La opinión casi unánime de cerca de una treintena de representantes de diversos ámbitos de la sociedad segoviana, en unos momentos en que la incidencia de la Covid19 se dispara en países europeos con menor índice de vacunación que España, es que se debe respetar la decisión de quien rechaza la vacuna, a la vez que abogan por campañas de concienciación –el Ministerio de Sanidad informará del impacto de covid entre vacunados y los que no lo están–. Incluso Bruselas pide una dosis de refuerzo para los adultos, con prioridad para los mayores de 40 años. Sin embargo hay menos consenso en que se puedan vulnerar derechos a la hora de exigir el llamado certificado o pasaporte covid, máxime cuando la opinión es dispar en los tribunales superiores de Justicia de las Comunidades autónomas. La Junta de Castilla y León, en boca de su vicepresidente, Francisco Igea, está a la espera de la elaboración de un informe jurídico que avale su puesta en marcha antes del puente de diciembre.
Comenzando por los juristas, el fiscal de la Audiencia Nacional Joaquín González-Herrero, no contempla la vacuna oligatoria pero es tajante al afirmar que, si un no vacunado cae enfermo, debería pagar los costes hospitalarios. Ignacio Pando, presidente de la Audiencia Provincial Segovia, apoya la obligatoriedad, y añade que, «si no fuese así, al menos se deben poner los cortafuegos para que no puedan acceder a determinados lugares donde cabe la posibilidad de contagiar a los demás; los negacionistas son insolidarios con la sociedad».
En el plano político, la diferencia ideológica también se manifiesta en este tema, dependiendo de si se trata de partido que apoya a un gobierno o está en la oposición. Paloma Sanz, presidenta provincial del PP y senadora, «vacunada por responsabilidad con el entorno», deja en manos de las autoridades competentes si hay que incorporar el pasaporte y en qué momentos. Su compañera de Cámara, Ana Agudíez, del PSOE, opina que la alta tasa de vacunación en España en mayores de 12 años, en torno al 90%, no hace necesaria la obligatoriedad y coincide en dejar en manos de los expertos si se debe poner en marcha el pasaporte.
Aunque considera interesante el debate vacuna sí, vacuna no, el diputado del PP, Jesús Postigo, ve que hay un posible conflicto entre el derecho a la libertad individual y el bien común de la sociedad, criticando al Gobierno del presidente Pedro Sánchez por no haber elaborado una Ley de Pandemias que permita una homogeneización de las decisiones en todas las autonomías, con 17 opiniones diferentes, «una barbaridad inasumible». José Luis Aceves, secretario general del PSOE segoviano y diputado, que no ve necesaria la obligatoriedad de inmunizarse, «porque quizá podrían alimentar movimientos antivacunas», reclama al Gobierno regional del presidente Fernández Mañueco «que haga pedagogía». A la vez apela a la jurisprudencia del Supremo, para exigir certificado en situaciones en las que las cifras de la pandemia se disparen, apelando también a la «prudencia y responsabilidad». Vox, que ha respondido como partido, no en boca de su diputado, sostiene que «el Estado debe proveer de vacunas a la población para todo aquel que quiera vacunarse, defendiendo que la vacunación sea voluntaria, nunca obligatoria».
En el plano autonómico, el secretario del PP de Castilla yLeón y procurador por Segovia, Francisco Vázquez, vicepresidente de las Cortes regionales, cuestiona la obligatoriedad y, en línea con sus compañeros, cree que, a falta de legislación nacional sobre pandemias, «se crean desigualdades y da lugar a pronunciamientos judiciales contradictorios dependiendo de los territorios en los que debería ser uniforme la solicitud de certificado covid para acceder a determinados lugares». La procuradora socialista Alicia Palomo, es de la opinión que «debe tener más peso persuadir y responsabilizar que obligar», mientras aclara que si el certificado es el reconocimiento a la responsabilidad de los vacunados «bienvenido sea y de paso que sirva de incentivo a los reticentes a vacunarse».
Desde las instituciones, la alcaldesa, Clara Luquero, independientemente de si hay soporte legal, subraya que «desde un punto de vista ético la vacuna es obligatoria por responsabilidad hacia los demás» y, antes de que se apliquen restricciones, opta porque se pida el certificado. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, es rotundo cuando afirma que la vacuna sí debería ser obligatoria, a la vez que cree que quien gobierna debe tomar decisiones, «y si estas tienen que ser pedir el certificado, que lo sean aunque moleste a una parte de la sociedad».
