El PSOE defiende un sistema de financiación autonómica «centrado en la ciudadanía» y que tenga en cuenta «el coste real de prestación de los servicios», y aboga por atender las sensibilidades de todas las comunidades autónomas «en base a los principios de suficiencia, solidaridad interterritorial y equidad en la distribución de recursos».

Este es el acuerdo adoptado durante el debate de las enmiendas a la ponencia marco del 40 Congreso Federal del PSOE que se celebra en Valencia, en la que se ha incluido reconocer que el actual modelo «condena a algunos territorios a una situación de infrafinanciación», que les obliga a destinar un porcentaje muy elevado de sus recursos a los servicios fundamentales».

El texto añade, además, que el Gobierno mantiene «su firme compromiso de avanzar en la reforma del sistema» y de alcanzar un acuerdo político «a la mayor brevedad posible», y justifica el retraso en la aprobación del nuevo modelo en que el Gobierno ha tenido que «dar prioridad a la gestión de la pandemia».

Esta postura coincide claramente con la reivindicación histórica de Castilla y León, quien desde hace casi dos décadas mantiene un acuerdo de Comunidad, en el que todos los grupos políticos reclaman un modelo de financiación autonómica que «fije el coste real de los servicios» atendiendo a factores como el envejecimiento, despoblación que respeten la solidaridad e igualdad de servicios para todos.

Precisamente, los socialistas señalan en su ponencia que el resultado debe ser un sistema que aporte los recursos suficientes para garantizar a la ciudadanía, con independencia del lugar de residencia, un nivel equivalente de servicios públicos.

«Un sistema de financiación centrado en la ciudadanía y que tenga en cuenta el coste real de prestación de servicios», recoge el acuerdo alcanzado, en el que los socialistas señalan que para alcanzar un acuerdo es necesario atender las sensibilidades de todas las comunidades en base a los principios de suficiencia, solidaridad interterritorial y equidad en la distribución de recursos.

Reconocen también que las autonomías necesitan «fondos suficientes para acometer las inversiones necesarias de política regional como palanca para la recuperación», y que el sistema actual «condena a algunos territorios a una situación de infrafinanciación».

Esto les obliga a «destinar un porcentaje muy elevado de sus recursos a los servicios fundamentales, quedándose sin margen para implementar políticas de desarrollo regional que puedan ser palanca de recuperación de su territorio».