Este viernes, la Audiencia Provincial de Segovia comunicó a las partes, IU como acusación popular y la Fundación Caja Segovia como particular, que contaban con un plazo de quince días para recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que absolvía a varios exmiembros del consejo de administración y exdirectivos de Caja Segovia, por supuestos delitos de administración desleal y apropiación indebida, por el caso de las prejubilaciones al consejo de dirección, por unos 18 millones de euros.  

IU, según ha afirmado a EL DÍA el abogado Alberto López Villa, aunque había anunciado su intención de recurrir, ha desistido finalmente tras valorar "que tiene pocas posibilidades de prosperar y que habría una condena en costas que, sin perjuicio de otra opinión, calculo en unos 48 millones de euros, teniendo en cuenta que Ley de Enjuiciamiento Civil  (LEC) contempla hasta un tercio de la cuantía por cada una de las partes y son ocho abogados, pues un supuesto de seis millones por ocho, en el peor de los supuestos". 

Por su parte, la Fundación Caja Segovia ha manifestado su intención de formalizar el recurso ante el Supremo en el plazo marcado.

El hecho de que la Audiencia Provincial  haya declarado las costas de oficio excepto las causadas al directivo  Juan Bautista Magaña, podrían ascender ya a uno o dos millones de euros, según López Villa, que se imponen expresamente a la Fundación Caja Segovia, aunque habrá que esperar al recurso ante el alto tribunal.

López Villa ha explicado que "había argumentos más que de sobra para presentar el recurso, sobre todo en valoración de la prueba, porque no se ha tenido en cuenta el testimonio de muchos testigos que decían que no sabían que estaban votando en los consejos de administración; ni se han tenido en cuenta que recibieron ayudas públicas ni la situación financiera de Caja Segovia, con una contabilidad maquillada, posteriormente correguida, que no permitia hacer esos desembolsos para prejubilaciones en ese momento".