El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, remitió primero una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le solicitaba el establecimiento del ‘toque de queda’ —una suerte de confinamiento nocturno— como una de las medidas restrictivas que debían aprobarse, este pasado jueves, en el Consejo Interterritorial de Salud ante las «dramáticas» previsiones de las siguiente semanas. «Exigimos al Gobierno que decrete el toque de queda con o sin acuerdo», apuntaló, horas antes de la decisiva reunión, el vicepresidente de la Junta Francisco Igea.

El ‘toque de queda’, adoptado ya en países como Francia, Belgica, Eslovenia o Italia y que implica prohibir la libertad de movimientos —circular o permanecer en la calle— en una franja horaria determinada, salvo por motivos justificados, supone un instrumento para atajar botellones y fiestas en viviendas, donde se producen gran parte de los contagios.

Finalmente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud —que reúne al Ministerio de Sanidad y consejeros delas comunidades autónomas— acordó este jueves aplazar la aprobación del ‘toque de queda’. Salvo Madrid y el País Vasco, que se abstuvieron, todas las Comunidades se mostraron partidarias de la medida. Quedaban cuestiones en el aire, como el horario y el instrumento jurídico para aplicarlo, aunque todo apuntaba entonces que la medida, que cuenta con un respaldo mayoritario, se aplicará próximamente en todo el territorio nacional.

Toque de queda: ¿una medida necesaria?

Castilla y León no quedó satisfecha con este aplazamiento (se adoptaría en el siguiente Consejo Interterritorial de Salud) y anunció que el ‘toque de queda’ en la Comunidad sería inmediato.

Un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado durante la tarde de ayer dio luz verde al acuerdo por el que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas «por motivos muy graves de salud pública». Este toque de queda entrará en vigor esta misma noche a partir de las 22 horas y tendrá vigencia hasta las seis de la mañana para un periodo establecido de 14 días naturales. Tras la aplicación de esta medida, los confinamientos perimetrales que se encuentran establecidos en la actualidad en varias capitales de provincia y municipios de la Comunidad decaerán a las seis de la madrugada de este sábado.

Pero, ¿que opinan las autoridades y agentes económicos segovianos sobre la implantación de un toque de queda? La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero (PSOE), sostiene que, como regidora de la ciudad, cumplirá «a rajatabla» las medidas que se adopten en el Consejo Interterritorial de Sanidad «que son avaladas por criterios científicos y epidemiológicos y se acuerda el toque de queda habrá que cumplirlo». «Esto va a misa. A todos nos duelen las medidas restrictivas que tienen consecuencias económicas para determinados sectores pero el bien más sagrado es la vida y la salud». “Es momento -añade- de ser ejemplares, todos los responsables públicos debemos trabajar, más que nunca, con planteamientos éticos, arrimando el hombro para vencer a la pandemia. Segovia tiene mejores datos en esta segunda oleada, pero no nos podemos fiar, debemos seguir en alerta”.

Toque de queda: ¿una medida necesaria?

La subdelegada del Gobierno, Lirio Martín (PSOE), sostiene que «nos enfrentamos —añade— a una enfermedad desconocida y es preciso adaptar las decisiones a la evolución de la pandemia, desde el consenso y la unidad, asumiendo las prescripciones científicas e incidiendo en la relevancia de la solidaridad entre los ciudadanos, entre las generaciones, sobre todo en el ámbito de la prevención».

El delegado territorial de la Junta, José Mazarías (PP), subraya que en función de la evolución de la situación epidemiológica, la Junta de Castilla y León ha ido adoptando medidas restrictivas «de modo gradual y progresivo»; con lo que si la situación se agrava «deben aplicarse medidas más drásticas». En su opinión, cualquier medida que se plantee debe fundamentarse en los datos de la evolución epidemiológica y, por otra parte, «las medidas deben motivarse bien porque están sujetas al control jurisdiccional».

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente (PP), explica que desde la institución provincial «hemos adoptado medidas restrictivas para anteponer la salud a todo lo demás, siempre en aquellas competencias que nos pertenecen y, en la mayoría de los casos con relación a cuestiones que afectan a la seguridad de nuestros trabajadores, de las personas que tienen en nuestras residencias su hogar, y de aquellas a las que atendemos en su propio domicilio». «Todo lo que excede de estos puntos —añade— lo apoyaremos haciendo gala de esa lealtad institucional que hemos mantenido desde el inicio. Hay que tomar decisiones desde el equilibrio porque, de lo contrario, las consecuencias pueden ser devastadoras en todos los sentidos, el de la salud, el de las relaciones sociales y el de la ruina económica».

