El pleno ha aprobado una declaración institucional contra la explotación sexual y la trata de personas en la que se indica que “debemos redoblar los esfuerzos para proteger a las víctimas de la trata y evitar que las personas vulnerables sean explotadas” y por ello la institución provincial se compromete a “instar al Gobierno autonómico, dentro de su marco competencial, a continuar impulsando las medidas necesarias para el desarrollo de una estructura de apoyo multidisciplinar para las víctimas, generar conciencia social contraria a la compra y consumo de prostitución y a la imagen vejatoria que se proyecta de las mujeres e instrumental de los menores; y al Gobierno de España a aprobar una Ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la prostitución como forma de esclavitud organizada y mafiosa”.
Antes de la lectura de la declaración, se da cuenta de las líneas fundamentales del Presupuesto 2020 remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el turno de mociones, las dos presentadas por el grupo socialista fueron rechazadas por el grupo popular y el grupo mixto.
La primera de ellas relativa a la ejecución de proyectos de depuración de aguas residuales en municipios de menos de 500 habitantes, según informa la Diputación, ha sido defendida por el diputado Borja Lavandera quien ha destacado la importancia “de tener una conciencia social con el medio ambiente, por lo que este asunto es clave par la sostenibilidad de nuestro entorno, así como implantar sistemas de depuración más ecológicos”. Por su parte, el portavoz del grupo mixto Ángel Jiménez ha asegurado “compartir íntegramente su exposición, pero vamos a rechazar su moción porque es algo que ya se está haciendo”. Al hilo de esto, el portavoz popular, José María Bravo ha dicho “que esta moción llega tarde porque el compromiso del presidente con este asunto ya está dando sus frutos y en breves fechas se firmará el convenio con la Junta de Castilla y león, un acuerdo que se ha dilatado en el tiempo a causa de la pandemia, pero del que siempre nos hemos preocupado y ocupado desde este Equipo de Gobierno”. Bravo además ha asegurado que “el dinero presupuestado para este ejercicio se va a gastar en esto, pero no hay que olvidar que es un proyecto para toda la legislatura, no sólo de un año”.
En cuanto a la segunda moción presentada por los socialistas para establecer un plan de recuperación socioeconómico de pueblos afectados por el confinamiento, el portavoz Máximo San Macario ha expuesto que “la Diputación debe ser solidaria con Cantalejo y Carrascal del Río apostando por una ayuda a través de bonos comercio porque es el tejido que más ha sufrido con el confinamiento”. Para Ángel Jiménez la negativa a apoyar esta propuesta es clara “ya que supondría un agravio comparativo con otros municipios en caso de que tuvieran que ser confinados y se necesitarían más de cinco millones de euros para llegar a todos los pueblos si se produjera un confinamiento total de la provincia”. En esta misma línea ha basado sus argumentos José María Bravo quien ha tachado de “irresponsable, hipócrita y demagoga” esta moción y ha enfatizado que “los empresarios de Cantalejo no piden bonos, sino un apoyo institucional por nuestra parte en su campaña Sonríe Cantalejo, que se lo hemos dado desde el primer minuto, y exenciones fiscales al Gobierno de España”. Además, Bravo ha asegurado que “la Diputación ha estado y está implicada con las necesidades de esta zona ya que hasta allí han llegado más de 20.000 euros en ayudas del Programa ‘Segovia, Provincia Reactiva’ a aquellos que lo han solicitado”. Para él, “es un ejercicio de responsabilidad decir no a esta moción, ya que nuestras líneas de ayuda son para todos los pueblos iguales porque nuestro proyecto es para toda la provincia, no para dos municipios”.
En este punto, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente ha cerrado el debate asegurando que “si cualquier sector tiene necesidades la Diputación va a seguir estando ahí como hemos estado los seis últimos meses, pero hacer las excepciones que pide el grupo socialista puede ser problemático”.