El Tribunal Supremo británico, máxima instancia judicial, empieza hoy a evaluar dos recursos sobre la suspensión del Parlamento a fin de determinar si fue legal o no esa decisión tomada por el Gobierno de Boris Johnson.

Once jueces del Supremo serán los encargados de escuchar durante tres días los alegatos de las partes sobre la controvertida suspensión parlamentaria, que se mantendrá hasta el próximo 14 de octubre, días antes del Brexit, el 31 de octubre.

Los dos recursos sobre los que el Tribunal Supremo deberá pronunciarse -uno de Escocia y otro de Inglaterra- han llegado a dictámenes distintos sobre la legalidad de la suspensión, ya que el escocés lo calificó de ilegal y el inglés no.

La semana pasada, el Tribunal de Apelación de Escocia concluyó que la acción del Ejecutivo, que aconsejó a la reina Isabel II clausurar las cámaras legislativas hasta octubre, fue ilegal y estuvo motivada por el propósito de obstaculizar el Parlamento.

El caso escocés había sido presentado por un grupo de más de 70 parlamentarios, entre ellos la política nacionalista escocesa Joanna Cherry; la líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson; varios diputados independientes y laboristas, así como The Good Law Project, una asociación contraria al Brexit.

Tras ese dictamen, el Gobierno conservador de Johnson decidió recurrir al Tribunal Supremo.

En paralelo, el Tribunal Superior de Londres, en cambio, consideró recientemente que la medida del primer ministro no fue ilegal y respondió a una decisión de naturaleza política.

El caso inglés estuvo a cargo de la conocida empresaria Ginna Miller, apoyada por el ex primer ministro británico conservador John Major, que han decidido recurrir al Supremo.

Dada la importancia constitucional de las apelaciones, el Supremo ha decidido elevar de nueve a 11 los magistrados que estarán a cargo de estas importantes sesiones judiciales, que terminarán el jueves, aunque el fallo puede darse a conocer en otra fecha.

El Parlamento de Westminster quedó suspendido al término de las sesiones del pasado lunes 9 de septiembre, después de que los diputados consiguieran tramitar una ley que obliga al Gobierno de Johnson a solicitar una prórroga del Brexit si no consigue un acuerdo con la Unión Europea (UE) para el 19 de octubre.

Sin embargo, el primer ministro ha insistido en que no está dispuesto a solicitar una prórroga de la retirada británica y que, antes, preferiría estar "muerto en una zanja".

Johnson, que llegó al poder el pasado julio tras la dimisión de Theresa May, confía en sellar un pacto con la UE durante la reunión del Consejo europeo del próximo 17 de octubre.