Después de un mandato en el que el Ayuntamiento de Segovia ha tenido que pagar alrededor de 20 millones en sentencias judiciales y pleitos administrativos por conflictos originados en años anteriores, la mayor incertidumbre legal que queda en el horizonte es la liquidación del contrato con la antigua concesionaria del parking de José Zorrilla. Si no surgen otros pleitos, se perfila como el más grave del nuevo mandato porque la UTECollosa-Pygsur reclama hasta 14,7 millones, mientras el Ayuntamiento pretende dejar esa cifra en 3,6 que, además, ya estarían abonados dentro del mandato que ahora termina.Y en este contexto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia se acaba de pronunciar con una sentencia que aún no es firme, pero que va acotando una horquilla de cifras tan mareantes como las citadas. 

De tal sentencia, dictada el 17 de mayo, nueve días antes de las elecciones, informaba este jueves a la prensa la alcaldesa, Clara Luquero, tras la sesión de Junta de Gobierno Local. Una resolución en la que se estima parcialmente el recurso de la empresa contra la liquidación del contrato de concesión del parking aprobada por el Pleno el 29 de diciembre de 2016 con un importe de 3.626.814,33 euros, frente a los 14.779.693,38 estimados por el perito de Collosa-Pygsur. En la sentencia no se precisa el importe a liquidar, pero se dan las pautas para hacer el cálculo después de que el juzgado encargara un peritaje neutral. «El juez se apoya en los criterios de cálculo para el lucro cesante que habían desarrollado y defendido tanto nuestro peritaje técnico como el del juzgado», señaló Luquero. «Y esto quiere decir que nosotros hacemos una estimación que nos viene a dar como cifra global unos 4,7 millones, es decir, en torno a un millón más que lo que el Ayuntamiento ya ha abonado». Para la alcaldesa, «no es que sea un placer que nos digan que hay que abonar un millón más, pero sí que es verdad que está muy alejada de las pretensiones de la concesionaria, y mucho más cerca de la estimación que nuestros técnicos habían hecho». 

Pero el cálculo exacto definitivo aún está por conocerse. Por un lado, porque efectivamente esta sentencia no lo concreta; y por otro, porque además no es una resolución firme. Asimismo, el juez, para fijar el importe de la liquidación, cita inversiones pendientes de amortizar por valor de 2.437.550,87 euros; como daño emergente, 1.217.169,51; y 1.723.419,09 por lucro cesante de 2006 a 2016, tres conceptos que suman 5.378.139,78 euros. Después aún habría que calcular el lucro cesante entre 2017 y 2052, «cuya cantidad se determinará en ejecución de la sentencia», avanza el juez. De ahí aún hay quien podría deducir que la liquidación superará ampliamente los 4,7 millones citados por la alcaldesa pero, en cualquier caso, a falta de concretarse la cifra final, esa es la cantidad que asegura que estima el Ayuntamiento a nivel técnico. 

El tiempo dirá, pero desde luego que a las arcas locales les conviene que la liquidación final esté más cerca de esos 4,7 millones que de los 14,7 pretendidos por Collosa-Pygsur como consecuencia de una resolución contractual que ya ordenó años antes la Justicia por considerar que el Ayuntamiento incumplió su contrato con la concesionaria, entre otros motivos, por no evitar que se aparcara gratis en una zona próxima, la campa del Regimiento.