Castilla y León «blinda» sus servicios sociales con la aprobación del Acuerdo Marco 2020-2023 y garantiza así la «estabilidad» laboral de los 1.241 profesionales que trabajan en este ámbito y de los Centros de Acción Social (CEAS) de la Comunidad. Bajo esta premisa, el Gobierno autonómico aprobó ayer el reparto de 448 millones de euros durante los próximos cuatro años a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que prestan estos servicios y las diputaciones provinciales, que percibirán 112 millones anuales, tal y como anunció la consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El documento, que todavía tiene que ser firmado por las 24 entidades antes de que entre en vigor, establece que las anualidades de 112 millones serán «cuotas mínimas» que podrán verse incrementadas en función de la evolución económica y de la demanda. «Independientemente de como vaya la economía, los servicios sociales tendrán un suelo mínimo de 112 millones anuales, que después podrán verse aumentados en función de los presupuestos», destacó Blanco, que reiteró que el Acuerdo Marco tiene una vigencia de cuatro años, frente a las tres anualidades del anterior con lo que «se consigue dar mayor estabilidad a los distintos programas y garantía de financiación a las corporaciones locales». Además, explicó que permitirá a las corporaciones locales incrementar la plantilla con nuevos trabajadores, que reforzarán la actividad de los Centros de Acción Social.
Tres áreas
El texto aprobado regula la financiación de los servicios sociales en torno a tres grandes áreas: profesionales de los equipos de Acción Social, la atención a situaciones de Dependencia y la Red de Protección a las Familias y personas. En el primer caso, contarán con un presupuesto anual de casi 27 millones con el que se atienden 180.000 personas cada ejercicio. Blanco recordó que el Acuerdo servirá para financiar a un total de 1.241 profesionales, de los que 844 desempeñan su trabajo en los equipos básicos y 376 en los que atienden necesidades específicas en materia de dependencia, infancia y exclusión social.
En el caso de la dependencia, la partida será de 66,5 millones anuales para cofinanciar la atención de estas personas. Para la ayuda a domicilio se destinan 55 millones anuales para facilitar el desarrollo de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual y contribuir a la integración de las 29.700 personas que reciben estos servicios de manos de 29.700 trabajadores. En el caso de la teleasistencia, del que se benefician 25.197 personas, el Acuerdo Marco fija un suelo de 1,25 millones anuales.
Por último, la Red de Protección a las familias recibirá 17,75 millones cada ejercicio para atender a las familias en situación de exclusión sociales, prioritariamente perceptores de la Renta Garantizada. En la actualidad 117 profesionales atienden a 3.169 personas. Las ayudas a situación de urgencia social, de las que se benefician 26.253 personas, percibirá 5,25 millones; mientras que el programa Crecemos contará con 2 millones anuales para fomentar al conciliación de la vida familiar y laboral «especialmente en el mundo rural», apuntó Blanco, que reseñó que el documento también contempla 920.000 euros a materia de igualdad y violencia de género.