Vista gorda al 'top manta' del ganchillo

S.A.
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El Ayuntamiento busca, sin éxito, una fórmula para regularizar la venta de productos textiles que ejercen, desde hace décadas, las mujeres de etnia gitana junto a los principales monumentos de la ciudad.

Los puestos cuentan con la 'permisividad' de la autoridad municipal. - Foto: D.S.

Unos defienden la actividad como estrategia de integración social, como un ‘modus vivendi’ para un colectivo en riesgo de exclusión, que se sustenta en décadas de tradición. Otros piden su supresión por vulnerar la ley y suponer, por este motivo, una competencia ‘desleal’, con independencia de la ‘mala imagen’ que los ‘tenderetes’ ofrecen para Segovia en su condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Es el ‘top manta’ del ganchillo, la venta ambulante de prendas textiles —desde mantelería a camisetas y vestidos— que ejercen desde hace décadas un grupo de mujeres de etnia gitana en el entorno de los principales monumentos de la ciudad: Acueducto, Catedral y Alcázar.

Las quejas se acumulan en el Ayuntamiento, algunas por motivos que rozan el surrealismo y que hablan de que las vendedoras han llegado a invitar a sus ‘clientes’ a probarse las prendas en el interior de comercios cercanos a los puestos, en plena Plaza Mayor. 

Puesto de venta en la Plaza Mayor, a escasos metros de la Catedral. Puesto de venta en la Plaza Mayor, a escasos metros de la Catedral. - Foto: D.S.

«Parecen intocables. La gente [comerciantes y hosteleros] no habla más porque tiene miedo a represalias, no quiere problemas. Pero estamos hartos», apunta E.R., un pequeño empresario del entorno de la Plaza Mayor, que acoge con escepticismo el propósito municipal de regularizar esta actividad «para la que, por lo que yo sé, no tienen ninguna licencia ni pagan ningún tipo de impuesto».

Esta particular venta ambulante procede de una tradición que se remonta a décadas, cuando las mujeres gitanas recorrían las calles con grandes cestos de mimbre, con mantelerías y otros pequeños productos textiles, que ofrecían al paso de los turistas. Para evitar este abordaje, el Ayuntamiento les conminó a que se situasen en tres puntos: en los soportales junto al Acueducto, en la Plaza Mayor, al lado de la Catedral y en el Alcázar, junto a la verja de entrada al recinto. Allí la administración municipal llegó a instalar unas casetas verdes a modo de punto de venta y lugar de almacenaje de los enseres. 

De estas casetas —financiadas al amparo del Plan de Excelencia Turística, que impulsó el Ayuntamiento, entre 1999 y 2003, bajo el gobierno PP-CDS— solo queda una, en el Alcázar, y está vacía y abandonada. Sin embargo, aquella autorización municipal «de palabra» para la venta no tenía fecha de caducidad, según esgrimen las vendedoras para justificar hoy su presencia.

Puesto de venta en el entorno del AzoguejoPuesto de venta en el entorno del Azoguejo - Foto: D.S.

Pero, ¿tienen permiso real para ocupar el espacio público, instalar los puestos y vender? La pregunta resulta incómoda. Unos responsables municipales consultados alegan desconocimiento y otros admiten con rotundidad, aunque en privado, que no media permiso alguno; o que, si hubiese existido en algún momento, no se ajusta a las ordenanzas en vigor.

Hace un año y medio, cuando se lanzó esta cuestión al entonces concejal de Servicios Sociales —también de mercados, entre otras responsabilidades—, Andrés Torquemada, su respuesta no esfumó las dudas. «Hay permisos desde hace mucho tiempo, implícitos o explícitos», capeó el edil, que eludió reconocer, al menos explícitamente, la falta de amparo legal que rodea a esta actividad callejera.

Aquellas declaraciones, recogidas en marzo de 2018, se produjeron después de citar a las vendedoras a una reunión en el Ayuntamiento y comentarles el propósito municipal de «regularizar» su actividad. Tras aquel encuentro, al que también asistió la alcaldesa, Clara Luquero, el concejal aclaró que no había una decisión tomada, y que el Ayuntamiento trabajaba en diagnosticar un problema que implicaba a varias concejalias. En suma, no se quería ‘desalojar’ a las vendedoras sin antes conocer su situación familiar y cobertura social.

En el ‘limbo’.  Pese a los buenos propósitos, más de 18 meses después, la decisión municipal no existe, mientras las vendedoras —cinco, repartidas entre los tres puntos— continúan ejerciendo su actividad, amparada en una especie de ‘limbo’ normativo, en virtud de la permisividad de la que han gozado durante décadas.

