El Boletín Oficial de la Guardia Civil ha publicado la resolución por la que se repone al sargento primero Miguel Ángel Barbero Esteban en el destino que ocupaba en la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Segovia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92.4 de la Ley 29/14, de 28 de noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil.
Barbero, que desempeñaba la jefatura del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, ingresó en mayo del año pasado en la cárcel valenciana de Picassent -donde permaneció dos meses- mientras se investigaba su presunta implicación en delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de estupefacientes, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Agentes de Asuntos Internos registraron su casa, intervinieron su teléfono y fue suspendido cautelarmente de su puesto.
En un auto emitido el pasado 28 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia decretó el sobreseimiento de las diligencias por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de revelación de secretos. Esta resolución llegaba cuatro meses después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sagunto (Valencia) archivara las investigaciones sobre su posible pertenencia a una organización criminal, tráfico de estupefacientes y cohecho y trasladara al mencionado juzgado segoviano la documentación sobre los otros dos delitos.
En declaraciones a El Día de Segovia a principios de junio, su abogada, Susana Moreno, explicaba que había recomendado a Barbero pedir recuperar el cargo y las funciones que desempeñaba en la Comandancia de Segovia antes de que estallara el caso. Pero también estudiaban solicitar el reintegro de las nóminas que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo suspendido de empleo, además de pedir una indemnización al Ministerio de Justicia por los días que permaneció privado de libertad y por los daños morales sufridos. Además, se plantean querellarse contra Asuntos Internos de la Guardia Civil, por lo que consideran que ha sido "una investigación con mala praxis en la que también participó la Policía Nacional de Segovia".
La resolución publicada ahora por el Boletín Oficial de la Guardia Civil, que entra en vigor este 1 de agosto, también confirma que el sargento primero conservará la antigüedad que ostentaba desde el 30 de agosto de 2008 "con los efectos económicos y administrativos inherentes".