Si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no retira los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos en las próximas horas (el plazo acaba en la tarde de hoy), como le reclamó el pasado lunes la Junta Electoral Central, el Gobierno se asegurará de que el mandato se cumpla. Así de contundente se mostró ayer el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que advirtió de que «el Estado tiene instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones». En su opinión, «todos los demócratas debemos alegrarnos de una decisión muy atinada» de la Junta Electoral y «acorde a la limpieza democrática de las elecciones». 

Según el órgano superior de la administración de los comicios, los lazos amarillos, que se utilizan como muestra de solidaridad con los presos independentistas, y las esteladas, la bandera de los separatistas, son «símbolos ideológicos o partidistas». Por ello, en su dictamen, recordó al Govern la «reiterada doctrina sobre la obligación de los poderes públicos -que están al servicio de todos los ciudadanos- de mantener estrictamente la neutralidad política durante los procesos electorales». A juicio de la Junta Electoral Central, ambos signos pueden ser legítimamente utilizados por las formaciones políticas en su propaganda electoral, «pero no por los poderes públicos». Así, abrió un plazo de 48 horas, para retirar estos signos de los edificios institucionales. En caso de incumplimiento, tanto el partido que denunció esta situación, Ciudadanos, como las juntas electorales provinciales, podrán hacer un seguimiento y denunciar los incumplimientos en cada edificio. 

Menos contundentes que su compañero de Gabinete se mostraron las titulares de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y de Educación, Isabel Celáa, que pidieron esperar a la actuación del Ejecutivo de Torra antes de adelantar los posibles movimientos de Moncloa. «Cada cosa a su tiempo», coincidieron ambas.

Mientras, la consejera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, tachó de «ridícula» la pretensión de la Junta Electoral Central de eliminar estos símbolos de los edificios institucionales y avisó de que su Gobierno está trabajando en una «respuesta combativa». «No puede ser que se interfiera de este modo en nuestra forma de vivir y hacer política», lamentó.