Nace sin consenso la ley de conciliación personal y laboral

Ical
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Fernández Carriedo y el PP afirman que es una norma "pionera y comprometida", mientras que PSCyL y Podemos la califican de "obsoleta y brindis al sol"

El consejero de Empleo, que asumió la pasada semana las competencias de Familia e Igualdad de Oportunidades, defendió el proyecto de ley de conciliación. - Foto: Rubén Cacho (Ical)

El último pleno de las Cortes de esta legislatura aprobó hoy el proyecto de ley de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León, sin consenso de los grupos, en un debate marcado por los diferentes modelos sobre igualdad presentados por el PP, por un lado, y por el PSOE y Podemos, por otro. La abstención de Ciudadanos y UPL facilitó que esta norma, calificada por el consejero Carlos Fernández Carriedo de “pionera, innovadora y comprometida”, vea la luz, pero con la critica de la izquierda de que es “un brindis al sol”.

Durante el debate de la ley, en la que los grupos de la oposición -Socialista, Podemos y Ciudadanos- no pudieron colar ninguna de las 289 enmiendas vivas, las procuradoras del PP Mar González y Manuela Crespo sostuvieron que esta norma “hará historia”, mientras que la socialista Ana Muñoz de la Peña y la morada Natalia del Barrio defendieron que no se trata de conciliación, sino de corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Previamente, en la presentación del proyecto de ley, Carlos Fernández Carriedo, titular de Empleo que ha asumido las funciones de Familia e Igualdad de Oportunidades, explicó que se responde a la política comprometida de la Junta con la igualdad real que tiene el apoyo de los agentes del diálogo social. “Es una ley innovadora y comprometida con una nueva generación de derechos, la primera de una comunidad en avanzar en conciliación y brecha salarial de género”, resumió.

Fernández Carriedo detalló que los objetivos de esta ley es avanzar en la igualdad y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito de la conciliación, en la disminución de la brecha salarial y laboral y contribuir a fijar población, en un texto con 86 medidas y 121 millones anuales para su desarrollo, de ellas 51 en el ámbito de la conciliación, 23 para la eliminar la brecha salarial de género y 12 de carácter transversal.

En cuanto a las medidas de conciliación, tendrán carácter tanto público como privado. En el primer apartado se contempla promover subvenciones para compensar la disminución de ingresos por reducción de la jornada laboral y ayudas a empresas que ofrezcan medidas de racionalización y flexibilización de horarios para fomentar la contratación de personas desempleadas para sustituciones por reducción de jornada, excedencia por cuidado de hijos u otras situaciones relacionadas con la maternidad o paternidad.

También se pondrá en marcha un régimen de deducciones fiscales del tramo autonómico del IRPF vinculadas a la conciliación en aquellas destinadas al fomento del uso del permiso de maternidad cedido por la madre al otro progenitor y el apoyo al cuidado de menores hasta los cuatro años de edad por gastos derivados de su atención en escuelas o similares.

En colaboración con los agentes sociales y económicos, la Junta también promoverá que las empresas lleven a cabo acciones dirigidas a eliminar la brecha salarial de género. Entre ellas destacan realizar en la clasificación profesional una valoración de los puestos de trabajo que conlleve a la igualdad entre mujeres y hombres; impulsar acciones de transparencia y buenas prácticas vinculadas a la lucha contra la brecha salarial de género; establecer sistemas de acceso y promoción transparentes y no discriminatorios; impulsar la presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad y de dirección.

Obsoleta y rancia

La portavoz socialista de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Muñoz de la Peña, calificó de entrada de “obsoleta y rancia” esta ley antes de entrar en vigor al considerar que no avanza en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. “Está llena de futuros y condicionales, sin principios ni reglas, sin intenciones y propagandística”, definió al defender las 158 enmiendas vivas de su grupo.

“Deberían retirar esta ley en vez de aprobarla, no está en la onda que refleja la sociedad ni representa a las mujeres y los hombres para alcanzar la corresponsabilidad”, siguió, a la vez que criticó que se haya presentado “con prisas” y vaticinó que en “poco tendrá que ser modificada”.

La popular Mar González manifestó que en el pleno se visualizan el modelo de igualdad del PSOE “detrás de una pancarta” y el del PP, con un trabajo de diálogo y de consenso con los agentes del diálogo social, del que se manifestó “orgulloso” para contar con una ley “pionera, adaptada a lo que demanda la sociedad”, para criticar que el PSOE anteponga la ideología a medidas concretas por la igualdad.

Se refirió a la diferencia insalvable de multitud de enmiendas que “devaluaban la ley”, así como que el objeto de la Junta es la conciliación e igualdad, no la corresponsabilidad, hilo conductor socialista. “Si tuvieran coherencia, votarían a favor”, aseveró González. “Es una ley machista y patriarcal, un brindis al sol”, replicó Muñoz de la Peña, en su debate con la popular en el que defendió que igualdad es recuperar derechos, lo que en su opinión realiza el Gobierno en sus “viernes sociales”. “Las mujeres no estamos dispuestas a dar un paso atrás”, zanjó.

Declaración de intenciones

Laura Domínguez (Podemos), presentó 128 enmiendas vivas -después de aceptarse 14 del total de 158-, calificó que el debate de esta ley es “de los más fustrantes y tristes” de los vividos en la Cámara, aseguró que no avanza en la igualdad al no contar con garantías y es una “declaración de intenciones” sin compromisos. “Dice (la ley) mujeres castellanas y leonesas, confórmese con esto porque la igualdad plena no llegará”, resumió.

La procuradora defendió que la conciliación es un derecho para mujeres y hombres, se decantó por la corresponsabilidad y rechazó que las ayudas se den para “enriquecer a empresas” sin un control y sin una evaluación. En la réplica, Manuela Crespo (PP) sostuvo que se da respuesta a problemas que “lastran” a las mujeres y valoró que será un “referente” a nivel nacional, con medidas de “mucho calado”.

Domínguez argumentó que “pionero no significa una ley bien hecha” y puso como ejemplo la ausencia de medidas fiscales para familias con menos ingresos, ayudas para cuidar por igual por ambos progenitores o que se elija a las mujeres por su capacidad y no por su sexo. “Quieren que las mujeres sigan conciliando y metidas en sus casas”, sentenció.

La parlamentaria de Ciudadanos Belén Rosado explicó que su grupo presentó once enmiendas para enriquecer el texto de los agentes del diálogo social -tres quedaron vivas para el pleno-, valoró las recogidas, que afectan a apartados de las nuevas tecnologías, y abogó porque estas políticas pasen por los ayuntamientos y no por las diputaciones.

En la explicación del voto, Luis Mariano Santos (UPL) lamentó que la norma no haya sido consensuada, criticó que las “prisas y voragine” del PP no han facilitado el acuerdo entre los grupos para aprobar una “mejor” ley autonómica, que consideró que “no mejora” la estatal, que “se queda corta”. “Es mejorable”, resumió.