Tres años después de que la Concejalía de Patrimonio Histórico empezara a trabajar en la elaboración de la ordenanza de protección del Acueducto y en otra sobre el paisaje urbano de Segovia, la primera apunta a demorarse cómo poco hasta finales de 2020 y la segunda se ha descartado. La del Acueducto, en concreto, se va a «replantear» y «reestructurar» para tramitar primero la modificación de otras normativas vigentes con las que choca, al contener condiciones regulatorias diferentes; y la de paisaje urbano ya se ha ido por el sumidero de los tiempos administrativos perdidos, porque ahora resulta que se considera «innecesaria».

Las dos ordenanzas se empezaron a tramitar a la vez, a finales de junio de 2017, con la convocatoria de sendas consultas públicas previas, obligatorias por ley cuando se trata de normativas de nueva creación, como en estos casos, o por modificaciones sustanciales de normativas vigentes, para recabar propuestas ciudadanas. Las dos avanzaron en su fase inicial a buen ritmo y hasta se incorporaron al Plan Normativo de 2018; es decir, que en teoría se contaba con aprobar ambas antes de que acabara ese ejercicio, pero nada más lejos de la realidad.

En los primeros meses de 2018, Patrimonio Histórico ya tenía preparado un borrador de la del Acueducto. Parecía que iba rápido e incluso la entonces concejala de esta área, Claudia de Santos, se lo presentó en mayo a los grupos de la oposición. Todos lo valoraron, aunque a algunos ya les surgieron dudas por considerar que la redacción podía resultar algo ambigua o imprecisa en ciertos puntos. 

La ordenanza del Acueducto, lenta; la de paisaje, descartada - Foto: Rosa Blanco

Aun así, la tramitación siguió adelante y la Concejalía pasó el texto a la Secretaría General, que ya en el verano de ese mismo año, 2018, emitió un informe en el que instaba a corregir aspectos incompatibles con otras normativas vigentes, básicamente tres: tráfico, convivencia ciudadana y terrazas, por contener condiciones de regulación diferentes a las que planteaba la nueva ordenanza. Tocaba revisar el texto, algo relativamente habitual, pero se confiaba en que fuera cuestión de meses. 

Ya para entonces la ordenanza de regulación del paisaje urbano se había dejado algo aparcada. En Urbanismo, aún con Alfonso Reguera al frente de esa área, no acababa de verse oportuna esa nueva normativa habiendo otras que trataban aspectos comunes relacionados con la estética o la disciplina urbanística, empezando por el propio Plan Especial de Áreas Históricas (Peahis) que se estaba «ultimando». Patrimonio Histórico mantuvo su criterio, en cualquier caso, pero apostó por dar «prioridad» a la del Acueducto, e incluso se llegó a diciembre con idea de que ésta pudiera llevarse al pleno ordinario de finales de mes para su aprobación inicial, posterior apertura del plazo de exposición pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva en cuestión de cuatro o cinco meses, hasta la pasada primavera, en los últimos coletazos del mandato y poco antes de las elecciones municipales del 25 de mayo. Pero de nuevo nada más lejos de la realidad, porque a falta de solo unos días para el pleno se confirmó que el texto seguía sin estar listo. Y desde entonces, el proceso de elaboración de la ordenanza del Acueducto se ha pasado todo este tiempo en un bucle en el que se fueron intercalando declaraciones de que la aprobación inicial podía ser «inminente», sin que en la práctica trascendieran avances ciertos en ningún momento.

Así transcurrió todo el año, hasta que llegó a finales de 2019 a la Concejalía de Patrimonio Histórico el informe jurídico donde se advierte, en esencia, sobre las mismas incompatibilidades de las que ya informó la Concejalía por primera vez en el verano de 2018.

Esa falta de coherencia entre las condiciones establecidas en la futura ordenanza del Acueducto con respecto a las vigentes de tráfico, convivencia ciudadana o terrazas ya parecía invitar a finales de 2018 a llevar a cabo las pertinentes modificaciones, pero ha sido ahora, en concreto el pasado miércoles a través de un comunicado, cuando el Ayuntamiento ha anunciado la necesidad de «replantear» la nueva norma, «reestructurarla» y «vincular en parte su contenido con otras ya en vigor o en proceso de revisión, como la de convivencia ciudadana, la de terrazas o la de circulación».

¿Y esto no se podía haber resuelto esto antes, si ya se sabía de tales incompatibilidades hace más de un año? «Lo desconozco», responde a El Día la actual concejala de Patrimonio Histórico, Clara Martín, en el cargo desde el pasado mes de julio. «Sé que el último informe que se remitió desde la Concejalía a los servicios jurídicos fue hacia finales de 2018, y que el informe jurídico completo por escrito nos ha llegado hace como mes y medio». Y por otro lado, «la Secretaría General ha estado muy desbordada por los procesos de elecciones del año pasado, no ha dado abasto, no hemos podido sentarnos a hablar con un informe final en la mano, y es ahora cuando tenemos un informe jurídico», añade.

