El jurista Joaquín González-Herrero (Segovia, 1958),  fiscal de la Audiencia Nacional, que acaba de presentar en la capital el libro 'La Ley Perpetua-Fundamentos de una Utopía',  la que considera como el primer proyecto de constitución de la civilización occidental,  a principios del siglo XVI, en la que se ordenaba la relación entre los representantes del pueblo y Carlos V,  pero que no salió adelante tras la derrota de los comuneros en Villalar, hace 500 años,  señala en esta entrevista que «el modelo de organización para la lucha de la criminalidad en España tiene mucho que desear» y aboga porque sean los fiscales quienes lleven la investigación.  

En la 'Ley Perpetua' habla de un instrumento que establece la relación entre un rey y su pueblo, ¿qué aporta en el libro, cuando son muy pocas las publicaciones que hay en España al respecto y ni siquiera el tema figura en los libros de texto?

Hemos tardado más de 500 años en descubrir una parte fundamental de nuestra historia, probablemente los Comuneros, hombres y mujeres, de las que pocas veces se habla y también sufrieron la política lamentable de los consejeros flamencos y borgoñones del emperador, descubrieron lo que querían esas gentes del siglo XVI, de la España de la modernidad. Imaginaban otra España muy distinta a la que tenía Carlos V. La pregunta es cómo es posible que esto no se conozca todavía... 

Hace unos años que llevo estudiando lo que es el pensamiento escolástico desde el siglo XIV al XVI y aterricé sobre este texto jurídico extraordinario y me quedé maravillado y sorprendido. En ningún libro de Derecho Constitucional que yo conozca se habla de la 'Ley Perpetua' por lo que es el sentido fundamental de la obra es dar a conocer el legado de los Comuneros, un testamento político con el que tenemos que reflexionar mirando al pasado, con una nueva visión. Este libro invita a imaginar cuanto pudo haber sido. Y, quizás, a concebir el futuro de España, que aún aguarda en el texto de los revolucionarios. Es preciso que se reconozca el valor universal de la 'Ley Perpetua' por la Unesco, en el marco del programa Memoria del Mundo, se adelanta en más de 250 años a las constituciones americana y francesa de finales del siglo XVIII.  

Se habla de enmarcar el poder del rey dentro de la sociedad, parece que hoy está resuelto...

No está resuelto. La importancia de este documento de unas 40 o 50 páginas es el objeto de una discusión de los representantes de las ciudades de la Corona de Castilla que remiten al emperador, en octubre de 1520, para decirle: «Majestad deseamos tener un nuevo pacto social con la Corona», esto es la primera vez que se produce en toda Europa y en todo el mundo.. 

¿Todo esto comienza en la ciudad de Ávila?

Se inicia en Ávila aunque la ciudad de Toledo convocó una Junta porque, aunque hablamos de los balbuceos de la Edad Moderna la mentalidad era Tardomedieval, las Cortes las convocaba el rey cuando le parecía oportuno, fundamentalmente para obtener recursos financieros, apoyos o redactar las nuevas leyes. En este ocasión no, se convoca a los representantes de las ciudades. 

Las Cortes medievales están integradas por el estamento nobiliario, eclesiástico y el popular, que eran los representantes de las ciudades. En la Catedral de Ávila empiezan las discusiones acerca de lo que se llamaban 'Capítulos del reino', que se continúan en la villa segoviana comunera de Martín Muñoz de las Posadas, esto no se conoce, y concluyen, en octubre de 1520, cuando se aprueban las discusiones elaborándose un texto que representa un conjunto de reclamaciones al monarca.

¿Leyendo la 'Ley Perpetua' nos podemos plantear la posible necesidad de reformar la Constitución española actual?

En torno a la Constitución de 1978 y al proyecto de 1520, dos realidades histórico-políticas, subyace el anhelo de la sociedad de que el poder se ejerza conforme a la ley de los principios morales. En estos momentos, la Constitución ha experimentado un largo proceso en lo que el catedrático Pedro Vega, de los más grandes constitucionalistas españoles, definió como la mutación constitucional que reclama su reforma. La Constitución Española es rígida, requiere para su reforma un proceso muy complejo, sobre todo cuando afecta a la estructura esencial de lo que es su armazón principal, no ocurre como la francesa que se ha reformado en muchas ocasiones, adaptándola a la realidad. 

Hay diferencias fundamentales en cuanto a la de 1520, hace muchos años que se vienen manteniendo que hace falta una reforma, incluso para limar sus propias contradicciones en la igualdad y la sucesión de la Corona, que nunca han sido acometidos por los actores políticos, no han considerado que el tiempo era el propicio. 

El proyecto de principios del siglo XVI responde a un anhelo de más profundidad democrática ya que viene un señor de Gante que ni hablaba español sino francés, que era el idioma empleado en su Corte, junto con una serie de personas que no tiene interés ni conocimiento alguno de lo que pasaba en España y, de repente, se apoderan de los destinos del país, entonces viéndose cómo estaba conduciéndose en aquellos momentos, desde la muerte de Fernando 'El Católico', en 1516, y de la muerte posterior del hijo de Maximiliano, Felipe 'El Hermoso', a la vista de los desmanes, el atropello y los impuestos que se estaban reclamando para la Corona de Castilla, dijeron hasta aquí hemos llegado, vamos a firmar un papelito en virtud del cual nos vamos a poner de acuerdo para el bien de todos. Fue un momento fundacional, acabó como acabó, en la batalla de Villalar…. 