Esta ‘patente de corso’ hace que los puestos tengan hoy dimensiones llamativas ; como el situado en la Plaza Mayor, a escasos metros de la Catedral, junto a los aseos públicos, de más de cuatro metros de longitud. En el buen tiempo, el puesto está acompañado de silla y sombrilla para la vendedora.  Este ‘tenderete’ se suele ampliar, además, con otros dos, situados ya al amparo de los soportales; en la esquina y frente a la puerta de entrada de un comercio ya cerrado, que en tiempos acogió una tienda de souvenirs. La reja es aprovechada para ‘colgar’ vestidos a la venta.

El Ayuntamiento trata de encontrar una fórmula para ‘regularizar’ esta venta. Fue la semana pasada cuando, con este propósito, mantuvieron una primera toma de contacto las responsables de Servicios Sociales, Ana Peñalosa (IU), de Urbanismo y Patrimonio, Clara Martín (PSOE) y de Seguridad Ciudadana, Raquel de Frutos (PSOE). 

Denuncias.  «Somos conscientes de que hay un problema y nos vamos a poner a trabajar las concejalías implicadas», apunta Peñalosa, que admite que las vendedoras acumulan «denuncias» en relación a su actividad. ¿Se ha sido laxo con estas vendedoras por una cuestión social? «Se puede decir así, llámalo costumbre, tradición…», responde la concejala de IU, mientras De Frutos aclara que «es un tema que lleva mucho tiempo, por lo que no queremos ni tomar medidas precipitadas ni que generen una opinión pública enfrentada». 
La concejala de Seguridad reconoce que existen denuncias derivadas de esta actividad. «Son recurrentes las denuncias por diversas circunstancias, desde el abordaje que ejercen sobre los turistas hasta quejas de comerciantes de alrededor. Queremos —señala— tomar medidas, pero sin prisas, causando el menor daño posible a las personas implicadas».

La responsable de Urbanismo y Patrimonio no es ajena al hecho de que los puestos no pueden estar ubicados, por ejemplo, en el entorno inmediato de grandes monumentos, caso de la Catedral, en virtud de la Ley de Patrimonio. «Es una actividad tradicional de la ciudad, sostenida históricamente en el tiempo. Ellas son las primeras que saben —dice Martín— que están desarrollando una actividad que no está reglada. A nivel de patrimonio histórico, están en la base de la Catedral y eso no se permite».

Aún no se ha producido una reunión con las vendedoras a la espera de consensuar una decisión interna que cuente con el conocimiento y aprobación de la alcaldesa. También  en estas conversaciones participará el representante de la Fundación del Secretariado Gitano, Luis Martínez, llamado a ejercer como ‘mediador’ en este ‘conflicto’ sin visos de una solución inmediata.

Un desafío a las normas vigentes

Si lo que pretende el Ayuntamiento no es desalojar estos puestos de venta ambulante del espacio público sino encajar su actividad en la normativa vigente, la tarea que tiene por delante no resulta nada sencilla. Una de las opciones que llegó a plantearse en su día el Ayuntamiento pasaba por autorizar los ‘tenderetes’ los fines de semana, aunque se trataría de una medida excepcional que no contempla la actual normativa. En cualquier caso, en el actual escenario, los puestos contravienen el artículo 22 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que prohíbe hacer un uso impropio de los espacios públicos y sus elementos, de manera que impida o dificulte la utilización o el disfrute por el resto de los usuarios. En el mismo artículo se hace referencia a la prohibición del uso de bancos y asientos públicos para usos distintos a los que están destinados. Y en su apartado ‘f’, se menciona expresamente otra conducta prohibida, la de ejercer oficios o trabajos en espacios públicos sin la correspondiente licencia municipal. También se estarían infringiendo otros artículos de la misma ordenanza, como el que impide usar bancos, farolas y cualquier otro mobiliario urbano para estabilizar los puestos o exhibir la mercancía (artículo 31).De la misma manera, se podría vulnerar el artículo 34, que en su apartado 4, que prohíbe actividades en el espacio público que suponga un obstáculo al libre tránsito de las personas por aceras, plazas, avenidas u otros espacios públicos.

Con independencia de que, si no existe permiso expreso, la actividad no estaría amparada por la ordenanza de Mercados al aire libre, los puestos, en su actual disposición, infrinjen la Ley de Patrimonio de Castilla y León. En concreto, atentarían contra el artículo 41, referido a las prohibiciones en monumentos y jardines históricos. En los monumentos y jardines históricos queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno. Asimismo, se prohíbe también toda construcción que pueda alterar el volumen, la tipología, la morfología o el cromatismo de los inmuebles a los que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación.