Segovia se mantiene entre las ciudades que aspiran a acoger el traslado de instituciones de Madrid u órganos estatales de nueva creación. «No sólo estaríamos interesados, estaríamos interesadísimos», enfatizaba la alcaldesa, Clara Luquero, el pasado 14 de octubre en rueda de prensa, al ser preguntada por los planes de descentralización del Gobierno, iniciados años atrás y ahora de actualidad en el debate político. «Estamos trabajando en algo que espero que tenga visos de prosperar», añade el diputado nacional y secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves, en este caso en declaraciones a El Día. Una y otro declinan dar detalles por considerar que si los hicieran públicos podría aumentar la competencia y reducirse con ella las posibilidades de Segovia, si bien Aceves, al argumentar los motivos por los que prefiere no ser más explícito, sostiene que ese «algo» que espera sólo estaría pendiente «de flecos», aunque nadie da nada por hecho.

Los precedentes invitan a la prudencia cuando, hoy por hoy, la única certeza oficial que tiene Segovia sobre movimientos de sedes o infraestructuras estatales es la futura pérdida de una instalación militar bicentenaria, la Base Mixta, por su futura deslocalización a Córdoba, elegida el pasado mes de febrero como sede del centro logístico del Ejército de Tierra que se levantará allí entre 2026 y 2030. Asimismo, también es un hecho que la ciudad no acogerá el futuro Centro de Estudios Penitenciarios, al cual se hizo público que optaba el mismo día en que se esfumaron sus opciones, al desvelarse en abril que Cuenca era la elegida, en detrimento de los «magníficos proyectos» presentados por Santander, León, Burgos y Segovia.

La postura de Luquero ante los planes de descentralización, entretanto, siempre ha girado en torno a la diversificación del tejido económico a través de la innovación. Tanteó al exministro Ábalos con motivo del Plan Estratégico 2019-2023 del Grupo Renfe, pero Segovia sólo ha visto pasar 'trenes' de oportunidades con destino a Alcázar (Ciudad Real), Linares (Jaén), Teruel y Miranda de Ebro, sedes elegidas para acoger distintos centros de digitalización del ente ferroviario con entre 50 y 125 empleos directos en cada caso, unos ya operativos y otros en ciernes. Ofreció también la ciudad a la ministra Reyes Maroto de cara a la posible implantación de nuevas dotaciones turísticas; y también a Nadia Calviño, cuyo Ministerio prepara un plan de mejora de servicios públicos digitales con nuevos proyectos ligados a las administraciones de Justicia, Empleo, Salud y Seguridad Social, junto al refuerzo de las infraestructuras de ciberseguridad en el ámbito público.

La alcaldesa siempre ha visto una baza en el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, el CIDE, como un espacio a compartir por empresas privadas y entes o servicios públicos. Pero no por ello deja de ser consciente de que el inmueble conocido más bien como el edificio del CAT (Círculo de las Artes y la Tecnología) aún se ve hoy como un lastre por los nueve años largos de retraso que acumulan sus obras y la previsión de que no pueda estar operativo al menos hasta bien entrado 2022.

En paralelo, siguen abiertas las negociaciones con el Ministerio de Defensa ante la «posibilidad» que anunció Luquero de que la ciudad acoja en los terrenos de la Base Mixta (cuando se desmantele) una unidad militar actualmente ubicada en la Comunidad de Madrid con unos 600 efectivos. No obstante, el Estado ha estimado en unos 12 millones la inversión necesaria para readaptar instalaciones, no ha comprometido dinero y pretende que otras administraciones lo hagan con la mediación del Ayuntamiento. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no ha dicho que no, aunque demanda más implicación estatal y sigue pendiente la reunión que le pidió la alcaldesa en julio; sí la recibió en septiembre el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, que sin embargo manifestó sus recelos ante la falta de concreción de la propuesta. 

Mientras, el general Francisco Javier Varela, interlocutor con la alcaldesa desde que empezó a hablarse de este proyecto, en calidad de jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), ha cesado en el cargo que ocupaba desde 2017. Era uno de los dos únicos miembros que quedaban de la cúpula militar heredada del PP y la ministra Robles lo acaba de cambiar por quien ha sido su jefe del Gabinete Técnico, el teniente general de Artillería Amador Enseñat y Berea, que ya estuvo varias veces en Segovia como director de Enseñanza del Ejército de Tierra y tomó posesión el 8 de octubre.

