"Consideramos que el sector de la educación especial es especialmente importante y sensible para cada centro educativo. Por este motivo debería potenciarse, dotarse y mimarse. Esto no sucede en nuestro colegio", lamenta la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio de Educación Infantil y Primaria Diego de Colmenares, que explica que este área lo componen un profesor de Pedagogía Terapéutica -que es quien facilita con sus conocimientos y recursos que el alumnado que recibe su apoyo pueda integrarse en la medida de sus posibilidades con el resto del alumnado-; un profesor de Audición y Lenguaje -que centra su tarea en el lenguaje, facilitando así la mejor comunicación del alumnado que necesita su apoyo-; y un profesor de Compensatoria -que es quien facilita la incorporación a la vida del colegio de aquellos niños que llegan de otros países y desconocen el idioma-.
"De estos 3 profesionales no tenemos a nadie a tiempo completo, pese a haber cada vez más niños con problemas y a que durante el curso se pueden detectar nuevos casos y por tanto necesitar más dedicación y tiempos de estos profesionales", apunta la AMPA, que explica que "compartimos la persona de Pedagogía Terapéutica con otro centro y este curso nos han recortado horas (pese a tener las mismas necesidades de cursos anteriores e incluso más en comparación con otros colegios con la misma dotación de personal), hemos venido compartiendo durante cursos también la persona de Audición y Lenguaje (este curso tiene jornada reducida) y además el profesional de Compensatoria se comparte con otro centro y en este caso dotan de “medio” profesor (es decir la mitad de un horario) al otro colegio y en nuestro centro nos dejan sin nadie".
Para estos padres, que cuentan con el apoyo de la Federación de AMPAs Antonio Machado, las ratios y la aplicación de la normativa vigente a las que apela la Dirección Provincial de Educación "no es justa, dado que no se entra en el estudio de cada caso para cubrir sus necesidades específicas, ni de las metodologías necesarias, que implican más dedicación de personal y tiempo y, en muchos casos, dejan desamparados al alumnado (detrás de cada caso hay un niño o niña y su familias) y a la comunidad educativa del que es su centro y no satisfacen las demandas de personal específico de apoyo de los diferentes colegios". "Sobrecargan a estos profesionales y profesores en general, lo que implica una peor atención y calidad de la enseñanza de los que más necesitan estos apoyos, dejando en algunos casos sin atender a los alumnos con problemas 'más leves' por falta y disponibilidad de los medios adecuados", añaden.
Al mismo tiempo destacan que a la Administración pública "se le llena la boca con la implantación desde junio del 2017 del II Plan de Atención a la Diversidad -cuyo objetivo principal es avanzar en la plena integración del alumnado con necesidades educativas especiales cumpliendo con los principios de inclusión educativa y libre elección de centro- y vemos que en la práctica no se cumple e incluso vamos a peor, recortando y compartiendo el personal mínimo necesario para poder cumplir con citados principios de inclusión y calidad educativa".