El funcionario de la Comisaría de Policía Nacional Segovia acusado de haber cobrado tasas falsas en la renovación del DNI y de haberse quedado con el dinero ha declarado que sus compañeros y él compartían una 'caja B' para tapar los descubiertos que se producían habitualmente, según ha asegurado, debido a despistes o la picaresca de algunos ciudadanos. En su comparecencia en el juicio que se celebra desde hoy en la Audiencia Provincial de Segovia, ha negado haberse apropiado de cantidad alguna y haber manipulado los sistemas informáticos de la oficina.

Esta vista oral se desarrolla con un jurado popular formado por siete mujeres y cuatro hombres. C. A. F. se enfrenta a penas de prisión que pueden alcanzar los seis años y ocho meses por delitos de malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y falsedad documental. Según fuentes judiciales, entre enero y septiembre de 2019 sustrajo presuntamente alrededor de 2.000 euros en decenas de actuaciones irregulares. Trabajaba en la oficina de renovación del DNI de la Comisaría de Segovia y se servía de dos métodos para lograr su objetivo. Supuestamente vobraba tasas que no estaban estipuladas y se las quedaba o, en el caso de que el ciudadano sí que tuviera que realizar algún pago, manipulaba el sistema informático para que no quedara registrado que se había producido un ingreso.

En su declaración ante el tribunal que preside la magistrada María Asunción Remírez de Murieta, ha reconocido que aprovechaban los propios fallos del sistema informático para que renovaciones del DNI que habían conllevado el pago de una tasa quedaran registradas como gratuitas. Ayudaban a compensar aquellas que no se habían cobrado por despiste de los funcionarios. "Había días que faltaba mucho dinero, pero nadie sacaba dinero de su bolsillo para ponerlo. Era una práctica habitual, lo hacíamos todos", ha señalado. Según su testimonio, en la Comisaría de Segovia existía un "sobre" -del que tenía conocimiento la jefa al mando- al que recurrían cuando no cuadraba la caja o cuando necesitaban comprar material. En una ocasión, ha dicho, sus compañeros y él emplearon también ese dinero -que podía alcanzar en algunos momentos los 500 euros- para adquirir una cafetera y un equipo de música.

Sin embargo, la Fiscalía Provincial y la Abogacía del Estado -que se ha personado en este procedimiento como acusación particular- creen que este funcionario utilizaba diferentes tácticas para cumplir su objetivo. Entre ellas, no encender el monitor en el que los ciudadanos comprueban los datos al renovar el Documento Nacional de Identidad, algo que él achaca a problemas informáticos.

El juicio está previsto que se alargue toda la semana. Hay citados más de 150 testigos.