La investigación municipal abierta por la muerte de un perro electrocutado al entrar en contacto con una farola de la avenida de la Constitución ha puesto sobre la mesa el alto grado de desfase del alumbrado público de la ciudad, así como la situación de ilegalidad del 42% de la red, aproximadamente. Ese porcentaje responde a la cantidad de instalaciones eléctricas que deben pasar cada cinco años las llamadas inspecciones OCA (de Organismos de Control Autorizado), que son las que se realizan a través de empresas privadas acreditadas por la autoridad competente. Cerca del 90% de las instalaciones de la ciudad no se han sometido a ellas, si bien la obligatoriedad se limita al alumbrado exterior a partir de 5 KW, que corresponde a la mitad de las que hay, según cálculos oficiales. Aunque, dentro de esas instalaciones que sí deben pasar tal revisión, coincide que las que están pendientes representan también un porcentaje de casi un 90%, que pasará a ser un 75% cuando terminen las obras de renovación de iluminación que ya se llevan a cabo este año.
Ese sería el caso de las farolas de Constitución, cuya instalación eléctrica está afectada, como buena parte de la red, por una documentación técnica obsoleta e incompleta (no se conoce con precisión ni su antigüedad), lo cual complica la realización periódica de las OCA y ralentiza su legalización. No obstante, el concejal de Obras, Miguel Merino, matiza que, según los técnicos del Ayuntamiento, la realización de dicha inspección no habría asegurado que no se produjera el suceso del 5 de noviembre. «Puedes pasar una OCA hoy y dentro de dos días tener una derivación porque una bombilla se ha fundido», resume el edil, quien relativiza además la eficacia de dichas revisiones para detectar averías como la de Constitución: «Una OCA es una certificación administrativa y por tanto comprueba que la documentación que se tiene se ajusta a la realidad de un cuadro eléctrico, sin valoraciones técnicas que lleven a comprobaciones farola a farola».
Los propios técnicos aseguran también que someten a revisiones ordinarias todo el alumbrado al menos una vez al año, y que en el caso de Constitución eran recientes, incluso «continuas», por los trabajos de reurbanización en curso. Asimismo, tampoco les consta que la contrata de estas obras tocara la vieja instalación, ni de forma programada ni accidental, en ningún momento previo a la electrocución del perro.
Entretanto, tal y como ya se apuntó el lunes de la semana pasada en comisión de Urbanismo, los informes técnicos encargados tras la muerte del animal concluyen que la descarga eléctrica se produjo por un fallo del diferencial. Es el sistema de seguridad que debe desconectar la corriente en caso de fuga eléctrica, ésta se produjo y el diferencial no funcionó debidamente por «una bajada drástica de su sensibilidad», ya fuera a causa de perturbaciones por apagones que hubo en semanas anteriores, por una obsolescencia no advertida por el fabricante o por una «mera avería electrónica». Salvando distancias, como cuando en una casa se rompe un electrodoméstico por una sobrecarga en circunstancias parecidas.
En este contexto, mientras la Concejalía de Obras considera lo ocurrido como un «desgraciado accidente», tanto el PP como Cs ya pusieron el foco el pasado lunes en la falta de inspecciones OCA. Los populares advierten por ello una «responsabilidad 100% política», mientras los naranjas consideran «gravísimo» que buena parte de la red no haya pasado ese tipo de revisiones cuando son obligatorias cada cinco años. Cierto es, por otro lado, que han empezado a realizarse precisamente en este mandato: «El año pasado, en un ejercicio sin inversiones fuertes, pasamos ya un 10% de las OCA requeridas, y espero que este año, cuando acaben las obras de renovación de alumbrado que se están haciendo, lleguemos prácticamente al 30%», afirma Merino. Claro que si se hubieran empezado a trabajar en la tramitación y realización de estas inspecciones unos años antes, lo lógico es pensar que la situación de ilegalidad no se produciría, ¿no? «Posiblemente», admite el concejal en declaraciones a El Día. Ahí pone el acento Cs, cuando recuerda que los socialistas gobiernan la ciudad desde hace 18 años, tiempo en el que considera que «no se han ocupado de las verdaderas competencias municipales: asfaltado, alcantarillado, recogida de residuos o alumbrado, en este caso». Merino ve «oportunismo político» en tales críticas a posteriori ante «un desgraciado accidente» aunque, al mismo tiempo, nadie discute la necesidad de seguir acometiendo nuevas inversiones que atajen cuanto antes semejante irregularidad.