambiar la teleasistencia por un modelo avanzado, con un contrato único que costeará íntegramente la Junta, sin copago, que ofrecerá ventajas como mejorar el servicio, que sean homogéneo en toda la Comunidad, proactivo y cuente con una plataforma tecnológica o permita integrar la información de usuarios en el historia social único de cada persona. Así lo señalaron los portavoces parlamentarios de PP y Cs, Raúl de la Hoz y David Castaño, respectivamente, que presentaron la proposición de ley de modificación de la Ley de Servicios Sociales que han registrado en las Cortes , que prevé tramitarse por lectura única y estar aprobada antes de final de año para que pueda iniciarse la tramitación del contrato único a principios de 2021 y ponerse en marcha lo antes posible ese año.
De la Hoz señaló que esta proposición conjunta supone un avance en el pacto de gobierno y se sustancia en un texto sencillo que sólo plantea la modificación del régimen competencial de la asistencia, que ahora prestan ayuntamientos y Junta, que financian el 35 y el 65 por ciento, respectivamente, pero que incluye el copago del usuario. Con esta reforma se pretende que a partir de ahora la Junta sea la competente en la regulación, planificación y dirección del servicio, se haga cargo de su financiación íntegra (unos 4 millones al año) y, en su caso, de la suscripción del contrato único para toda la Comunidad, mientras que los ayuntamientos mantendrán la tramitación y resolución del procedimiento que reconoce el derecho.
Asimismo, busca modificar el régimen de financiación de este servicio, que actualmente tiene un coste aproximado de 4 millones, de los que la Junta abona 1,3, los ayuntamientos 650.000 euros y los usuarios en torno 1,7 millones, de forma que cuando se apruebe la reforma los ayuntamientos se ahorren este coste y, «lo más importante» los ciudadanos dejen de copagar el mismo.
Raúl de la Hoz señaló como principales ventajas la reorganización de infraestructuras, con la integración de recursos como centros de atención y sistemas de información, ya que ahora existen 23 contratos entre diputaciones y grandes ayuntamientos. Así, apuntó que si hay un único contrato, con economías de escala, se prestará un mejor servicio y permitirá posiblemente poner en marcha una plataforma tecnológica de teleasistencia, además de homogeneizar en toda la Comunidad el servicio.
Por su parte, David Castaño señaló la importancia de eliminar el copago, aunque haya gente que no paga mucho (en algunos casos de personas más vulnerables y dependientes no llega a dos euros), pero también lo que supondrá la modernidad y la unificación del servicio. A este respecto, destacó las ventajas a la hora de dar un servicio más proactivo con llamadas por parte de la prestataria del servicio y no sólo limitarlo a llamadas de emergencia por parte del usuario, algo que varía actualmente en función del lugar donde se preste.