Partiendo de que la Ley de Derechos del Paciente no obliga a vacunarse, el delegado territorial del Ejecutivo autonómico, José Mazarías, aclara que tampoco se ha planteado al haber tenido «una aceptación muy alta» la campaña de vacunación en la Comunidad donde no se descarta pedir el certificado en algunos supuestos. La subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, da cifras: En Segovia, más de 121.000 personas han recibido la pauta completa y más de 15.000 la tercera dosis. Reconociendo que «el certificado facilita la movilidad entre Estados de la UE», es partidaria de que su implantación se consensúe en el Consejo Interterritorial de Salud.
También opinan los sectores empresariales y económicos. El presidente de la Federación Empresarial Segovia, Andrés Ortega, asegura que hay que respetar la opinión de los no vacunados, aunque recomienda la inmunización, y comparte opiniones similares en cuanto a que se debe regular el pasaporte covid. Pedro Palomo, presidente de la Cámara de Comercio de Segovia, apoya la vacunación obligatoria, salvo para quien se diagnostique lo contrario, y también entiende que es «correcto y oportuno que para el acceso a determinados lugares se solicite el certificado covid», para tratar de evitar una nueva crisis sanitaria y, por lo tanto, económica.
Mientras el secretario provincial de UGT, José Luis Martí, apoya la obligatoriedad tanto para la vacuna como para exigir el certificado, su homólogo en CC.OO., Álex Blázquez, duda de que el pasaporte sea eficaz por sí solo: «Creo que debería ser complementario a otras medidas, como test de antígenos o incluso mejores, como distancias entre los asientos de los transportes públicos». Inclinado por una adecuada información a la población de la necesidad individual y colectiva de administrarse el medicamento, el presidente de CSIF de Segovia, José María Guerro Santos, piensa que «la idea de solicitar un documento para poder acceder a un lugar hace entrar en la espinosa disyuntiva de si se condiciona la libertad del individuo o no; del mismo modo cualquier empresario sería libre de solicitarlo en su establecimiento en favor del cuidado de la salud, tanto de sus clientes como de sus trabajadores».
Desde el Colegio de Médicos, su presidente, Graciliano Estrada, neumólogo, se inclina por vacuna obligatoria salvo escepciones recogidas en las guías clínicas, y también por el pasaporte covid, «que hace los lugares más seguros y nos permite mayor libertad» . También apoya la vacuna a los niños para evitar que sea el reservorio del virus. La presidenta del Colegio de Enfermeras, María José Uñón, concluye que el alto índice de vacunación en España se debe a que «se cree en el sistema sanitario español, se confía en los sanitarios y se hace un gran trabajo de docencia y explicación por parte de las enfermeras». No existiendo obligación de vacunarse añade que «deberíamos escuchar a nuestros expertos que nos han dado seguridad» y habla de seguir trabajando en concienciar a la población de la importancia que tiene vacunarse, sin olvidar la necesidad de seguir manteniendo el resto de las medidas preventivas.
Desde la hostelería el presidente de Hotuse-AIHS, Jesús Castellanos, no quiere obligatoriedad para la vacuna y, en del certificado, que afectaría a su sector, dice que «es complicado y fuente de conflicto para los establecimientos, hay que controlar en puerta...», mientras se pregunta por «¿cuántos controles podemos poner en el bar, donde el único que trabaja está detrás de la barra y el cliente ya ha entrado?». Además opina que «a la gente le cuesta descargárselo, ni que decir a los mayores» y hace bajar la afluencia de publico porque una cosa es estar vacunado y otra descargar el carné digital», por no hablar de que es fuente de fraude, a su juicio.
Gerardo Otero, presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo en Segovia, respalda que la vacunación sea «una decisión individual y no se puede obligar a nadie», pero aclara que se debería exigir para determinados puestos de trabajo, sanitarios o personal en contacto con población de riesgo. Defensor de que se pida el pasaporte covid en determinados lugares, también apuesta por el uso de mascarillas y mantener la distancia de seguridad en lugares cerrados.
