La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, demandó hoy “umbrales mínimos y comunes”, aunque cada comunidad los ajuste a su población, y rechazó que la toma de decisiones ante un aumento de casos en esta segunda ola “se polarice y politice”.

En rueda de prensa para informar de la evolución del COVID-19 en la Comunidad, Casado explicó que esa será la posición que defenderá en el Consejo Interterritorial de Salud, cuya convocatoria solicitó este fin de semana al ministro del ramo, Salvador Illa.

La consejera remarcó que las decisiones en esta “reescalada” se tienen que guiar por criterios científicos y técnicos, con medidas coordinadas desde el punto de vista de la salud pública, y desestimó una “polarización” que observa en esta fase de la llamada nueva normalidad.

“La ciencia y la política tienen que ir de la mano”, resumió Casado, que afirmó que, ante las diferencias entre el ministro de Sanidad y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no le “gusta la polarización”, convencida de que hay que “trabajar juntos” como en a primera fase del virus y que es lo que quieren los ciudadanos par vencer al virus.

También, recordó que en el momento del inicio de la desescalada ella ya pidió al ministro unos umbrales homogéneos que determinen los criterios en cada fase y cuando hay que tomar medidas más restrictivas o confinamientos, aunque precisó que después cada comunidad los adapte porque no es igual Madrid, que una ciudad o pueblo de Castilla y León.

Casado manifestó que existen unos criterios epidemiológicos que tienen que ver con la incidencia en siete días, el ratio en 14 días acumulado, casos nuevos, la ocupación en planta y UCI o el índice de reproducción, pero defendió que los técnicos de salud pública trabajen juntos y se definan medidas homogéneas en el Consejo Interterrtorial, el órgano que reúne a Gobierno y comunidades.

En esa línea de avanzar “un poco” en definir umbrales y en un momento que preocupa por el aumento de casos, a su juicio se debe hablar con los alcaldes para pedirles que elaboren bandos o se deben tomar medidas más restrictivas o un confinamiento, aunque reconoció que en ello haya “matices” por no ser igual la densidad de población de Madrid que la de territorios de Castilla y León, con un perfil de dispersión.

Castilla y León utilizar el parámetro de que con 200 casos por 100.000 habitantes “empieza a preocupar”, 500 casos por esa población para confinar o cuando la incidencia entre siete y 14 días aumenta por encima del 0,5, detalló Casado, que añadió que les gustaría compartir esos parámetros con Gobierno y autonomías.

“Queremos tener los criterios de alarma, los criterios en que de manera homogénea preocupan en toda España, esto se ha hecho en otros países, les ha funcionado y aquí se debería de intentar”, argumentó, para indicar que la Junta hará su propuesta aunque señaló que también podría ser “matizada o introducir otros indicadores que tengan interés”.

La consejera manifestó que todos los municipios confinados en la Comunidad rondan los 500 casos por 100.000 habitantes, pero precisó que en una zona básica con poca población uno o varios casos pueden disparar la tasa al llegar a los 100.000 habitantes, por lo que ahí analizan si están vinculados a residencia, aun brote o si hay trasmisión comunitaria.