Olviden las cuestiones partidistas, las arremetidas de dirigentes del PP contra el gobierno y la respuesta del gobierno afirmando que el PP no hace política de Estado ni defiende los intereses de los españoles. Va a ser que el que no defiende los intereses de los españoles, de todos, es el gobierno, que no acaba de explicar qué hace con el dinero europeo, y cuando se conoce algún dato sobre el reparte que hace es para llevarse las manos a la cabeza: favorece a sus gobiernos y ayuntamientos autonómicos frente a los del PP, barre para casa con ayudas a asociaciones cercanas ideológicamente y, sobre todo, se niega a explicar qué hace exactamente con el dinero. Dinero que no es del gobierno, sino fondos que envía la Unión Europea para garantizar que los españoles podrán superar la crisis con ayudas a los sectores más necesitados o a aquellos que pueden generar empleo.

Cuanto más se conoce lo que ocurre con los dineros de Bruselas, más motivo hay para echarse las manos a la cabeza. Los empresarios aseguran que no han visto ni la décima parte del dinero que según el gobierno han recibido, un buen puñado de miles de millones de euros que teníamos asignados no acaban de llegar porque el gobierno no ha enviado en tiempo y forma los informes correspondientes, y corremos el riesgo de perderlos si los ministerios correspondientes no se ponen las pilas.

Luego está el asunto de la transparencia. Bruselas obliga a que se informe sobre el destino de los fondos, y diferentes leyes españolas exigen lo mismo, pero el gobierno Sánchez se fuma un puro con las leyes y su cumplimiento, sea la enseñanza del castellano en Cataluña, qué se negocia con los partidos minoritarios y a cambio de qué, o informar sobre los salarios de los múltiples asesores que acumula este equipo, que dobla o triplica los de épocas anteriores. Sánchez y sus ministros hacen y deshacen a su antojo, y cuando se les exigen explicaciones responden con embestidas a quienes han osado indagar sobre decisiones muy cuestionables.

El asunto de los fondos es hiriente, por la falta de información aunque es obligado que sea minuciosa, porque no se conoce el criterio del reparto -excepto lo que se sospecha y advierte, que beneficia a los afines- y porque además demuestra que estos gobernantes consideran que los españoles son analfabetos funcionales, por no decir idiotas. Creen que los partidos, empresarios, asociaciones profesionales, periodistas y bufetes no se manejan en Bruselas, no tienen contactos en el Parlamento y en la Comisión y no hablan con dirigentes de la UE. Lo hacen, y lo que les llega pone los pelos de punta: el desorden que demuestra el gobierno español en el reparto de fondos y la falta de respuesta a las informaciones que pide Bruselas es constante. Más un largo etcétera que es mejor no mencionar para no gritar de ira.