UN VIEJO DEBATE RENOVADO. El debate sobre la ubicación de órganos o instituciones estatales fuera de Madrid lo ha reavivado en las últimas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con declaraciones sorprendentemente reiteradas en distintas comparecencias que se han visto amplificadas, y en parte desenfocadas, por la réplica de Isabel Díaz Ayuso y su interpretación de tal estrategia como «un ataque» a la Comunidad capitalina. El pasado lunes, en una entrevista en la Cadena Ser, Pedro Sánchez insistía en defender la iniciativa: «La orden que yo he dado a todos los ministros de mi Gobierno es que cuando se cree una nueva institución busquemos una ubicación fuera de Madrid, y eso nada tiene que ver con que nosotros estemos agrediendo supuestamente a Madrid», argumentó, aunque también apostó por trasladar otras ya existentes que «no tiene mucho sentido que estén en Madrid». «Lo que queremos es reforzar el Estado», y eso «significa que el Estado esté presente en todos y cada uno de los territorios de nuestro país», contribuyendo a «dinamizar la economía de territorios», recalcó.

El asunto viene de lejos en realidad. Ya durante la etapa de Zapatero se alentó «el desarrollo regional» con la creación de órganos estatales fuera de la Comunidad capitalina, caso del Instituto Nacional de Ciberseguridad o del Centro de Tramitación de Denuncias Automatizadas, ambos localizados en León (la tierra donde creció el expresidente, aunque naciera en Valladolid); y esta nueva legislatura con el PSOE al frente arrancó con la idea de seguir avanzando en esa línea. 

El mismo pacto de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos a finales de 2019 contenía tal intención: «Para afrontar el reto demográfico, una de las medidas que impulsaremos será la desconcentración institucional del Estado, trasladando total o parcialmente diversas instituciones y organismos a distintas ciudades», recoge su texto. Un «proceso» que se prevé «en diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos interesados». 

Luquero, preguntada en enero de 2020 por El Día, ya manifestaba su apoyo. «Yo encantada, lo llevo pidiendo mucho tiempo y desde luego que sí estaríamos interesados», respondió. «Me parece un planteamiento sensato, lógico y en mi caso esperado que el Gobierno lleve a cabo esa apuesta, y no solamente por trasladar organismos oficiales, sino también otras entidades e infraestructuras que se pudieran instalar en las zonas que más despoblación sufren».

«Una sede administrativa nueva supone mover funcionarios, fijar población o contribuir a fijarla, y sin duda es desarrollo económico», valoraba. «En el peor de los casos son funcionarios que vienen y van, pero pasan parte de la jornada aquí y por lo tanto consumen en la ciudad, generan economía... Lo mejor sería desde luego que, con el tiempo, esos funcionarios pudieran afincarse en nuestra ciudad, y así se contribuiría de manera más efectiva a fijar población. Me parece una medida sensata y en mi caso esperada», incidía.

Sus declaraciones del pasado 14 de octubre fueron muy parecidas: «A mí me gustaría, aunque no es lo que nos guste sino lo que pueda encajar dentro de los planes de la Administración central del Estado. No sólo estaríamos interesados, estaríamos interesadísimos. En el caso de Segovia, cumplimos el requisito de ser una tierra que se despuebla, como toda Castilla y León, y tenemos la ventaja de nuestra posición de centralidad para acoger cualquier entidad de la Administración Central del Estado en Segovia». 

Aceves, por su parte, también habló en enero de 2020 sobre los planes de descentralización del Gobierno y su intención de crear además oficinas de despoblación en una veintena de comarcas del país. Apuntó que Segovia podría verse beneficiada, pero ya advertía de la competencia porque «también hay zonas muy despobladas en Zamora, León, Soria…». Fueron declaraciones improvisadas a petición de El Día, durante un acto convocado por otros asuntos, pero resulta que Soria recibió el pasado mes de febrero la confirmación de que, a partir de 2024, acogerá el traslado del Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, actualmente ubicado en el sur de Madrid, con 60 empleos directos y casi 60 millones de inversión. Zamora, por su parte, acaba de ver cómo el Gobierno le ha consignado 20 millones en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 para las obras de reconversión del antiguo campamento de Montelarreina en cuartel de Infantería. Y Ponferrada acogió un mitin del PSOE el pasado 10 de octubre en el que Pedro Sánchez anunció la reactivación de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) como centro de innovación tecnológica ligado al medio rural.

¿Y LA JUNTA? «Nosotros pelearemos por cualquier oportunidad que surja, así lo hacemos desde hace tiempo y así seguiremos porque creo que Segovia, por muchos factores, debería tener algo», sostiene Aceves, ya en sus declaraciones a El Día de esta semana. «Segovia seguirá entrando en esas ternas de posibles ubicaciones, y añado que no pasa nada si se abre el debate (sobre descentralizar instituciones) en el ámbito territorial de Castilla y León», desliza. Recuerda que el Procurador del Común está en León, el Tribunal Superior de Justicia en Burgos, el Consejo Consultivo en Zamora, el Consejo de Cuentas en Palencia… «Segovia, sin embargo, no tiene ningún organismo de ámbito autonómico salvo la Delegación Territorial de la Junta», lamenta. Y mientras tanto, en conversaciones «con varios ministerios» y relativa confianza en cerrar «flecos» para que «prospere» al menos una de las propuestas en liza para que la ciudad acoja un órgano estatal que genere actividad, empleo, economía y vida.