El diputado nacional por Segovia José Luis Aceves (PSOE), afirma que es “fundamental” intentar alcanzar acuerdos en el Consejo Interterritorial de Salud bajo la óptica de la “responsabilidad, la unidad y el consenso” y con el único fin de “combatir la pandemia”, de tal manera que “hay que tomar las medidas que haya que tomar, por duras que sean”. “Los toques de queda precisan la cobertura legal del estado de alarma, que es la única herramienta que permite restringuir la libertad de movimiento, un derecho fundamental, quedando ya demostrado, como lo han dicho los tribunales, que otras fórmulas como las que planteaba el PP y otros partidos no son válidas”. “Apelo -señala Aceves- a la responsabilidad invidual, pero hay que tomar las medidas que sean necesarias. Me gustaría que no tuviéramos que adoptar medidas tan duras como el estado de alarma o aplicar un nuevo confinamiento, pero si los contagios se disparan habrá que adoptar medidas como, por cierto, ya las han tomado en otros países de Europa”.

Por su parte, el también diputado nacional por Segovia, Jesús Postigo (PP), advierte que es al Gobierno, como autoridad sanitaria máxima del país, al que le corresponde establecer «los criterios homogéneos y claros (...) Si se hubieran hecho las reformas que le pidió y ofreció el PP desde mayo, a estas horas sabríamos que hacer y quién podía llevarlas a cabo».

Postigo subraya que la preocupación de los vecinos «va en aumento, la incertidumbre machaca al sector económico y el pesimismo hace estragos en todos». En este sentido, «no entendería mayores medidas de confinamiento de la gente y de los negocios, qué si son necesarias habrá que tomarlas, si no llevan aparejadas ayudas al tejido económico y comercial de nuestro país. Sería imperdonable y la ruina».

El diputado nacional Rodrigo Jimenez (VOX) mantiene que la adopción de medidas restrictivas de libertades fundamentales como un toque de queda «tiene que ser la última medida o solución a adoptar por un Gobierno, y no la primera o una solución más». Para Jiménez, «el hecho de que estas medidas se hayan adoptado en Francia o en Bélgica, en modo alguno garantiza su eficacia, nosotros tenemos que pensar en aquello que conviene a la salud de los españoles y hacerlo compatible con los derechos y libertades y con la necesidad de garantizar la recuperación económica y el empleo».

La portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia y diputada provincial, Noemí Otero (Cs), considera que un nuevo confinamiento o cualquier otra medida drástica «choca directamente con nuestra forma vida y con uno de los pilares de nuestra economía: la hostelería y el turismo y sabemos que sería duro para muchos negocios y las personas que trabajan en ellos».

«Sin embargo —añade— la situación empeora (...) los expertos son los que marcan la pauta y, aunque nos parezca una medida muy restrictiva, en ciudades grandes es algo que ha funcionado». Aunque a Otero no le gusta la idea de un confinamiento insiste en que «deben ser los médicos y los técnicos los que nos den la pauta a seguir».

En opinión del presidente de la FES, Andrés Ortega, decretar un toque de queda es una medida «muy abrupta y no creo que sea la más eficaz para detener el crecimiento de los contagios. Las reuniones que puedan producirse en ese tramo de madrugada pueden ser controladas y sancionadas sin necesidad de esa figura».

Ortega considera que el debate «no es toque de queda o nada» pues «hay otras medidas menos agresivas». «Creo —añade— que el debate está más en la coordinación, en la coherencia de esas medidas en todos los territorios y por supuesto en la unidad de acción como una verdadera política de Estado».

A juicio del presidente de la patronal segoviana, «estamos ante un reto descomunal y no hay fórmulas mágicas, pero un confinamiento total acabaría con miles de empresas y centenares de miles de empleos, y eso no nos lo podemos permitir». «El camino —afirma— es adoptar medidas claras, el comportamiento cívico para cumplirlas estrictamente, ser disciplinados y dotar al sistema sanitario de mejores condiciones, en equipos, espacios y personal».

Por último, el vicepresidente de la Agrupación de Industriales Hosteleros de Segovia (AIHS), Jesús Castellanos, sostiene que el sector ha abogado «desde el primer día» por un toque de queda «a las doce o la una de la madrugada que hubiera limitado todos esos botellones y reuniones familiares que son las que de verdad están concentrando todos los brotes».

«Si este verano —dice— desde la una a las seis de la mañana no hubiera habido nadie por la calle los sectores económicos no se habrían visto afectados. Habríamos trabajado casi todos menos el ocio nocturno, al que habría que haberle apoyado con ayudas y exenciones fiscales».