La alcaldesa, Clara Luquero, por su parte, explicaba el jueves que, a pesar de que ya hace más de un año que sabían de tales incompatibilidades, confiaban en que bastara con introducir en la nueva ordenanza una disposición derogatoria de los aspectos incoherentes de las otras normas, pero no. «El informe de la secretaria general nos pone en alerta de que la modificación del resto de ordenanzas, por seguridad jurídica, es necesaria sí o sí». Y ese informe ha tardado un año en completarse de manera formal «por cuestiones de trabajo de la secretaria general», añadió.

Ya en mayo de 2019, por cierto, El Día informaba de un atasco administrativo importante en el Ayuntamiento por la cantidad de ordenanzas de nueva creación o con modificaciones pendientes, y los sindicatos advertían por ello de puestos importantes sin cubrir como, por ejemplo, el de vicesecretaria general.

Ahora la intención es «crear una comisión de trabajo con los servicios jurídicos de las Concejalías afectadas» para revisar de manera coordinada aquellos aspectos de cada texto que deben modificarse para adaptarlos a los objetivos de regulación que ya se marcaban en el borrador de la ordenanza del Acueducto, que no se prevé por ello que sufra recortes en su ambición regulatoria, con multas de hasta 3.000 euros por malos usos del Acueducto como subirse por sus sillares. Precisamente, uno de los objetivos principales de esta revisión conjunta es crear un procedimiento sancionador único que facilite y agilice la tramitación de las denuncias que se interpongan.

¿Pero todo esto se va a poder hacer en 2020?, ¿tres modificaciones de ordenanzas y la aprobación de la del Acueducto? «El objetivo es ese», asegura Martín, dado que se cuenta con incluirlas en el Plan Normativo 2020. Sin embargo, no sólo los precedentes juegan en contra del crédito de ese nuevo calendario: dos de las tres ordenanzas que deben readaptarse por la del Acueducto, las de terrazas y circulación, coincide que hace ya más de dos años que se anunció que se estaba trabajando en sus respectivas modificaciones, ya que además coincide que deben actualizarse otros aspectos ajenos a la regulación de los usos del monumento romano y su entorno. Así que por un lado, en positivo, podría decirse que eso debería suponer que las maquinarias técnico administrativas de las respectivas concejalías ya están en marcha, dado que incluso cuentan con borradores; pero, por otro, cuesta creer que se resuelva en un solo año lo que acumula varios de retraso.

Paisaje urbano. En cuanto a la ordenanza del paisaje urbano, que aspiraba a mejorar la regulación para preservar la armonía estética de toda la ciudad, tanto las áreas históricas como las demás, la actual concejala de Patrimonio Histórico señala que ha sido «descartada» por considerar que «buena parte de la regulación que se pretendía con esa normativa ya está en el propio Plan de Áreas Históricas (vigente desde el pasado 14 de enero), aparte de que también para regular la estética está la ordenanza de carteles, la de terrazas…». «Lo que hay que hacer es trabajar en estas normas y no complicar más, desarrollar un procedimiento administrativo y un régimen sancionador ágil y que el ciudadano sea capaz de comprender el marco normativo, despejar dudas y garantizar seguridad jurídica», continúa Martín. Un criterio que difiere claramente del que llevó a iniciar la tramitación de esta ordenanza mientras estuvo Claudia de Santos al frente, aunque su sucesora en el cargo asegura que «la posición ha sido consensuada con el equipo de Gobierno». Y por delante, once meses para llevar a buen término el trabajo que no se ha resuelto con éxito durante años.

EN BREVE

3.000 euros por las infracciones que se tipifiquen como más graves. A pesar del «replanteamiento» de la ordenanza del Acueducto, no habrá cambios en las sanciones previstas: leves, hasta 750 euros; graves, de 750,01 a 1.500; y muy graves, de 1.500,01 a 3.000. Entre las muy graves, escalar el Acueducto, pintarlo, ponerle carteles o permitir que los perros hagan sus necesidades sobre él. Entre las graves, tirar objetos al canal del Acueducto, introducirlos entre los sillares o hasta apoyar una bici. Entre las leves, dar de comer a las palomas o tirar papeles en su entorno. Muchas de estas actitudes ya se pueden penalizar por leyes vigentes como la nacional de seguridad ciudadana o la autonómica de patrimonio, pero con sanciones muy inferiores. Escalar el Acueducto, por ejemplo, sale hoy por 100 euros. 
Cada tipo de infracción en su ordenanza correspondiente. Los tipos de infracción que recogerá la ordenanza del Acueducto deberán figurar también en otras normativas vigentes. Es decir, que si la del Acueducto ve como infracción grave no respetar el límite de una terraza, eso tendrá que estar también en la ordenanza de terrazas, de modo que la del Acueducto hará referencia a esa otra normativa en su texto; igual que escalar el monumento en la de convivencia ciudadana, por ejemplo. Además, todas estas normativas tendrán un procedimiento administrativo común para la tramitación de las denuncias.