La mayoría de los propietarios incumple la ITV de edificios

D. A.
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En Segovia capital, ocho años después de aprobarse la ordenanza, no se ha inspeccionado ni una cuarta parte del parque residencial que está obligado y el Ayuntamiento cuenta con empezar a controlarlo ahora. León, Ávila, Burgos o Salamanca van al día

La mayoría de los propietarios ignora la ITV de edificios - Foto: Rosa Blanco

Todas las edificaciones ubicadas en municipios de más de 20.000 habitantes deben someterse a inspecciones técnicas periódicas desde que alcanzan los 40 años de antigüedad para garantizar la seguridad de quienes lo habitan, viven al lado o pasan cerca. Nada nuevo en realidad, aunque parece que muchos propietarios de Segovia todavía lo ignoran, lo olvidan o directamente pasan, según confirman desde el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Administradores de Fincas o el Instituto de la Construcción de Castilla y León, dada además la falta de presión inspectora y sancionadora a los incumplidores. Algo sorprendente si se tiene en cuenta además que es por una cuestión de seguridad para todos y que su coste no es abultado: poco más de 1.000 euros (más el arreglo de hipotéticas deficiencias) en el caso de un edificio de 20 viviendas, por ejemplo, a repartir entre toda la comunidad de propietarios, y contando además con que es un gasto a realizar cada diez años tras la primera inspección.

Aunque la obligación viene de más lejos, la labor de control y supervisión no se empezó a extender realmente en la Comunidad hasta 2009, año en que el Ayuntamiento de León sacó una ordenanza a partir de la ley autonómica, tras la cual llegaron las de Valladolid y otras ciudades. El Ayuntamiento de Segovia hizo lo propio en 2011, pero apenas ha empezado a aplicarla pese a su condición de Administración competente en materia de control, supervisión y sanción. De hecho, en 2012 publicó un primer Padrón Anual de Edificios Sujetos a ITE para informar de los plazos de revisión a los que les tocaba, pero ya no ha habido más. 

Es ahora, nueve años después, cuando el Ayuntamiento de Segovia cuenta con ponerse a ello, empezando por dar un toque, de momento a título informativo, a los propietarios de edificaciones a partir de 100 años de antigüedad que no hayan pasado la ITE, aunque la obligación exista en realidad desde los 40. Probablemente se les remita una carta, según avanza la concejala de Urbanismo, Clara Martín, pero la campaña informativa aún tardará unos meses en arrancar.

Además, el marco legal estatal y el autonómico se han ido ampliando en la última década, así como los parámetros que se someten a revisión, y ya en octubre de 2016 la obligación se extendió también a inmuebles residenciales de uso colectivo (no unifamiliares) situados en localidades de entre 5.000 y 20.000 habitantes, o incluso de más de 2.000 si tienen Plan General de Ordenación Urbana; aparte, se han añadido evaluaciones de eficiencia energética y accesibilidad, entre otras. 

Las ITE (inspecciones técnicas de edificaciones), también conocidas de forma coloquial como ITV por las de los vehículos, se exigen por tanto a todo el parque residencial de Segovia, San Ildefonso y Cuéllar; y se exigen ITE parciales (sólo inmuebles de uso colectivo, excluyendo unifamiliares) en Cuéllar, El Espinar, La Lastrilla y San Cristóbal de Segovia.

Sin embargo, el portal del Registro de Informes de Inspección Técnica de Edificios (Regitecyl), activo desde 2016, promovido por la Junta y gestionado por el Instituto de la Construcción, muestra datos oficiales de todas las provincias de la región salvo Segovia, que aparece con cero inspecciones. Ni mucho menos significa esto que no se haya realizado ninguna inspección y en la misma web se matiza que son «datos provisionales en fase de actualización», pero las fallas que presenta el proceso de supervisión y comunicación de las ITE vienen siendo múltiples y diversas.Tal y como recoge el Regitecyl, «los propietarios, como responsables de la realización de la ITE, registrarán dicho documento en su Ayuntamiento» después de que hayan contratado la inspección y se haya realizado; y será también cada Ayuntamiento respectivo la «Administración encargada de facilitar a Regitecyl los datos correspondientes a esta inspección a través del acceso municipal habilitado para ello», notificaciones que no están al día en el caso de Segovia.

