La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) defiende las comunidades de regantes de aguas subterráneas como la mejor herramienta para gestionar los acuíferos y que los usuarios de los mismos hagan un uso racional del agua. Sin embargo, su tramitación y la necesidad de contar con la voluntariedad de las personas que promueven su creación han ralentizado su constitución en Castilla y León, donde únicamente funciona desde hace dos años la de Cantalpino en la provincia de Salamanca.

La pandemia por la covid-19 y el Estado de Alarma también obligó a paralizar algunas de las gestiones pendientes para la constitución de estas comunidades de regantes, ya que era inviable, por ejemplo, la celebración de reuniones de usuarios para adoptar decisiones. Ahora, tras meses de retrasos, la CHD retoma los trámites pendientes para la constitución de unas 35 comunidades en toda la Comunidad, que se encuentran en las provincias de Valladolid, Segovia, Ávila y Salamanca.

De ellas, hay siete «bastante avanzadas» ubicadas en las masas de agua de Tierra del Vino, Los Arenales, Páramo de Cuéllar y Detrítico Bajo Los Páramos, que pertenecen a las provincias de Valladolid, Segovia y Salamanca, como informaron a este periódico fuentes de la Confederación Hidrográfica del Duero. En un breve plazo, la CHD procederá a realizar la propuesta de constitución para que las comunidades elaboren sus estatutos u ordenanzas.

Estas «más avanzadas» ya han presentado la documentación en la que figuran los puntos de extracción y las superficies que se van a regar, así como sus titulares y un borrador de las ordenanzas para su aprobación por parte de la CHD.

De esta forma se ordenarán las extracciones en estas zonas donde los usuarios gestionarán colectivamente los derechos del uso del agua que tienen reconocidos. Las comunidades de usuarios de aguas subterráneas otorgan más capacidad de decisión en la gestión del recurso, facilitan una explotación racional del agua, más flexibilidad en su uso y permiten un ahorro de los costes individuales.

Volúmenes y superficies.

Además de los trámites realizados durante el Estado de Alarma y, una vez finalizado éste y reactivados los plazos administrativos en el mes de junio, se remitió a varias comunidades una propuesta de condicionado sobre volúmenes y superficies de acuerdo con los informes emitidos por la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH), como indican las mismas fuentes de la CHD.

En estos momentos ya son varias las comunidades que han contestado favorablemente a esos condicionantes exigidos por la OPH. Otras, una vez que lo han estudiado, han realizado una serie de manifestaciones y precisiones que tienen que ser nuevamente analizadas por la Oficina de Planificación.

La entidad de cuenca apostilló que la constitución de las comunidades de regantes de aguas subterráneas parte de la voluntad de los propios usuarios, por lo que no es posible cifrar el número de comunidades deseables, si bien se recalcó la importancia que tendría la presencia de una junta central de usuarios por cada una de las masas de agua subterráneas, que aglutinase a todas las comunidades constituidas en el marco de ese acuífero.

Si se atiende a las aguas superficiales, las comunidades de usuarios son una fórmula de gestión «histórica» que se encuentra además «muy arraigada» en el derecho, algo que no ocurre en el caso de las aguas subterráneas, principal motivo por el que se estima que estas entidades no echan a andar de una manera más decidida.

Desde el organismo de cuenca se recordó que las comunidades de usuarios son corporaciones de derecho público en las que los usuarios gestionan colectivamente los derecho de uso del agua que tienen reconocidos. La comunidad de usuarios les otorga mayor capacidad de decisión en la gestión del agua, facilita una explotación racional del recurso, además de más flexibilidad en el uso del agua y un ahorro de los costes individuales.

Tan solo podrán formar parte de la comunidad de regantes los propietarios de los terrenos que se vayan a regar. La persona designada por los regantes o el alcalde de la localidad donde radique la mayor parte de la superficie regable convocará a junta general a todos los usuarios en el aprovechamiento de las aguas.