Las administraciones públicas de Castilla y León quieren seguir aquel refrán que dice aquello de «predicar con el ejemplo», y al cierre del primer trimestre de 2019 solo cinco de las diecinueve grandes entidades (Junta, Diputaciones y Ayuntamientos) tardó más de 30 días en pagar sus facturas a los autónomos con los que trabajó. Por el contrario, las empresas de la Comunidad elevaron su periodo medio de pago (PMP) hasta cerca de las 71 jornadas, 12 más que su límite de 60 días que tienen las firmas privadas.Según los datos publicados ayer por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) e Informa D&B, las administraciones públicas de la región se han comportado y han cumplido durante este primer trimestre con la nueva ley de Hacienda, que rebajó hasta los 30 días el plazo máximo -antes eran 60- para abonar las facturas antes de poder recibir sanciones desde el Ministerio.
En la Comunidad solo cinco instituciones sobrepasaron ese límite:Diputación de Soria (31),el Ayuntamiento de Palencia (31), elAyuntamiento de Burgos (35), la Diputación de Salamanca (42) y la de Ávila (56). Por el contrario, La Diputación de Segovia (16) y los consistorios de León y Zamora (17) fueron los más cumplidores. Siempre según los datos de ATA, la Junta de Castilla y León fue el Gobierno regional -junto a Galicia y Madrid- que más pronto abonó a los autónomos con los que trabajó los servicios prestados, con una media de 23 días entre enero y marzo. Una cantidad que supone casi la mitad que la tasa nacional, fijada en 39 jornadas, y tres veces menos que el Gobierno cántabro, que se disparó hasta los 90 días.
En el caso de los consistorios de las capitales de provincia, la Comunidad ha logrado meter a cuatro entre los diez con menor PMP -León,Zamora, Salamanca y Soria-, aunque todos los ayuntamientos de la región se encuentra muy por debajo de la media nacional de estas instituciones, que cerró el primer trimestre en 90 días de demora, dos meses sobre el límite de Hacienda.
El presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, lamenta que «la morosidad es uno de los principales problemas que sufren los autónomos y que frenan en seco su continuidad y consolidación» y reitera su propuesta de un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos. «La morosidad no tienen nada que ver con el tamaño de la administración, ni de la población, es cuestión de gestores, buenos y malos», explica, al tiempo que alerta que «muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzo».
Dos meses y medio
Las empresas de Castilla y León, a pesar de encontrarse entre las que mejor cumplen de España, no acataron durante el primer trimestre su normativa de pago a sus proveedores -fijada en 60 días- y se retrasaron, de media, 11,5 jornadas, en pagar sus facturas, elevando la demora hasta casi los dos meses y medio. Según el ‘Estudio sobre Comportamiento de Pagos de las Empresas Españolas’ de Informa D&B, el periodo medio en el que las empresas españolas pagan sus facturas se incrementa hasta 90,21 días en el primer trimestre del año. En el informe también se detalla que 40% de las empresas regionales se demoran más de 30 días sobre el límite a la hora de pagar a sus proveedores.