El Pleno ordinario del mes de mayo de la Diputación de Segovia, que se ha celebrado de manera telemática, ha estado marcado por la lealtad institucional de los tres grupos políticos que los conforman, para sacar adelante, por unanimidad, una modificación presupuestaria del 1.620.000 euros que permitirá seguir avanzando en la ejecución del programa ‘Segovia, Provincia REactiva’, que consta de seis planes que abordan diferentes áreas de actuación y que está permitiendo el camino hacia la recuperación en la provincia, con apoyo económico real, tal y como ha expresado el presidente Miguel Ángel de Vicente, quien ha afirmado que “estamos realizando una programación con planes y líneas cuantificadas, reales y que van a ser una realidad, no nos estamos perdiendo en grandes anuncios que hablan de estudios, sino de dinero real”. El portavoz socialista, Máximo San Macario ha basado su intervención en que “estamos de acuerdo en el global pero volvemos a incidir en que no se debe detraer dinero que va directamente a los pueblos”, circunstancia a la que De Vicente ha respondido taxativo diciendo que “esa idea no se la voy a comprar porque no es verdad que restemos de lo que va a los pueblos, lo que no tiene sentido es tener dinero aparcado en partidas que no se pueden utilizar, por eso les pido que se sientan satisfechos y orgullosos, dentro de las diferencias que podamos tener, porque seguiremos hablando con los grupos para elaborar las bases que van a enriquecer la visión que tenemos desde el Equipo de Gobierno”.
Antes de debatir la cuestión presupuestaria, la mayor disparidad de la sesión se ha centrado en el convenio con el Ayuntamiento de Cantalejo para la finalización de un edificio municipal que albergará las oficinas del CEAAS de la zona, ya que el grupo socialista ha considerado “insuficiente” que la Diputación aporte la mitad del presupuesto de la obra. El portavoz popular, José María Bravo ha apuntado que “cualquier ayuntamiento de la zona hubiera firmado este acuerdo para tener ese servicio en su municipio”. En este sentido, el presidente ha concluido que “es momento de apoyar este convenio para que se inicie la ejecución de las obras y dotar así al municipio de espacios necesarios para prestar los servicios sociales”. El punto ha salido adelante con los votos a favor de PP y Cs y las abstenciones de los diputados socialistas.
Dos puntos importantes de este Pleno provincial han llegado con las declaraciones institucionales que han evidenciado la intención de los tres grupos políticos de llegar a acuerdos en beneficio de los vecinos de la provincia. De esta manera, la institución provincial solicitará a la Junta de Castilla y León que en los próximos presupuestos regionales incluya una partida económica para reforzar la cartera de servicios sanitarios, con la dotación de una segunda infraestructura hospitalaria en la provincia, siguiendo los criterios técnicos oportunos. Además, en el texto aprobado por unanimidad también se solicita a la administración autonómica la dotación técnica y profesional a la Atención Primaria en la provincia, así como mejoras efectivas en la movilidad y el transporte sanitario en la provincia de Segovia. Por último, se solicita al Gobierno de España, que en el reparto del fondo a las Comunidades Autónomas en materia sanitaria, “tenga en cuenta la incidencia del Covid19 en nuestra provincia”, tal y como ha resaltado Bravo. Ángel Jiménez, portavoz del grupo Mixto ha valorado la actitud de los portavoces “para llegar a este acuerdo tan importante para la provincia” y el socialista Borja Lavandera ha tendido “la mano de mi grupo para trabajar todos a una en este aspecto, pueden contar con nosotros”.
La segunda de las declaraciones institucionales se ha centrado en la flexibilización del gasto de las entidades locales, instando al Gobierno de España, en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a flexibilizar el gasto para todas las entidades locales con superávit con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos en la Disposición Adicional sexta de la referida Ley Orgánica.
En ese sentido, podrá destinarse el superávit y los remanentes a cualquier tipo de actuación, ya sea gasto corriente o inversión, y prioritariamente a atender los gastos extraordinarios de servicios sociales, seguridad ciudadana, limpieza, residuos y desinfección y cualquier otra actuación dirigida a atender a la población más vulnerable como consecuencia de la situación actual de Estado de Alarma declarada por el Gobierno, no pudiendo ser utilizado ese superávit por otras administraciones públicas, salvo acuerdo unánime de la FEMP.
Además, el texto también recoge la petición a la Junta de Castilla y León para que entregue de forma urgente fondos extraordinarios para la Diputación y los ayuntamientos para abordar las consecuencias sociales y económicas derivadas por el COVID-19, teniendo en cuenta una discriminación positiva para la provincia de Segovia, por los efectos del virus. Para Borja Lavandera, “es el momento de reconocer a los alcaldes que, con medios muy escasos, han hecho lo posible para velar por la seguridad y la salud de sus vecinos”. Una idea que ha reforzado Bravo al insistir en que “ese dinero es de los ayuntamientos, por eso hay que premiar a los que durante muchos años han estado gestionando los recursos muy bien”.
Para De Vicente, “los alcaldes han tomado medidas capitales en este contexto de crisis sanitaria, por eso los recursos de las corporaciones locales son de las corporaciones locales que es donde se han generado y los ayuntamientos tienen que disponer de ellos”.
Datos Centros residenciales
Tras el turno de ruegos y preguntas, para finalizar el Pleno el presidente de la Diputación ha informado de un error que se produjo la semana pasada en el traslado de los datos de positivos en las residencias de la Diputación por parte del Sacyl, de manera que “el CSS La Fuencisla y la Residencia de Mayores La Alameda de Nava de la Asunción están libres de Covid, tal y como anunciamos, sin embargo, en el CAMP El Sotillo tenemos que seguir lamentando dos positivos, aunque según me acaban de comunicar, una de esas personas acaba de fallecer”.
De Vicente ha explicado que “el error por parte del Sacyl al trasladar los datos se produjo por la coincidencia en los apellidos, pero la prudencia a la hora de actuar hizo que tanto la médico como la dirección del Centro consideraran que era mejor no sacar del aislamiento a esas dos personas ante la presencia de síntomas, lo que ha hecho que no se haya puesto en riesgo a nadie y la situación sigue estando muy controlada”. La situación actual, por tanto, en los centros dependientes de la Diputación es de un caso con sintomatología compatible en el CAMP El Sotillo, mientras que las otras dos residencias continúan libres de Covid19.
La sesión plenaria se ha despedido guardando un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del COVID19 y también de las fallecidas en el mes de mayo por violencia de género.