La Junta de Andalucía, que gobiernan PP y Ciudadanos, estudia las característica del modelo de servicios sociales de Castilla y León. En concreto, las autoridades andaluzas se interesaron por el sistema de la Dependencia, el acuerdo marco de financiación y la red de coordinación de servicios de la Junta, debido a que en su opinión los parámetros de la Comunidad son mejores que en su tierra, según informaron hoy fuentes del Ejecutivo castellano y leonés en un comunicado.

La reunión contó con la participación de la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Andalucía, María Carmen Cardosa y el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Pablo Rodríguez, junto a sus equipos técnicos, se puso de manifiesto el interés por conocer el sistema de Atención a la Dependencia que se presta en Castilla y León. En el encuentro, según la Junta, se recordó que en nuestra Comunidad no existe lista de espera y se han reducido los plazos de reconocimiento del derecho para recibir dicha prestación a tres meses. Además, se destacó que Castilla y León sigue obteniendo la mejor nota de España como lo demuestra el último dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En las dos jornadas de trabajo que han mantenido, los responsables de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades explicaron a sus homónimos la importancia que tiene en la Comunidad el Acuerdo Marco, para la prestación de los Servicios Sociales, lo que hace a su juicio que "el modelo implantado en Castilla y León sea el más eficiente de toda España", como lo demuestran las notas y valoraciones que se obtienen todo los años en el dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y el no tener lista de espera (98,5 por ciento de personas atendidas) en la concesión de las prestaciones.

En ese sentido, explicaron que este modelo se basa en la cooperación entre las administraciones locales y la autonómica, y la colaboración directa con el Tercer Sector. Asimismo regula la financiación que el Ejecutivo autonómico transfiere a las corporaciones locales competentes en materia de Servicios Sociales, como son los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales en el que se incluyen los distintos servicios que se prestan a los ciudadanos, con un presupuesto mínimo de 448 millones para el período 2020-2023.

Los representantes del Gobierno de Andalucía conocieron también cómo Castilla y León mantiene la Red Coordinada de Servicios Sociales que permite potenciar la atención y garantizar los empleos de los 1.241 profesionales que trabajan en este ámbito y que son financiados por la Comunidad. Además, se les explicó dentro del Acuerdo Marco, el funcionamiento de la Red de Protección a las Familias en la que el Gobierno Regional invierte 71 millones de euros e incluye una serie de programas de protección a las familias y personas en riesgo de exclusión social, entre los que se encuentran el Servicio de apoyo familiar y técnico para familias vulnerables, que atiene al año a 3.169 personas en Castilla y León.

Asimismo, se puso de manifiesto que para reforzar la atención a las situaciones de dependencia es fundamental el servicio de ayuda a domicilio que atiende al año a 29.700 personas en la Comunidad y que está destinado a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal junto a la teleasistencia, la formación para cuidadores no profesionales y los programas para personas con discapacidad, de envejecimiento activo y prevención de la dependencia. También abordaron la colaboración socio sanitaria o los avances en innovación (teleasistencia avanzada, programa Quires o programa Argoss de interconexión entre la historia social y la historia clínica de los pacientes).

Finalmente se analizó el procedimiento para obtener el reconocimiento a la generación del derecho a la prestación de las personas dependientes. En Castilla y León, a partir del 1 de enero, el plazo es de tres meses mientras que, tal y como destacó la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, María Carmen Cardosa, en su tierra ese plazo es mucho mayor, por lo que consideró "imprescindible" reducirlo siguiendo el modelo de la Comunidad.