La que directora de Recursos Humanos de Ontex hasta el pasado mes de noviembre, Macarena Millán, califica de «caótica» la situación que se vivió a finales de marzo y principios de abril del año pasado en la planta de Valverde del Majano. «Paramos la fábrica, dimos charlas, había fuertes rumores... Fue una situación excepcional», subrayó este jueves durante la segunda y última sesión del juicio por la demanda que Ontex presentó contra Drylock por presuntas prácticas de competencia desleal. Otros trabajadores y extrabajadores de Ontex que han pasado esta semana por las salas de vistas del Palacio de Justicia de Segovia han descrito en similares términos las escenas registradas en las semanas previas a que Drylock, empresa también del sector de los pañales, abriera una fábrica en el Polígono Industrial de Hontoria y ‘fichara’ a veinte empleados de su rival. 

El director de la planta, José Ignacio Luengo, explicó que «hubo que convocar paros en la producción para dar explicaciones a los trabajadores, porque estaban intranquilos por los rumores; hemos tenido que retrasar proyectos...». En su opinión, «es imposible que fuera aleatoria» la contratación por parte de Drylock de los seis empleados que después han sido demandados, que formaban parte del equipo de ingeniería y proyectos de la compañía. «Era cerrar el círculo. Si tenías a esas seis personas, tenías acceso a la información sensible para iniciar un nuevo proyecto. La información que se puedan haber llevado no se puede evaluar», añadió el propio Luengo, al mismo tiempo que remarcó que han necesitado «entre seis y nueve meses» para reemplazar a cinco de esos seis profesionales cualificados, mientras que otro de esos puestos continúa vacante un año después.

Sin embargo, uno de los trabajadores que se cambió a Drylock ha negado en el juicio que su marcha respondiese a un plan establecido. «Tengo 33 años y en Ontex me pusieron un techo. Me dijeron que tenía que estudiar más si quería ascender. Como en Drylock me ofrecían algo más de dinero, pues decidí irme», apuntó en su declaración. Una comparecencia en la que también puso el acento en que las máquinas que utilizan ambas empresas son «completamente diferentes». Este  y la posesión de patentes propias han sido dos de los argumentos que ha esgrimido Drylock para defenderse de las acusaciones de su rival. En sus conclusiones, sus representantes dejaron una frase elocuente: «Aquí hay dos empresas pero sólo un empresario, Bart Van Malderen».

Ha quedado visto para sentencia un juicio en el que se ha asegurado que seis exempleados de Ontex sustrajeron miles de documentos de los ordenadores de la compañía justo antes de incorporarse a la competencia. Es una de las principales conclusiones del informe pericial que la multinacional belga presentó esta semana en el juicio contra Drylock, que ha vuelto a poner de manifiesto la guerra que continúa latente entre las dos empresas desde que el año pasado esta última abriera una fábrica en Segovia e incorporara a veinte de los trabajadores de su rival. Lejos de firmar la paz, ambas mantienen el pulso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, especializado en materia mercantil, cuya titular, la magistrada Cecilia Fernández Prieto, deberá decidir si Drylock incurrió en prácticas de competencia desleal.

Así lo pretende acreditar ese informe elaborado por el perito informático Carlos Aldama a instancias de Ontex. Este manifiesta que seis antiguos trabajadores utilizaron memorias USB y discos duros extraíbles, en las semanas previas a presentar su baja voluntaria en la empresa, para llevarse archivos que podían contener «información sensible y de extrema importancia, como fichas técnicas, planos de producto, iniciativas de reducción de coste, ‘software’ de máquinas, resultados de laboratorio...». En el caso de alguno de estos exempleados, la sustracción se llevó a cabo con más de 80.000 documentos e incluyó la utilización de programas de borrado y control de archivos y de navegación privada «para no dejar rastro», según indica el citado informe pericial.

Tras su salida de Ontex, sus ordenadores fueron depositados ante notario para ser examinados. Unas comprobaciones que permitieron concluir, desde el punto de vista de Carlos Aldama, que a partir de marzo de 2018 comenzó a producirse por parte de esos antiguos trabajadores una utilización hasta ese momento «inusual» de memorias USB y búsquedas en Internet de programas para navegar por la red de forma anónima. Del seguimiento de su huella hasta que el 3 de abril dejaron Ontex, también deduce que enviaron fuera de la empresa documentos a través de WeTransfer –el servicio más popular de transferencia de archivos informáticos basado en la nube– y que su objetivo era precisamente sustraer documentos porque el movimiento de centenares de archivos se producía en intervalos de apenas un minuto. Algo que no hubiera sido suficiente, por ejemplo, para abrirlos en el ordenador y realizar una consulta de su contenido.

Esos extrabajadores y Drylock también han aportado un informe pericial –en este caso realizado por el ingeniero informático Javier Rubio– que concluye que «no se puede afirmar que se hayan externalizado archivos a través de USB porque no se ha realizado ningún análisis a la auditoría de Windows». En su opinión, tampoco está fundamentado que hubiera una actividad inusual de los USBs, ni que se practicaran borrados seguros «porque para ello es necesario instalar un programa que deja rastro en el registro de Windows». 

También han tratado de demostrar durante el juicio que el movimiento de los documentos fue interno, que la utilización de memorias extraíbles respondió a la necesidad de instalar programas o actualizaciones para el normal funcionamiento de esos ordenadores o que no coinciden temporalmente las búsquedas de archivos confidenciales a las que alude Ontex con las conexiones de los USB. 

La sentencia de la jueza se pronunciará al respecto, pero antes el actual director de la planta de Ontex en Segovia, José Ignacio Luengo, y responsables de varios de sus departamentos, pusieron el acento en la importancia de la información a la que tenían acceso los seis trabajadores demandados que se marcharon a Drylock. «Es un decálogo de nuestro día a día», subrayó en ese sentido Luengo. Ontex reclama a su competidora 75.000 euros por los daños, «pero lo importante no es la cuantía sino que Miguel Ángel González y estas seis personas han actuado de forma desleal», según indicó el propio Luengo. Por su parte, la presidenta del Comité de Empresa de la compañía, Pilar Ituero, se refirió a la intranquilidad que generó entre los trabajadores «el rumor que se extendió de que se había perdido el contrato de Lidl». «Algunos se marcharon por esa razón», añadió en su declaración a la jueza. 

En aquel momento y previo a la demanda que ha dado origen a este juicio, Ontex solicitó al juzgado la aplicación de una serie de medidas cautelares. En un auto emitido el 18 de mayo de 2018, la magistrada Cecilia Fernández Prieto ordenó que el director general de Drylock, Miguel Ángel González, diera «estricto cumplimiento» al pacto de confidencialidad que firmó al salir de Ontex en 2015 así como que cesara «la difusión de informaciones falsas» respecto a esta última. Sin embargo, también rechazó –en contra de lo que reclamaba Ontex– que Drylock incorporara a trabajadores de su competidora y subrayó que no había quedado acreditado que los veinte empleados que habían cambiado de empresa hubieran sustraído información. 

En el juicio los representantes de Drylock han querido poner el foco en que la maquinaria que ellos utilizan es diferente a la de Ontex y que desarrollan productos originales a partir patentes propias en el sector de los pañales y compresas. El juicio ya ha quedado visto para sentencia, pero la guerra entre estas dos multinacionales parece que continúa viva.