La Junta ha recibido 1.925 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de empresas con centros de trabajo en Segovia desde el lunes 16 de marzo hasta las 14 horas de este viernes en el contexto de la crisis del coronavirus COVID-19. Estos expedientes afectan a un número potencial de 8.645 trabajadores. A nivel autonómico van

28.464 ERTE que pueden afectar a 158.983 trabajadores.

El reparto por provincias del cómputo de los ERTE que constan como presentados a efectos administrativos ante las nueve Oficinas Territoriales de Trabajo (OTT) y la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria es el siguiente:

- Ávila: 1.692 ERTE y 6.443 trabajadores.

- Burgos: 4.317 ERTE y 29.788 trabajadores.

- León: 5.578 ERTE y 19.541 trabajadores.

- Palencia: 1.599 ERTE y 7.312 trabajadores.

- Salamanca: 3.773 ERTE y 12.454 trabajadores.

- Segovia: 1.925 ERTE y 8.645 trabajadores.

- Soria: 1.094 ERTE y 6.114 trabajadores.

- Valladolid: 6.194 ERTE y 27.056 trabajadores.

- Zamora: 1.864 ERTE y 6.421 trabajadores.

- Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales: 428 ERTEs y 35.209 trabajadores.

La Junta de Castilla y León, a través de Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, facilita una visualización de la evolución de los ERTE recibidos por la autoridad laboral en la Comunidad y su impacto potencial sobre el empleo en el contexto de la crisis del coronavirus COVID-19. Puede consultarse en este enlace. 

Conforme a la normativa vigente, las autoridades laborales competentes para tramitar estos expedientes de regulación son:

- Las OTT de Castilla y León, cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en una provincia.

- La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, en tres supuestos: cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia, pero tenga más de 200 trabajadores afectados; cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias de Castilla y León; y finalmente cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas, pero el 85 % de la plantilla de la empresa, como mínimo, radique en el ámbito territorial de Castilla y León y existan trabajadores afectados en la misma.

- El Ministerio con competencias en el ámbito laboral, cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas.