Un veterinario de la Junta de Castilla y León se enfrenta a una posible pena de tres años y medio de cárcel y a su inhabilitación como funcionario –por un máximo de cuatro años– por un presunto delito de falsedad en documento público. Su suerte ya está en manos de la Audiencia Provincial de Segovia, que este pasado martes dejó visto para sentencia un caso que se inició en 2013. En febrero de aquel año, C. C. Á. se encargó de tramitar supuestamente la muerte de dos reses que en realidad estaban vivas.

En el fondo de este asunto subyace el conflicto entre dos ganaderos que compartieron negocios en  una explotación de Palazuelos de Eresma. Uno de ellos denunció al otro por apropiarse presuntamente de 11 de sus animales a través del cambio de crotales y falseando la documentación con la connivencia, según la acusación particular, del veterinario de la Junta de Castilla y León que se ha sentado en el banquillo de los acusados. Fue, sin embargo, en la compra de dos vacas a un tercer ganadero donde observaron indicios de delito finalmente el Juzgado de Instrucción y la Fiscalía Provincial.

El Ministerio Público ha tratado de demostrar durante el juicio que el empresario denunciado y el funcionario mantenían una relación que iba más allá de la puramente administrativa. Cree que hubo pagos por trabajos que excedían las competencias de función pública del veterinario, que no obstante negó todas las acusaciones durante su declaración y aseguró que la ayuda que prestó se limitó a la que es habitual con otros ganaderos. «Damos cientos de muertes todos los días y lo que hacemos es ayudar a los ganaderos a rellenar los papeles para aligerar la cola que pueda haber», señaló.

En esta vista oral también comparecieron miembros del Seprona de la Guardia Civil, que aportaron los informes realizados en aquel momento. Investigaciones que confirman que C. C. Á. cometió flasedad en documento público, en opinión de la Fiscalía y la acusación particular, que no modificaron sustancialmente sus conclusiones provisionales y solicitaron para él tres años y medio y tres años de cárcel, respectivamente. También reclaman su inhabilitación como funcionario de la Junta (el Ministerio Público pide por cuatro años y la acusación, por dos) y el pago de una multa.