Construyen casas en suelo rústico y suelo natural protegido

ICAL
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Construyen casas en suelo rústico y suelo natural protegido

Investigadas tres personas en Segovia por realizar edificaciones ilegales de uso residencial en suelo rústico durante 2018. El Código Penal prevé penas de hasta cuatro años de cárcel

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Segovia atribuyó a tres personas, durante 2018, la comisión de delitos relativos a la ordenación del territorio, por la construcción de viviendas no autorizables en terrenos clasificados como rústicos en diferentes términos municipales de la provincia. En alguno de los casos, las edificaciones se levantaron sobre suelo natural protegido. La nota envida a los medios por la Subdelegación del Gobierno en Segovia no revela el lugar donde se construyeron esas edificaciones. 

Según la Guardia Civil, tanto en los casos descubiertos este año, como en otros detectados en periodos anteriores, la forma de proceder de los presuntos autores suele ser idéntica: los promotores de las viviendas solicitan inicialmente la autorización municipal para levantar una construcción compatible con el suelo rústico, como naves de guarda de aperos de labranza o alojamientos de animales. Posteriormente, ejecutan reformas del proyecto original hasta edificar un inmueble con uso residencial, que, con carácter general, está prohibido en esta clase de terrenos.

Estas actuaciones se enmarcan dentro la misión del Seprona de la Guardia Civil de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en ordenación del territorio. Desde el Instituto Armado señalaron que la construcción de viviendas en suelo no urbano está prohibida por la legislación vigente y, sólo en casos excepcionales, podrán ser autorizadas tras la tramitación del oportuno expediente administrativo. Además, estas licencias serán concedidas, casi exclusivamente, cuando amparen residencias vinculadas a explotaciones agrícolas ganaderas o forestales.

Por último, recordaron que el Código Penal prevé para estas conductas penas de hasta cuatro años de prisión. Accesoriamente, los jueces y tribunales pueden ordenar la demolición de la obra a cargo del autor.