DE SIETE EN SIETE

Rafael Monje

Periodista


Bruselas y el reto demográfico

Uno de los principales desafíos de Castilla y León es la lucha contra la despoblación. Los datos son tozudos: en la última década hemos perdido 165.000 habitantes, lo que indica el inmenso problema que pesa como una losa sobre una Comunidad que tiene el 25 por ciento de los pueblos de toda España, a lo que se une el alto envejecimiento de la población y la dispersión. Nada nuevo si revisamos las causas de un escenario casi endémico y para el que, lamentablemente, no hay varita mágica ni solución caída del cielo. Cierto es que el llamado reto demográfico no es solo una cuestión autonómica, porque trasciende fronteras nacionales y europeas, pero no lo es menos que hay territorios, como el nuestro, que sufren más esa progresiva reducción del padrón de habitantes. La tierra se desangra año tras año y no hay a corto ni medio plazo medidas que suturen una herida abierta ya demasiado tiempo. Y lo que es peor, las perspectivas no son muy halagüeñas si nos atenemos tanto a los datos estadísticos como a las estimaciones económicas. No nos engañemos, las ayudas europeas van a bajar tras la salida del Reino Unido, con recortes del 12 por ciento en los Fondos de Cohesión y con una merma prevista del 14 por ciento en las ayudas de la PAC para el nuevo marco presupuestario 2021-2027. Justo cuando ambas líneas de ayudas son más necesarias que nunca para Castilla y León, con un sector primario que pierde poder adquisitivo y evidencia un grave problema generacional, a lo que se suma la irreversible desaparición de las cuencas mineras en las provincias de León y Palencia.

Bien haría, por tanto, el Ejecutivo autonómico en liderar la voz de esos territorios de la mal llamada ‘España vacía’ en un país que debería tener más peso en Europa, donde se deciden las políticas y los presupuestos que van a afectar especialmente a Castilla y León durante los próximos años. El camino para afrontar el reto demográfico pasa por Bruselas de forma inexorable, por un modelo de financiación autonómica equitativo que haga frente al coste real de la prestación de los servicios esenciales y por políticas alejadas de los despachos y que den respuesta a los problemas reales de la sociedad.