«Esto está patas arriba». La letrada de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial de Segovia, Celia Salvador, define gráficamente la sensación de enfado que se ha extendido entre sus compañeros al conocer las últimas circulares que ha enviado el Ministerio de Justicia. «Es una marcha atrás encubierta en la decisión que se adoptó de declarar hábil la mayor parte del mes de agosto», opinan ella, Luis García y Montserrat Isabel, sus homólogos en los juzgados 2 y 4.

El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Francisco de Borja Vargues, firma el acuerdo que ha indignado a los letrados de la Administración de Justicia, especialmente en sus tres últimos apartados. En el punto quinto establece que las notificaciones telemáticas que se efectúen entre los días 11 y 31 de agosto de 2020 –el periodo que el Ministerio ha habilitado de forma excepcional como medida anticolapso– no podrán superar diariamente el volumen de salida ordinario de actos de comunicación, repartiendo de forma gradual el exceso acumulado, si lo hubiera, en remisiones consecutivas durante los primeros días de septiembre.

Para Salvador, García e Isabel, esta instrucción es «contraria a las normas procesales». «Nos limita la notificación de las resoluciones judiciales sin derogar o modificar los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y concordantes que nos obligan a notificar en el plazo máximo de tres días», argumentan. En su opinión, se trata de una maniobra para satisfacer a los operadores jurídicos que se habían quejado «con razón» porque se habilitara agosto, especialmente abogados y   procuradores.

El Ministerio limita las notificaciones judiciales en agosto

En ese sentido, la circular hace hincapié en «limitar en lo posible la celebración de actuaciones que exijan la presencia física de ciudadanos o de sus representantes en las sedes judiciales o fiscales, salvo que se trate de actuaciones urgentes o que las necesidades del servicio no puedan aplazarse ni ser cubiertas sin la presencia física de los intervinientes en dichas actuaciones». El Ministerio recomienda también evitar la citación de abogados, procuradores o graduados sociales para actuaciones que no sean urgentes, y pide «realizar» en las primeras semanas de septiembre las presentaciones de escritos, traslados, emplazamientos y notificaciones que se tengan que llevar a cabo en formato papel.

«Al recomendarnos que evitemos citar a profesionales para practicar actuaciones no urgentes se está incumpliendo el carácter hábil del que se ha dotado a casi todo agosto», subrayan los letrados de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial y de los juzgados número 2 y 4 de Segovia. «Es una desviación de poder contraria al servicio público, pues no cumple con el objeto previsto en el decreto dictado por este propio Gobierno para impulsar la actividad de la Administración de Justicia», añaden.

Pero de fondo además aparece otro conflicto que afecta a todos los funcionarios de Justicia. En otra circular, en este caso firmada por la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste, establece una serie de limitaciones a la hora de concederles las vacaciones. Marca el número máximo de funcionarios que podrán trabajar durante los primeros diez días de agosto, por un lado, y  durante el periodo hábil, por otro.

«Para que los profesionales liberales de la justicia tengan sus merecidas vacaciones, sin volver a tener que declarar la inhabilidad de agosto, se opta por que nos vayamos prácticamente todos en agosto quedándose como mucho un 30 por ciento para luego impedirnos disfrutar de las vacaciones más allá del 30 por ciento en julio y septiembre, aplicando unos porcentajes sin motivación alguna en el servicio público, sino fruto de matemáticas caprichosas. Así se evita que puedan realizarse actuaciones que les afecten», ha lamentado el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.

Algo parecido les sucede al resto de funcionarios de Justicia en las Comunidades Autónomas donde estas competencias están en manos del Estado, como es el caso de Castilla y León. Durante los diez primeros días de agosto podrán trabajar un máximo del veinte por ciento de la plantilla, y del 11 al 31 de agosto apenas un diez por ciento más. En cambio, en julio y septiembre solo podrá irse de vacaciones un máximo del treinta por ciento.