Desde el ámbito de la Cultura, la poeta y escritora Elvira Sastre explica que no cree en la obligatoriedad de nada: «Creo que todo debería partir de una educación correcta que haga que no sea necesario imponer». Tras confesar que tiene familiares y amigos sanitarios que se han dejado y se dejan la piel en la lucha contra este virus y que es diabética y lleva toda la vida vacunándose contra la gripe, lo que ha hecho que mejore su salud, asegura que el certificado le parece buena idea: «Al final se trata de favorecer el turismo sin perder la protección de los ciudadanos. He tenido oportunidad de viajar y me lo han pedido tanto para el vuelo como para restaurantes y museos. Me hace sentir mucho más segura».
Sometido a más de una prueba de antígenos y pcr a la semana porque los actores trabajan sin mascarilla, Luis Callejo apuesta por la libertad y dice que «no se puede obligar a la gente a que se vacune». Duda de las bondades del certificado, incluso advierte que «estaría bien», a la vez que reconoce que ha estado rodando en Barcelona y lo pedían en algunos lugares. En el fondo piensa que «no es tan grave» que no se reclame el pasaporte «si [los no vacunados] cumplen las medidas a rajatabla».
Ana Doldán, directora-conservadora del Museo de Arte Contemporáneo 'Esteban Vicente' defiende la obligatoriedad de la vacuna «porque la gente que no se vacuna se convierten en reservorios de la pandemia», además de compartir «la idea de otros países de solicitar el certificado covid para garantizar la concurrencia segura a foros públicos y/o privados».
El vicario de Evangelización y Educación en la Fe del Obispado de Segovia, Juan Cruz Arnanz, no aboga porque la vacuna sea obligatoria, aunque sí por «una buena campaña de sensibilización. Y quienes no se vacunen deberán buscar otros medios para preservar su salud y la de los que le rodean, como el distanciamiento social, pruebas pcr y ser cuidadoso en el contacto con los demás». Apoyaría solicitar el certificado, a su juicio, en función de los índices de contagio: «Con un índice alto sería partidario de pedirlo en determinados lugares y bajo ciertas circunstancias: posibilidad de mantener o no la mascarilla, distancia de separación, ventilación, amplitud del espacio, tiempo de permanencia... En todo caso se podría dejar la opción de pedirlo o no, pero debería indicarse a la entrada del local para quien busque espacios más seguros».
Después de atribuir a la vacuna la actual situación en España frente a los altos índices de Austria o Alemania, entre otros países, el atleta olímpico Javier Guerra piensa que «el pasaporte es otra herramienta necesaria ante posibles dificultades o acumulación de gente para confiar en que la situación está resuelta ante posibles repuntes; tener pasaporte que acredita que estás vacunado es necesario, son las herramientas contra las que más se puede luchar contra la Covid-19».
El ganador de un Tour de Francia y dos Vueltas a España, actualmente comentarista deportivo en el área de ciclismo, Pedro Delgado, opina que la vacuna no debe ser obligatoria. «El problema del pasaporte es controlarlo, son decisiones difíciles de tomar, para mi no es lo mejor, también hay que respetar a quien no se vacuna, si quedan infectados van a ser la peor parte, cada uno tiene que asumir sus riesgos, no es ideal pero en mi fuero interno respeto que no se quieran vacunar, aunque tendrán que adaptarse a las circunstancias que puede llevar no hacerlo».
El movimiento vecinal también se ha pronunciado desde sus organizaciones. Julián Sancho, presidente de la Federación Provinicial de Asociaciones de Vecinos de Segovia aboga por una vacunación voluntaria y por el certificado covid, siempre que se expida con un procedimiento equivalente al DNI digital, partiendo de que los no vacunados suponen «un porcentaje poco significativo y ellos sabrán por qué» lo hacen.
Para Esther Santos, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Segovia (Fedasve) vacunarse debe debe ser opcional «siendo cada uno consciente de los riesgos que asume ante la negativa a vacunarse». Subraya que «igual que, en algunas comunidades, se pide el certificado covid para entrar en los cines o la hostelería, también se debería de solicitar a la hora de entrar en los campos de fútbol en los que se congregan 50.000 personas y no se sabe si están vacunados o hay infectados asintomáticos».