La instrucción del caso del 8-M, la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco por permitir la manifestación del Día de la Mujer en la capital de España a pesar del riesgo sanitario existente por el coronavirus, sigue su curso. Al menos, de momento, puesto que la Fiscalía, que ya se ha mostrado contraria a la investigación, dio ayer un paso más para su paralización, al presentar un recurso ante la Audiencia Provincial en el que insiste en que la forma en que está llevando la jueza Carmen Rodríguez-Medel la investigación ha generado una «situación de indefensión». Tal y como ya insistía en anteriores escritos remitidos a la propia magistrada, y que ésta rechazó, el Ministerio Público reprocha la «celeridad» con la que se han ordenado las diligencias, mientras que los recursos presentados por las partes no se han retomado hasta que se levantó la suspensión de plazos procesales el pasado 4 de junio.

Este es el planteamiento que los fiscales del caso hicieron a la propia Rodríguez-Medel en uno de sus recursos. La jueza lo desestimó alegando que «todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial», como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual no ha quedado derogada por el estado de alarma. Por eso, rechazó la pretensión de la Abogacía del Estado, que representa a Franco y que fue respaldada por el Ministerio Público, para frenar la investigación hasta que se resuelvan las apelaciones.

Mientras la Audiencia Provincial se pronuncia, la jueza mantiene la instrucción y ayer pasaron por los tribunales distintos testigos del caso. Siete de ellos, promotores de diversas concentraciones en las calles de la capital, confirmaron la versión que dieron en su día ante la Guardia Civil: que la Delegación del Gobierno en Madrid les llamó para pedirles que desconvocaran las concentraciones que tenían previstas celebrar después del 11 de marzo de 2020 por motivos sanitarios derivados de la crisis sanitaria del coronavirus. No obstante, negaron que en estas comunicaciones se les presionaran para cancelar los actos de protesta.

«No debió celebrarse»

Entre las personas que comparecieron en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) se encontraba el jefe de Servicio del Departamento de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno en Madrid, quien también ratificó su declaración ante la Benemérita, en la que aseguró que, en su opinión, las manifestaciones del 8-M nunca debieron celebrarse. Según fuentes jurídicas, el trabajador matizó que él no es experto en «virología» sino farmacéutico y que nadie del organismo le preguntó acerca de las movilizaciones. No hay que olvidar que fue él quien elaboró un protocolo para los empleados del organismo con recomendaciones relativas a la distancia social e higiene que debía mantener el personal frente al coronavirus, que se envió el 2 de marzo.