COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Jugar con ventaja

29/04/2020

A lo largo de la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 el Gobierno ha cometido errores de bulto con distinta incidencia en su desarrollo. Los más graves tienen que ver con la falta de medios y protección que han padecido los trabajadores sanitarios y del resto de sectores esenciales relacionados con el cuidado de los más vulnerables y las residencias de ancianos, junto con la improvisación para adoptar medidas para frenar la proliferación de los contagios, la falta de test para haber aislado a los infectados por el coronavirus. La imprevisión no es solo una característica de la actuación del Gobierno ante una pandemia que ha pillado desprevenido a todos los sectores sanitarios nacionales y de otros países.

En el ámbito económico el Ejecutivo ha adoptado una serie de medidas de protección a trabajadores y empresas, que han sido consideradas por el mundo empresarial claramente insuficientes; y tardías para hacerse efectivas por los más afectados por la doble crisis, aunque constituyen un escudo social cuyos efectos acabarán notándose. Y en el ámbito político y de la comunicación el Gobierno de coalición ha caído en errores de principiante y ha tenido que reconocerlos y variar su estrategia.

En todos estos aspectos la oposición, en especial del PP -Vox se situa casi como un partido antisistema, y Ciudadanos ha asumido un papel de apoyo crítico- ha mantenido una actitud en absoluto solidaria a pesar de la corresponsabilidad que tiene en aquellas comunidades en las que gobierna con las competencias transferidas donde se han cometido errores o se han adoptado posiciones política similares a la que ha tenido el Ejecutivo.

Esta situación de estar a la vez en la oposición y en los gobiernos autonómicos es lo que permite al PP jugar con ventaja y disponer de esa dualidad, que le lleva también a descoordinación o incoherencias, con un liberalismo que apela a 'papá Estado' para salvar la economía, aunque su principal baza para el desgaste del Ejecutivo está en proponer medidas que no se pueden cumplir. Algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, Galicia, Andalucía, Madrid y Murcia, son la que más presionan para que se realice la desescalada del confinamiento para que se pueda retomar la actividad económica pero al mismo tiempo su  presidente, Pablo Casado, acaba de solicitar que se hagan test a toda la población para que el desconfinamiento se realice con todas las garantías, cuando sabe a la perfección que eso no lo ha hecho ningún país del mundo.

De esta forma, si la desescalada no se produce en el sentido de lo que piden los gobiernos autonómicos populares, -que actúan de forma tan centrífuga como País Vasco y Cataluña- el gobierno volverá a ser considerado ineficiente cuando no recentralizador; si se produce un repunte del contagio será Casado quien saque la artillería porque la vuelta a la nueva normalidad se habrá hecho a ciegas.

El último ejemplo de esta forma de jugar ventajista ha sido el real decreto sobre funcionamiento de la justicia aprobado ayer por el Gobierno, que había sido acordado con las autonomías, incluidas las gobernadas por el PP y con su propio responsable de área, el juez Enrique López y que Casado ha anunciado que no convalidará porque no se fía del Gobierno. Y al parecer tampoco de los consejeros de su partido ni de un miembro de la dirección de su partido.