La Junta de Castilla y León abonó sus facturas en 24,93 días de media durante el pasado año, ajustándose así a la nueva normativa estatal de pago a proveedores, que redujo  a 30 días desde la emisión del pago el tope legal antes de incurrir en posibles sanciones desde el Ministerio de Hacienda. Una normativa que aprobó el anterior ministro Cristóbal Montoro ante la amenaza de multas desde la UniónEuropea por incumplir la ley comunitaria, ya que otorgaba a las administraciones un ‘mes de gracia’ antes de que comenzase a contar el tiempo que tardaban en pagar a sus proveedores. Tal y como explicó el portavoz delEjecutivo regional,José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la Comunidad «ha realizado un control adecuado de su deuda comercial, ajustando a la ratio máxima fijada por la ley el tiempo medio de abono de las obligaciones contraídas por los bienes y servicios recibidos». En concreto, al cierre de diciembre del pasado año, la deuda comercial de Castilla y León se situó en 143,1 millones de euros, lo que supuso un descenso del 32,44 por ciento respecto a la del mes anterior.

Durante el primer trimestre, y antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, la región pagó a sus proveedores en 1,19 días, lo que a efectos reales antes de que el Ministerio cambiase el criterio contable suponía 31,19 días.De esta forma, la Comunidad ha rebajado en más de seis días su PMP (Periodo Medio de Pago).

Precisamente, la consejería de Economía yHacienda aseguró a este periódico antes de que entrase la nueva normativa, que elGobierno regional estaba preparado para cumplir con las nuevas obligaciones de Hacienda, tal y como ha sucedido. Así, la Comunidad certifica el cumplimiento de la legislación en materia de morosidad en un ejercicio en el que el número de operaciones efectuadas se elevó el 4,94 por ciento y el importe de las mismas lo hizo el 3,73 por ciento con respecto a 2017.

Los datos recopilados en el informe analizado salieron de los correspondientes sistemas de contabilidad y gestión utilizados por cada entidad, que en el caso de la Administración General, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado se almacenan en el Sistema de Información Contable de Castilla y León.

Compromiso económico

De Santiago-Juárez también quiso defender el «compromiso» de la Junta con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y recordó que durante el año pasado la Comunidad «también respetó los objetivos de déficit y deuda pública fijados por el Gobierno para el último ejercicio».