En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia no ha habido hoy acuerdo entre García Gil y los representantes de IU, que ejerció como acusación popular en el juicio de las prejubilaciones de los directivos de Caja Segovia, donde resultó absuelta, a quien reclama 60.000 euros, los mismos que pide a la acusación particular que estuvo a cargo de la Fundación Caja Segovia.  Por este motivo planteará una demanda civil por entender que ambas partes han vulnerado su derecho al honor.

El letrado de IU, Alberto López Villa, a quien acompañaba el secretario general de Segovia, José Luis Ordóñez,  ha considerado, en declaraciones a los periodistas, que "no puede considerarse como una intromisión del derecho al honor cuando [Elena García Gil] fue absuelta con una sentencia incosistente, injustificada y no ajustada a Derecho y., por tanto, en ningún momento, la acusación ejercida por IU puede considerarse como intrpmision derecho al honor".

Tras considerar que, "a la vista de los antecedentes" ignoraba "si la señora García va a administrar tanto dinero diligentemente", ante la demanda civil, López Villa ha dicho que se puede esperar "cualquier cosa viendo como funciona el Estado de Derecho en esta provincia".