La mañana del 23 de enero de este año se vivieron especiales momentos de tensión en el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados (PCMASA 2), conocido como antigua Base Mixta, tras aparecer muerto junto a su arma el suboficial que debía salir de guardia. Pero la inquietud se redobló entre algunos de sus compañeros y mandos porque le habían confiado dinero para invertir en planes de inversión, ya que colaboraba como agente en la oficina de MGS,Seguros yReaseguros —que cotiza en Bolsa—, ubicada en el barrio de La Albuera, ahora cerrada en esa ubicación, en la que trabajaban su viuda y un sobrino.
Esa misma tarde, en la oficina de MGS en Segovia, sita en la calle Gobernador Fernández Jiménez, se recibieron varias visitas de personas que se interesaban por unos contratos firmados con el fallecido, entre ellos algunos militares. Sin embargo, nadie había presentado una denuncia, sino que ha sido la propia compañía la que ha puesto los hechos —una presunta estafa, entre otros supuestos delictivos—, en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital, que ha iniciado la investigación del caso.
Por el momento se han contabilizado unos setenta afectados, personas de clase media y media baja, principalmente, con ahorros para los estudios de los hijos o garantizarse una jubilación más cómoda, que habrían confiado sus ahorros con intereses superiores a los del mercado, con cifras que podrían oscilar desde 30.000 a 150.000 euros, algunos incluso 300.000 euros. La cantidad total es difícil de conocer, se sabrá cuando terminen de presentarse las denuncias de posibles afectados, pero uno de los abogados personados en el caso habla de «cantidades millonarias». Incluso podría hablarse de cuatro millones de euros, pero en hipótesis, en base a estimaciones. Todo se irá sabiendo a medida que se empiece a analizar documento por documento, persona por persona. Será un proceso largo.
La muerte del militar y agente de seguros fue investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, de Segovia, quien archivó la causa tras descartar la participación de terceras personas.
Ahora, según ha confirmado a El Día de Segovia el Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón (TSJCyL), tras la denuncia presentada por MGS, en su nombre y en el de otros perjudicados, el juez Felicisimo Teodoro Molino Tejedor, titular del Juzgado número 1, ha tomado declaración a dos investigados y continúa con la fase de instrucción con declaraciones de testigos y de perjudicados, oficialmente más de cincuenta, hasta el momento, según estas fuentes.
La oferta que supuestamente realizaba el fallecido, también vendedor de seguros y de otros productos, que podrían contar con una cartera de clientes de cientos de personas, aunque no todos vinculados con los hechos que se investigan, contemplaba un interés fijo (hasta un 5% anual)y por encima del mercado, el capital de cada póliza era distinto y, en algunos casos, las aportaciones se realizaban por transferencia bancaria y otras en efectivo.
Todo se pudo precipitar cuando un cliente le pidió rescatar lo invertido y le pudo entregar la misma cantidad que acababa de recibir de otro, siempre en metálico, según fuentes próximas a alguno de los afectados. Incluso se pudieron manipular algunos contratos con el nombre de la compañía y recibos de ingresos bancarios, que luego no han reconocido las entidades como válidos.
En la denuncia al Juzgado, MGS ha puesto en conocimiento que la viuda había facilitado «una fingida colaboración» para que se examinara buena parte de la documentación obrante en su oficina y el clonado de los ordenadores, aunque aclara que se había interesado por recuperar unos ‘pendrives’ entre los objetos personales del suboficial y que retiró de su domicilio material diverso en bolsas de plástico, la misma noche del fallecimiento. Tanto la viuda como el sobrino niegan el conocimiento del supuesto fraude y se lo atribuyen todo al fallecido.
MGS aclara que la compañía no había detectado en el matrimonio «desvíos en la política de suscripción que marca a sus agentes» ni había apreciado declaraciones de siniestros falsos o en los que se hubiesen magnificado las consecuencias a fin de conseguir un beneficio económico para los asegurados y que no han existido quejas o reproches de asegurados.
Además, MGS Seguros añade en el texto de la denuncia que, en lo aparente, «la vida del matrimonio tampoco ha dado nada a sospechar, seguía junto y no se advertían cambios en el modo de vida».
El abogado de alguno de los afectados, Pedro Arahuetes, ha afirmado a El Día de Segovia que «es una estafa muy importante que se ha producido en Segovia que afecta a muchísimas personas y que hay que ver quienes están detrás de esta operación». En la ciudad ya se registró un caso en el que un financiero fue condenado a seis años cárcel, en 2003, como autor de un delito de estafa de más de tres millones de euros a 157 personas que le habían confiado sus ahorros para invertirlos en Bolsa.
En su opinión, «en estos casos, siempre se echa la culpa al fallecido, pero hay que ir analizando punto por punto y documentacion por documentación, e ingreso por ingreso, quién utilizaba las cuentas, porque mucho dinero se hacía a través de transferencias (...) lo que no deja huella es el pago en metálico». Debido a la confianza, algunas personas pudieron entregarle cantidades en mano.
COMPAÑEROS. Bien por compañerismo o amistad algunos de los afectados, militares, han dejado pasar tiempo sin denunciar, aunque el asunto era conocido en algunos sectores del entorno del fallecido, también a la espera de que pudiera responder la compañía, aunque han mantenido reuniones con abogados. Ha sido la denuncia de MGSy la apertura de la investigación la que está haciendo aflorar los casos. Al medio centenar que se baraja en fuentes judiciales, hay que añadir cerca de veinte en algunos bufetes de abogados, lo que elevaría el número a setenta.
Para Pedro Arahuetes se plantean varios presuntos delitos. Puede concurrir uno de estafa, otro de falsedad en documento publico y uno más de falsedad en documento mercantil.
Arahuetes considera que habrá que investigar, a través del Juzgado, qué ha pasado con ese dinero, quién se lo ha gastado, dónde ha ido y quién ha dispuesto de él. El abogado confía en que «por lo menos, MGS Seguros se haga cargo de aquellas cantidades que esté acreditado al 100% que ha sido por transferencia y que no ha habido ningun tipo de actuacion de dinero ‘b’, negro o fraudulento y se pueda ir depurando esa lista de personas afectadas e incluso ir sacando fuera del procedimiento a aquellas personas que acrediten esa situación y que puedan recuperar su dinero, porque al final quien va a tener que pagar va a ser MGS Seguros, con independencia de que haya o no haya culpable, va a haber un responsable civil». Mantiene esta teoría al entender que los agentes, personas que tienen este vínculo de agencia con MGS Seguros, «estaban actuando bajo su anagrama, con sus siglas y beneplácito y, si faltan los controles que tiene que tomar la aseguradora, no tiene que afectar a las personas que, de buena voluntad, y acreditándolo, hayan dspositado su confianza» en la compañía.
El perfil de los afectados, a juicio de Arahuetes, es el de personas humildes, clase media y baja, cuya pretensión era ir ahorrando de cara a prever situaciones de futuro, como estudios, jubilacion o enfermedades, «pero no les sobraba nada», matiza. Eso sí, querian sacar un rendimiento más efectivo del dinero y encontraron a quien se lo daba bajo el paraguas de una compañía conocida.