¿Cree que la politización en torno al nombramiento de alguno de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional puede afectar a esta institución básica del Estado?

Son temas muy concretos, prefiero mantenerme en el plano institucional, lo único que ha ocurrido en España es que han tomado posesión cuatro magistrados, tengo la fortuna de conocer mucho a dos porque he trabajado con ellos en la Audiencia Nacional, en los últimos tres años, que son Concepción Espejel y José Ramón Sáez. Lo valioso es que se ha producido una renovación, al margen de que el resultado no sea el mejor posible, según algunos comentaristas, por tanto se garantiza la normalidad institucional. Ya quisiera yo que en el siglo XVI hubiera habido Tribunal Constitucional cuando no había ni Constitución, es un producto tan moderno que crea un mecanismo de garantía de la Constitución que está en la cúspide para que se mantenga todo el edificio.

Pero sigue sin cerrarse la renovación del Consejo de Poder Judicial, después de tres años de prórroga…

Todos los profesionales del Derecho deseamos que encuentre un final feliz, estoy seguro que se produzca en muy poco tiempo. Creo que nadie está satisfecho con esta situación.

¿Cómo contempla el proyecto de reforma de la Ley de Memoria que, entre otros, será informado por el Consejo de Fiscales?

Mis compañeros se pronunciarán al respecto. El artículo 9.3 de la Constitución Española proclama la seguridad jurídica, eso significa que todos sabemos a qué atenernos respecto a lo que va a pasar en el futuro porque tenemos una ley anterior que nos hace prever de qué forma van a fallar los jueces. La 'Ley Perpetua' se llama así porque en 33 ocasiones, a lo largo de seis capítulos, se está diciendo que «de manera perpetua se compromete el rey» o lo que es lo mismo quienes propugnan esta iniciativa le están diciendo al monarca, no es que mañana se va a hacer esto, sino de manera perpetua se va a comprometer a que esto siga siendo así. Eso es una condición de la seguridad jurídica.

En abril de este año usted formaba parte de uno de los siete candidatos designados por España para formar parte de la Fiscalía Europea, aunque iba a ser el Colegio de Fiscales Europeos quien realizara el nombramiento definitivo, ¿cómo se ha resuelto el tema?

Sí, fuimos designados, nombrados y hubo renuncia. Por razones profesionales, al final, dos de los siete, una compañera de la Fiscalía Anticorrupción y yo mismo, decidimos que nos quedábamos a trabajar en España. De nuevo se ha convocado un procedimiento para que puedan ser ocupadas estas dos plazas. Fue una cuestión profesional, las condiciones finales nos hicieron pensar que servíamos mejor a la Justicia trabajando en la Audiencia Nacional que en una fiscalía europea,

 ¿Tiene sentido mantener actualmente la Audiencia Nacional, creada para investigar y juzgar delitos de terrorismo, principalmente?

Sí, es una característica desde el punto de vista de organización judicial muy propia que no existe en otros países, muchos quisieran instaurar lo que tenemos en España porque da respuesta a grandes problemas que van más allá de la Justicia de un territorio concreto. La Audiencia Nacional está sirviendo a unos intereses más allá de una circunscripción provincial y, como tal jurisdicción, a pesar de los orígenes, el antiguo Tribunal de Orden Público, en 1977, se ha adaptado muy bien a la realidad de nuestro tiempo con una delincuencia que supera el propio territorio del Estado. 

Una tercera parte de mi trabajo se refiere a delincuencia internacional, no solamente terrorismo aunque ha declinado en cuantía, sino que uno de los criterios para investigar un hecho es que un español haya cometido un delito en el extranjero y no haya sido enjuiciado allí y se presente querella en España. 

Eso es lo que hacemos, las órdenes europeas de detención y entrega, por ejemplo, son de un ámbito competencial tan natural que si se conocieran todos los detalles se diluiría cualquier duda acerca de la eficacia y de la necesidad de un órgano como es la Audiencia Nacional, que también aborda el tráfico de drogas o las grandes estafas a través de Internet que pueda afectar a 20 provincias, entre otros. 

¿Aparte de las estadísticas que figuran en las memorias anuales, desde su trabajo como ve la criminalidad en España?

La Justicia siempre ha sido la Cenicienta de la Administración, no estamos trabajando siempre con los mejores instrumentos ni las herramientas legislativas, pues hay algunas normas que vienen desde el siglo XIX, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El modelo de organización para la lucha de la criminalidad en España tiene mucho que desear, deberíamos ser los fiscales quienes lleváramos la investigación, ha habido ya tres proyectos pero nunca se acomete de una manera consensuada. 

Tiene que haber un cambio en el modelo de hacer frente a la delincuencia en España, la síntesis de la ecuación de eficacia y legitimidad significa que el fiscal tiene que investigar. Somos muchos los que creemos en esto, llevamos 30 años diciendo lo mismo, discutiendo sobre el asunto, pero no se atisba que se vaya a llevar a la práctica de forma inmediata lo que es urgente, como es la relación entre la policía judicial y la fiscalía, para la investigación, la implantación de un sistema de oportunidad penal reglado para que no haya espacio de sospecha, con una asignación de recursos que se corresponda con lo que es un Estado moderno que tiene que hacer frente a la delincuencia con la mayor eficacia posible, sometida a las controles judiciales. Sin una investigación por el fiscal no hay esa eficacia.