Hasta el miércoles los 84 directores y directoras de centros penitenciarios de la Administración General del Estado analizarán en Segovia la situación de sus centros de trabajo. En el acto inaugural la Secretaria de Estado de Seguridad ha reconocido los problemas que desde hace años vienen denunciando los sindicatos de prisiones.

En primer lugar, la necesidad de cubrir vacantes, a través de oferta pública de empleo, aunque "en un año de gobierno no se pueden solucionar cuestiones que se derivan de siete años de caída en la inversión en seguridad". Hay voluntad de hacer una oferta pública de empleo que se corresponda con las necesidades, pero habrá que esperar a la formación de un gobierno estable, también para la equiparación salarial de los funcionarios. De momento, el Gobierno no puede hacer más que dotar presupuestariamente las partidad para la equiparación de policías y guardias civiles, firmada por el anterior ejecutivo, que supone 800 millones de euros en tres años y que no incluía a los funcionarios de prisiones que tendrán que esperar "a esta próxima legislatura". 

En cuanto a la sanidad penitenciaria, Ana Botella ha señalado que se trabaja en la posibilidad de incorporar personal interino sin la obligación de tener la plaza MIR, aunque el horizonte final es la incorporación de la sanidad penitenciaria a los sistemas de salud de las comunidades autónomas. 

Además, se ha referido al Plan de Lucha contra la Radicalización Yihadista, que ultima el Ministerio del Interior y que también tendrá su proyección en los centros penitenciarios, "marcando las directrices para renovarnos y trabajar anticipadamente con una estrategia más próxima a las problemáticas actuales  y hacernos más resistentes a esta lacra del yihadismo internacional".