El proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización en la Comunidad de Castilla y León, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, amplía su ámbito de aplicación a todas las entidades locales, si bien establece que los municipios de menos de 5.000 habitantes solo estarán obligados a hacer públicos aquellos contenidos que previamente hayan acordado y que la frecuencia de actualización de estos datos será semestral -trimestral como máximo en el caso del resto de instituciones-, salvo que se establezca una periodicidad mayor o menor expresamente.

La norma establece una moratoria de un año desde su aprobación en el Bocyl para que las entidades menores de 20.000 habitantes comiencen a aplicarla y encarga a las diputaciones provinciales la prestación de la asistencia en estos municipios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley. Asimismo, la ley obliga a la Junta a promover «las medidas de apoyo tecnológico y de formación» de los empleados públicos locales en esta materia.

En la presentación del proyecto de ley, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, manifestó que se trata de un compromiso de regeneración y el director general de Transparencia y Buen Gobierno, Joaquín Meseguer, calificó de importante la inclusión de las entidades locales. De este modo, la ley de transparencia establece obligaciones para el conjunto de la Administración General de Castilla y león, las Cortes y resto de instituciones propias, las entidades locales, las universidades públicas, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, entidades públicas empresariales y partidos políticos, entre otros.