Si hoy se votara en el Ayuntamiento de Segovia la ampliación del área de tráfico restringido en el casco histórico, con la prohibición de la entrada de vehículos no residentes, salvo ciertas excepciones, y control de accesos con cámaras en Conde Cheste, Doctor Velasco y el Arco del Socorro, para nada estaría asegurada su aprobación. El Plan de Movilidad Urbana de Segovia salió adelante en 2008 por unanimidad y recogía esta medida pero, 12 años después, con presencia incluso de partidos políticos que entonces ni existían, el valor de ese acuerdo es muy relativo.
Cierto es que tanto IU como Podemos plasmaron su voluntad de restringir el tráfico no residente del centro en los pactos que firmaron al inicio de este mandato con el PSOE, que además lo incluía en su programa electoral. IU, de hecho, es el grupo que más empeño ha puesto siempre en defender esta medida, pero Podemos discrepa sobre el modo de aplicarla. «Tenemos una postura que quizá no encaja en los dos grandes modelos», señala el portavoz morado, Guillermo San Juan. Recela sobre todo de una «peatonalización pura que tendría un grave riesgo de convertir el recinto amurallado en un parque temático definitivamente», y también propone cambios respecto al plan inicial. Aboga por reducir el tráfico de coches particulares no residentes sin impedirles entrar y por tanto sin cámaras, pero prohibiéndoles aparcar, salvo «paradas exprés» para coger y dejar viajeros en «dos, tres o cinco minutos», en puntos muy específicos y debidamente señalizados. Asimismo, considera que los estudios previos de diagnóstico están desfasados: «Se manejan datos incluso del Plan de Movilidad de 2008», y cree que falta trabajo de concienciación para «desmontar mitos» sobre hipotéticos perjuicios de una restricción del tráfico que, eso sí, entiende que debe hacerse. «La cuestión está en cómo y cuándo porque, además, este tipo de procesos de pacificación del tráfico ya son un imperativo europeo», advierte. Pero en estos momentos, con la crisis sanitaria todavía abierta, ni siquiera el cuándo está claro.
«Todos debemos mentalizarnos de que debemos ir progresivamente hacia la peatonalización del casco histórico, pero ahora no es momento», avanzaba a El Día la alcaldesa, Clara Luquero, en una entrevista publicada el 10 de julio. «Yo no puedo plantear esto ahora, con la hostelería y el comercio viviendo lo que están viviendo», añadía. A ello se suma la modificación de la ordenanza de circulación, que se viene retrasando desde el mandato pasado; la renovación del sistema de gestión de la ORA, también pendiente de definirse; o la ralentización de los trámites previos que ha provocado el relevo al frente de la Concejalía de Tráfico tras la dimisión de Claudia de Santos en septiembre y su sustitución por un concejal nuevo en la Corporación, Jesús María Sanz Cobos, a partir de este viernes. Y aunque la intención de acometer la controvertida restricción antes de acabar este mandato se mantiene, incluso con idea de no esperar a 2023, basta con hacer una ronda de consultas entre los portavoces de los grupos para comprobar que no está todo atado.
«Creemos que esto hay que llevarlo a cabo sí o sí, sinceramente», recalca el portavoz del PSOE, Jesús García. ¿Pero cuándo? «Al principio del mandato la intención era hacerlo pronto, pero después del año que llevamos ya no me atrevo a poner fecha», admite. Lo que sí está claro es que «el plan estaba ya en el programa electoral del PSOE y también en los pactos firmados con IU y Podemos». «Estamos de acuerdo en lo esencial, aunque tendremos que ponernos de acuerdo también con matices que debemos ir viendo».
García recuerda además que la intención es «restringir el tráfico, pero facilitando todo lo facilitable, porque no se pretende que sea una incomodidad para vecinos, comercios ni restauración, sino al contrario». En ese sentido, conviene no olvidar que se prevé permitir cierto acceso de familiares de residentes, además de la carga y descarga, transporte público, emergencias y otros servicios autorizados, al tiempo que los vehículos residentes pasarán a tener casi todas las plazas de aparcamiento en superficie a su disposición, aunque se suprimirán las de los entornos monumentales.
Actualmente hay calles con muchas más tarjetas de residente para aparcar que plazas, así que en ese aspecto la mejoría será evidente; y los parkings de Colón y Las Oblatas seguirán disponibles para los no residentes. Pero sigue habiendo reticencias entre buena parte de los vecinos, hostelería y comercio. «La gente por naturaleza tiende a ser conservadora ante los cambios y lo fácil para nosotros sería dejar todo como está, pero debemos ser responsables por mucha incomodidad que se genere al principio», insiste.
«¿Qué hostelero de la Plaza Mayor estaría de acuerdo ahora con que volviera allí todo el tráfico que había antes de que se peatonalizara?», cuestiona el portavoz de IU, Ángel Galindo, que recuerda además que la Ley de Cambio Climático, cuyo anteproyecto se aprobó en mayo, recoge la obligación de crear zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2024. «El tráfico que hay ahora en el casco histórico es insoportable, no lo aguantan los vecinos, ni nuestro patrimonio ni el medio ambiente», continúa Galindo. «El PSOE lleva mucho tiempo gobernando y por falta de voluntad política o por lo que sea no ha llevado a cabo esta medida, pero ya no hay marcha atrás y nuestra presencia en el Gobierno municipal debe servir para que esto salga adelante». ¿Cuándo? «Cuanto antes, contando con que trámites administrativos como los de la modificación de la ordenanza de circulación llevan su tiempo». Y eso sí, «con todas las excepciones de acceso que sean necesarias y que ya están reguladas en muchas ciudades que ya hicieron esto antes que nosotros», añade. Ciudades que «también han demostrado que esta medida para nada perjudica al comercio o la hostelería». «Los cascos históricos han generado más vida cuando los coches se han puesto a un lado, y los vecinos dejarán de competir por las plazas de aparcamiento con los no residentes».
El portavoz del PP, Pablo Pérez, también tiene «muy clara» la posición de su partido y no va precisamente en la línea del PSOE, IU o Podemos. «Debemos tender hacia la peatonalización del casco histórico, pero Segovia no está preparada todavía», afirma. «Necesitamos que se construya el parking de Los Tilos, aparcamientos disuasorios bien comunicados, y también acondicionar las propias calles del centro», argumenta. «Cuando tengamos todo eso estaremos listos, no se puede peatonalizar casi a las bravas», concluye.
«Adoptar una medida de tal envergadura exige conocer los criterios técnicos al respecto y, por supuesto, escuchar a los vecinos y negocios de la zona», añade la portavoz de Cs, Noemí Otero. «Es esencial tener una previsión sobre cómo, adónde y de qué manera desviar el tráfico del centro a otras áreas de la ciudad», prosigue. «En definitiva, ésta, cómo cualquier otra decisión, pasa por escuchar a los afectados en primer lugar, es decir, a los vecinos que residen en el casco y a quienes regentan los negocios de la zona, a continuación plantear una alternativa para el tráfico y, por supuesto, valorar la excepcionalidad de este momento».
En estas circunstancias, si al final se lleva a cabo la controvertida medida en este mandato, todo apunta que será, como mucho, con la ajustada mayoría que darían los votos a favor de PSOE e IU y el apoyo o la abstención de Podemos, pero con el rechazo de PP y Cs. Pero a estas alturas, con la crisis sanitaria todavía abierta, queda trecho administrativo, político y social por recorrer.