No obstante, el Observatorio ITE, web promovida por el Ministerio de Fomento y desarrollada también por el Instituto de la Construcción de Castilla y León, muestra balances de los cuatro primeros años de Segovia tras la aprobación de su ordenanza: señala que en 2012 había 1.588 «edificios con obligación de pasar la inspección ese año» y sólo se sometieron a ella 50;de 2013 y 2014 contabilizó 64 y 61 ITE, respectivamente, sin precisar los que tenían obligación; y en 2015, 11 de 267. Asimismo, datos oficiales de la Junta y la Consejería de Fomento difundidos en enero de 2018 cifraban en 225 las ITE realizadas en Segovia hasta diciembre de 2017, apenas un 12% de las previstas (1.855). En Ávila, sin embargo, ya se habían realizado para entonces 3.191 de 3.845 (83%); en León, 5.369 de 6.041 (88%); en Salamanca, 2.257 de 2.475 (91%); y en Burgos, la más avanzada, 3.508 de 3.559 (98%).En Valladolid, mientras, iban por 5.296 ITE sobre un total de 10.569 previstas (50%); en Palencia, 930 de 2.062 (45%): en Soria, 268 de 885 (30%); y enZamora, sólo 75 de 3.727 (2%), a la cola junto a Segovia.

León,Salamanca, Ávila y Burgos se mantenían también el año pasado en niveles de cumplimiento entre el 89 y el 99%, mientras Valladolid iba mejorando sus cifras, Palencia se quedaba en un punto medio, Soria por detrás y Segovia yZamora, todavía a la cola; un cuadro, por tanto, similar al de las últimas cifras que se difundieron con detalle, las actualizadas hasta diciembre de 2017. El Día preguntó por datos más recientes a la Consejería de Fomento el viernes 24 de enero, así como al Instituto de la Construcción y el Ayuntamiento de Segovia el pasado 27 de enero, pero no han llegado antes del cierre de esta edición.

Retraso evidente. La concejala de Urbanismo, Clara Martín, reconoce los retrasos, aunque también los justifica en parte, pese a llevar sólo ocho meses al frente de un área que precisamente ahora está en fase de reestructuración y a la espera de que llegue un nuevo jefe técnico, tras haberse marchado el que estaba hace sólo unas semanas: «Es verdad que debimos empezar hace tiempo con las ITE, pero también había que atender otras cuestiones y el propio Plan Especial de Áreas Históricas (Peahis) se estaba elaborando, con lo cual, como no estaba vigente (lo está desde el 14 de enero), eso también podía complicar las condiciones en que podían llevarse a cabo las inspecciones o las posibles obras que hubiera que realizar para corregir deficiencias de conservación o mantenimiento». Claro que el Peahis afecta a las áreas históricas (recinto amurallado, El Salvador, San Lorenzo, etc.), mientras las ITE son obligatorias para cualquier edificación residencial de más de 40 años, ya esté ubicada en el centro antiguo o en La Albuera, El Carmen, San José...

«El Ayuntamiento no estuvo en ningún momento interesado en supervisar, incluso a sabiendas de edificios que no habrían superado una ITE, aunque la obligación es de los propietarios», afirma la presidenta del Colegio de Arquitectos de Segovia,Susana Moreno. «A Clara Martín, que acaba de llegar (en julio de 2019), no le podemos cargar la trayectoria urbanística de los últimos 15 años, que ha sido extraordinariamente negativa, y por eso nos hemos ofrecido a colaborar en la difusión de estas inspecciones», matiza. «Hace falta cierta pedagogía para explicar la importancia que tienen porque no debería hacer falta ni decir que son obligatorias: ¿por qué exponerse a salir ardiendo por una instalación eléctrica vieja sin revisar, o que se caiga un niño por una barandilla mal asegurada?», avisa.

Ignacio Avial, del Colegio de Administradores de Fincas de Segovia, da fe de las reticencias que se encuentran en las comunidades de vecinos.«Vas con la noticia de que deben pasar la ITE y casi siempre hay alguien que dice que no hace falta porque alguien le ha dicho que no se multa», señala. «Si al menos fuera el Ayuntamiento el que mandara una carta a cada comunidad, los administradores podríamos ir a las reuniones con ese aval», añade. Curiosamente, una petición que va en la línea de lo que ahora se está proponiendo la Concejalía de Urbanismo, pero a la espera de que se materialice el cambio de rumbo en próximos meses.