El Pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha proclamado como presidente a Julio Sanz Orejudo, cuya candidatura ha sido la única que ha concurrido a las elecciones previstas para el 17 de marzo. El abogado segoviano, que ostenta la presidencia del Consejo desde 2017, arrancó una nueva legislatura en el acto de renovación que se celebró hoy presencialmente en la sede del CACYL en Valladolid, así como de forma telemática.
Julio Sanz ha anunciado al Pleno __que se encarga de ratificar los nombramientos__ la composición de la nueva Comisión Permanente, el órgano de gobierno de los abogados en la Comunidad, cuya designación corresponde al presidente del CACYL. Destaca la incorporación del decano de Salamanca, Javier Román Capillas, como tesorero y el nuevo cargo de vicepresidente 2º del decano de Burgos, Guillermo Plaza Escribano. Continúan en la Permanente María Purificación Palmero Marcos, como secretaria; y el decano de León, Fernando Rodríguez Santocildes, como vicepresidente 1º.
Durante el acto tomaron posesión como nuevos consejeros del CACYL la decana María Sonsoles Jiménez Herrero por Ávila, y el decano Javier Román Capillas y Fernando Dávila por Salamanca.
Julio Sanz Orejudo
Julio Sanz Orejudo nació en El Espinar (Segovia) en 1956. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en el Colegio de Abogados de Segovia en 1980. Antes de acceder al decanato del colegio segoviano __donde permaneció de 2008 a 2018__ desempeñó los cargos de diputado segundo, diputado primero y vicedecano. Simultáneamente a su toma de posesión como decano en Segovia, se incorporó al CACYL, en el que, antes de ocupar la presidencia (2017), fue vicepresidente primero en el equipo de Fernando García Delgado.
El presidente de los abogados de Castilla y León __que también forma parte de la Oficina de Representación Institucional y de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)__ señala que “siempre” ha entendido el Derecho como “un instrumento pacificador de los conflictos entre las personas” y a la abogacía como “una profesión al servicio de la sociedad”. Durante el acto de proclamación ha declarado que continuará ejerciendo su cargo “con la máxima responsabilidad y decoro”, y ha hecho referencia al papel de la profesión en la actual situación sanitaria: “Estamos viviendo momentos muy complicados y desde la abogacía hemos de estar comprometidos con la nueva situación social y a la altura de las circunstancias. Debemos aportar lo mejor de nosotros para orientar nuestra actividad profesional al bienestar de los clientes, los ciudadanos y la Administración de Justicia”.