Una noticia casi buena y una mala ha dejado entre líneas el comunicado que lanzó el Ayuntamiento de Segovia el 21 de febrero para informar de que estudia «intervenciones conjuntas» con las empresas de servicios «para la eliminación del cableado aéreo», sobre todo, el que estrangula las fachadas del principal eje turístico de la ciudad: Marqués del Arco-plaza de la Merced-Daoiz, entre la Catedral y el Alcázar. Por un lado, evidentemente sería bueno que tales negociaciones condujeran a algo, pero está por verse que así sea, dado que conversaciones ha habido en numerosas ocasiones en la última década, pero sin resultados; y por otro, la noticia mala ya es un hecho en la medida en que la búsqueda de una solución transitoria confirma indirectamente que la reurbanización integral del principal eje turístico de Segovia, que es la que incluye una solución definitiva para los cables con su soterramiento, seguirá esperando sine die.

Va para largo el inicio de las reformas de Marqués del Arco, La Merced y Daoiz a pesar de que los respectivos proyectos están redactados desde 2013; que pueden ejecutarse de manera independiente uno de otro, lo cual facilita su financiación (suman 608.784 euros y ninguno de los tres supera los 250.000); e incluso el Ayuntamiento se autoimpuso llevarlos a cabo «en cuanto haya una partida presupuestaria disponible», tal y como consta en una moción aprobada el 31 de marzo de 2017. La presentó el PP pero la respaldaron todos los grupos, incluido el PSOE, y aunque para entonces ya estaban hechas las cuentas de 2017, tampoco se aprovechó que semanas después se aprobara la liquidación presupuestaria de 2016 para costear tales reformas con los 2,3 millones resultantes de diversas partidas que se quedaron sin ejecutar ese año.Una situación que se repitió en 2018, en 2019 y ahora también, una vez que ya se conoce que los remanentes del pasado ejercicio sólo van a dar para cubrir los costes de sentencias judiciales. Lo confirmaba el pasado miércoles el concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Socialista, Jesús García Zamora, quien apuntó que el sobrante de 2019 supera los dos millones, pero esta vez (a diferencia de otros años en los que se han podido sufragar obras no incluidas en el presupuesto del ejercicio en curso por valor de más de un millón) «la práctica totalidad será para hacer frente a gastos u obligaciones de ese año, que son estas sentencias y otra serie de obligaciones por facturas que quedaron pendientes en 2019», cuya tramitación se resuelve ahora.

De hecho, ya se incluyeron en el orden del día del pleno de este viernes 1.240.664,42 euros para la exconcesionaria del parking de José Zorrilla por la liquidación de su contrato (aparte de los 3,6 millones que se le reservaron en 2017), 856.906,97 euros por la corrección judicial del precio de expropiación de una parcela situada entre Vía Roma, Padre Claret y SanGabriel, y 225.811,13 para los vecinos afectados por no haberse ejecutado la vieja sentencia de derribo de la casa de la Parra.

Los problemas de Marqués del Arco, Daoiz y La Merced, mientras, van más allá de los cables.Las humedades en los bajos de las fachadas han aumentado en los últimos años por el paso del canal del Acueducto bajo su suelo. Las conducciones de agua están obsoletas, hay tramos de acera hundidos, losas sin rejuntar, un firme cuyo deterioro complica aún más el paso de personas con movilidad reducida o con carritos de bebé... Y en esas circunstancias, a corto plazo, ‘sólo’ se prevén idear medidas que palíen la estampa del cableado aéreo y además sin garantía alguna de éxito.

Cierto es que bien puede considerarse un avance, aunque fuera pequeño, que representantes de una empresa de suministro aceptaran salir en las fotos que acompañaban el comunicado del 21 de febrero, con una imagen especialmente elocuente en la que uno de ellos se encoge de hombros mientras contempla el cableado que cuelga de mala manera desde hace años sobre la sede de la Concejalía de Servicios Sociales, Sanidad y Consumo. Pero no será fácil pasar de las fotos a los hechos, dado que, como reconoce el concejal de Obras y Servicios, Miguel Merino, la última palabra la tienen las empresas.

Sin apoyo legal. Pasan los años y ahí siguen los cables a lo largo de todo el eje turístico. Colgados en precario, sujetos por cuerdas a balcones y rejas, destensados en algunos tramos donde quedan casi al alcance de quien pasea a pie de calle. Ni las Canonjías son el único barrio afectado por el conflicto de los cables en Segovia ni Segovia la única ciudad que lo sufre, aunque preocupa especialmente el impacto que causan en áreas históricas como ésta.

La desidia parece evidente, ¿pero de quién? La Unesco defiende acabar con las redes aéreas que contaminan la imagen de los conjuntos patrimoniales.La Junta, a través de Patrimonio, ya sugirió años atrás al Ayuntamiento que liderase acuerdos para acometer estos arreglos, pero siempre ha alegado que no tiene fondos para costearlos. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, por su parte, lleva más de un cuarto de siglo hablando de ello sin avances y mirando al Gobierno. Y el Gobierno central, sin promover el cambio legal que se le demanda para que las empresas no tengan sólo la obligación de asegurar el servicio que prestan, sin importar la estética o la falta de una mayor responsabilidad social corporativa por parte de algunas.