La Generalitat concedió ayer el régimen abierto al exdirigente de CDC Oriol Pujol, cuando se cumplen poco más de dos meses de su ingreso en prisión, para cumplir la pena de dos años y medio de cárcel que se le impuso por cobrar comisiones ilegales en el caso ITV.

Según fuentes penitenciarias, una vez se haga efectiva la decisión en la reunión de la Junta de Tratamiento de Brians 2 del próximo jueves, el hijo del expresident será trasladado a un centro de régimen abierto, donde tendrá que ir solo a dormir cada día, excepto los fines de semana.

Así, la Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia ratifica el tercer grado penitenciario que la Junta de Tratamiento de Brians 2 propuso, de forma unánime, para el reo.

Conviene recordar que Pujol ingresó el pasado 17 de enero en prisión, dentro del plazo que el tribunal le dio para entrar de forma voluntaria en el centro, a fin de cumplir la condena de dos años y medio que él mismo aceptó, en una sentencia de conformidad, por cobrar comisiones ilegales en 2012 y usar su influencia política para favorecer a empresarios afines.

Una vez ingrese en el centro de régimen abierto, con medidas de seguridad más laxas, podrá salir para trabajar o llevar a cabo actividades formativas o de tratamiento para su reinserción, con la obligación de permanecer en el recinto un mínimo de ocho horas.

El exdirigente de CDC permanece hasta ahora interno en el módulo 7, un recinto que funciona mediante un sistema de participación y convivencia entre presos, destinado a minimizar la conflictividad.

Para proponer un tercer grado, la Junta de Tratamiento tiene en cuenta la duración de la condena, así como factores como el riesgo de reincidencia, el pago de la responsabilidad civil impuesta al condenado -que Pujol sí abonó-, sus características personales y laborales, el apoyo familiar, su conducta y si es su primera pena de prisión.

La decisión puede ser recurrida por la Fiscalía, de forma que sería el juez de vigilancia penitenciaria quien tendría la última palabra, teniendo en cuenta los informes sobre el interno confeccionados por el centro penitenciario.

El barcelonés, investigado junto al resto de su familia en la causa por la fortuna oculta en Andorra que instruye la Audiencia Nacional, pactó el pasado mes de julio con  Anticorrupción una condena de dos años y medio de cárcel, con lo que evitó ser juzgado por un jurado popular.